El chalet está en Majadahonda, un municipio a unos 15 kilómetros de Madrid, concretamente en una urbanización de más de 300 chalets modernos y de obra nueva llamada «Los Satélites».
Cada una de estas viviendas, incluida la afectada por la estafa, tiene un precio estimado de un millón y medio de euros, y un alquiler mensual que supera los seis mil euros. Son residencias de más de 500 metros cuadrados de parcela con piscina privada, cinco habitaciones y hasta cinco cuartos de baño.
500 metros cuadrados
Dentro de esta urbanización, una pareja que no residía en España encargó a una inmobiliaria gallega que comenzara en 2017 la construcción de una vivienda unifamiliar en el Área de Desarrollo número 17 de este complejo residencial.
Pactaron el pago de un importe total de 528.300 euros, los cuales estarían desglosados en: 476.000 por la ejecución de la propia obra, 16.800 euros más para la obtención de la licencia, 15.158 euros por los gastos de contratación de agua y luz y 10.000 serían con carácter no reembolsable.
Falsificaron la firma
La pareja interesada realizó los pagos acordados de manera correcta, tanto en tiempo como en su cuantía. Sin embargo, el responsable de la inmobiliaria «falsificó la firma del arquitecto para figurar que la obra iba según lo previsto», según la fiscalía de Madrid.
Hasta en 13 certificaciones de obra y «sin el consentimiento ni conocimiento del arquitecto», utilizó su firma mediante un escáner con el propósito de validar estos papeles y «hacer creer a los clientes que todo progresaba adecuadamente».
Porcentaje real
En todo momento, el responsable de la inmobiliaria hizo esa maniobra con el objetivo de «hacer suyas las cantidades percibidas y no destinarlas a la obra encargada». Además, según la fiscalía, se aprovechó de que los clientes residían fuera de España y desconocían el estado real en el que se encontraba la obra.
En marzo de 2018, un año después de firmar el contrato de construcción, la inmobiliaria envió un certificado a los clientes sobre el estado en el que se encontraba la futura vivienda. En ese escrito, figuraba que la obra estaba ejecutada al 92,08%. Lo cierto es que, cuatro años después, el porcentaje real construido era del 54,21 por ciento.
Conformidad
El acusado, de 60 años y administrador único de la inmobiliaria, aceptó durante el juicio celebrado la pasada semana en la Audiencia de Madrid los hechos que se le imputaban.
Ha sido condenado a 6 meses de cárcel y 180.000 euros de multa por los hechos, además deberá pagar una indemnización de casi 300.000 euros a la pareja de compradores por los perjuicios ocasionados.
