Hay un concepto en el derecho internacional, la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), cuyo principal objetivo es, como bien indica su nombre, hablar con las comunidades indígenas ante cualquier decisión que afecte a su modo de vida y su supervivencia. Pedirles su valoración y, a raíz de esta, dar los pasos más pertinentes para que sus territorios y su cultura no salgan damnificados ante los deseos de gobiernos y grandes empresas.
Podría parecer que este derecho fundamental, recogido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y bajo las Naciones Unidas, serviría como garantía de defensa para los pueblos indígenas. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa; y como en todo, esta Consulta Previa, Libre e Informada es víctima de constantes transgresiones o triquiñuelas.
Un caso claro es el de los pueblos indígenas en el ‘Triángulo del Litio’: aquella excepción geográfica entre Chile, Argentina y Bolivia, donde se concentra cerca del 50% de los recursos de litio de todo el planeta. Un espacio que en las últimas décadas ha tomado cada vez más protagonismo por la consolidación del llamado ‘oro blanco’ como un mineral estratégico y altamente cotizado, en detrimento de las comunidades indígenas. Los derechos de estas quedan en segundo plano ante la entrada incesante de nuevos proyectos que amenazan con erradicar su modo de vida, y este escenario crea una brecha interna entre hermanos y vecinos: entre quienes priman su relación ancestral con la tierra y quienes aceptan la presencia y las condiciones de las compañías mineras.
Salar de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc ente las provincias de Jujuy y Salta, Argentina. / Calma Cine
Comunidades ignoradas
En la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy (Argentina), Silvio Sarapura, miembro de la comunidad indígena de Alfarcito, denuncia que esto sucede porque Gobierno y Administraciones Provinciales «ignoran totalmente» a las comunidades indígenas. No porque no sepan que están ahí, «sino porque es parte de su estrategia» para hacer dependientes a los pueblos y así, «cuando las empresas ofrecen trabajo y mejor calidad de vida (…), forzarlos a acceder».
Estas promesas, por atractivas que parezcan, «provocan una ruptura importante» en el núcleo mismo de los más de 800 pueblos indígenas que habitan América Latina y el Caribe. Muchos de ellos en el ‘Triángulo del Litio’, como ocurre con el pueblo colla en Chile, cuyo caso, pese a representar apenas el 1% de la población indígena del país andino –donde cerca del 13% de la población se considera indígena, primordialmente mapuche o aymara–, ejemplifica claramente los retos a los que hacen frente estas comunidades.
La presidenta del Consejo Nacional del pueblo colla, Cindy Quevedo Monardes, que representa a más de 20 comunidades, denuncia que uno de los problemas más notables llegó precisamente cuando las compañías mineras comenzaron a sufragar algunos gastos de estas comunidades «provocando un quiebre» entre quienes «trabajan y necesitan de su subvención» y quienes sufren «el impacto, el polvo, la falta de agua, la muerte de los cultivos» y, finalmente, la migración forzosa a las ciudades. Porque esta brecha social, como incide Sarapura, afecta con amplitud a las futuras generaciones y les «fuerza» a elegir entre vivir en una realidad acosada por el desempleo, la falta de oportunidades y graves déficits educativos, o abandonar sus territorios, olvidar sus ceremonias y perder su etnia y espiritualidad.
La presidenta del Consejo Nacional del pueblo colla, Cindy Quevedo Monardes. / CEDIDA
Víctimas colaterales
Todo ello, en un escenario acosado por el impacto ambiental y la falta de acceso al agua, fruto de un proceso tildado en ocasiones como «minería de agua» y que en todo el territorio está dejando consecuencias drásticas. Según Quevedo, esta situación se agravó cuando el Gobierno de Gabriel Boric aprobó la Estrategia Nacional del Litio, firmada en 2023 y actualizada el 19 de diciembre de 2025, la cual permitía reducir los controles sobre el impacto ambiental y humano que debían desarrollar las compañías en sus estudios de exploración obligando así a los pueblos a establecer una personalidad jurídica propia para enfrentar el asedio constante a sus tierras y su propia identidad. «Es una minería de agua en el desierto más árido del mundo. La poca agua que nosotros tenemos, de la que dependen la biodiversidad y los pueblos, se ve amenazada de muerte. Lo peor es que el Ministerio de Minería decidió no escuchar nuestra voz», denuncia.
Y es que para estas poblaciones la relación con el territorio trasciende el espacio físico. Son espacios milenarios donde han vivido sus ancestros y donde, según Sarapura, se ven «no como sus dueños», sino como un elemento más; como víctimas de la contaminación y el daño al territorio. «Es precisamente esa falta de vínculo con la tierra lo que impide a las compañías ver estos territorios como algo más que una oportunidad comercial. El mundo habla de la transición energética, de los minerales raros, y del litio porque para ellos es un producto, para nosotros es muy diferente», asevera.
Proyecto de SQM en el Salar de Atacama, Chile. / Ramón Balcázar
En esta línea, habla del caso de la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, entre Jujuy y Salta, donde viven alrededor de 6.000 personas organizadas en 33 comunidades. Allí, señala que, aunque no hay proyectos en funcionamiento, sí hay procesos de exploración que ya estarían dejando impactos sociales. Proyectos como la mina Agonic y los avances asociados a Tecpetrol, a los que acusa de haber «corrompido a las comunidades», «comprado a los grupos familiares» y «roto la convivencia en el territorio».
Territorios «casi inhabitables»
Pero de nuevo, los efectos de la minería de litio sobrepasan por completo lo social. Quevedo señala que estas prácticas han hecho «casi inhabitables» algunos de estos territorios. Allí, las comunidades indígenas que han optado por mantenerse en sus hogares, se ven obligadas a respirar la roca molida y las partículas mineras que quedan dispersas en el aire. Unos residuos, que cuando llegan las lluvias a estos espacios áridos acaban siendo arrastrados a las casas provocando graves daños materiales y humanos.
En marzo de 2015, el pueblo colla sufrió dos aluviones casi consecutivos tras las tormentas más intensas en casi un siglo. Un episodio por el que su territorio se vio inundado por masas de barro de casi un metro de altura que contenían numerosas sustancias tóxicas. Los residuos provocaron llagas en la piel a quienes trataron de retirarlos y, una vez secos, se transformaron en una especie de polvo tóxico «que la gente estuvo meses respirando«. «El problema es que Chile se siente muy orgulloso de su herencia minera. Es muy complejo convencer de que la gente no debería tragar este polvo, ni vivir cerca de las plantas de ácido de las refinerías», denuncia.
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 en una encrucijada: permanecer en unos territorios milenarios en condiciones pésimas o caer ante las presiones de las compañías y sus gobiernos){kind=link}