PSOE y Nueva Canarias no han elaborado todavía su dictamen alternativo de la comisión de investigación, pero fuentes de ambas formaciones confirman que no diferirá de lo que ambas defendieron durante los más de dos años que duraron las distintas comparecencias de los implicados: no existe responsabilidad política en la contratación sanitaria realizada durante la pandemia.
Los dos partidos de izquierda mantendrán en sus textos que la respuesta sanitaria fue eficaz, que la contratación de emergencia estuvo justificada por la situación excepcional de la pandemia y que se ajustó al ordenamiento jurídico, lo que permitió resultados óptimos en comparación a otras autonomías. No obstante, no descartan que deberán mejorarse algunos aspectos de la normativa vigente, aunque defienden que la estructura de asesoramiento funcionó de forma adecuada.
Ambas formaciones asumen el perjuicio económico que supuso el contrato con la empresa RR7, pero descartan que pueda inferirse una responsabilidad política general por el conjunto de expedientes referidos a Soluciones de Gestión, la empresa de la ‘trama Koldo’, y Megalab, pues no queda acreditado de forma probatoria contundente que existiera trato de favor o irregularidades.
Por lo tanto, y así expondrán en sus dictámenes alternativos, para PSOE y NC las posibles deficiencias fueron excepcionales dentro de un volumen amplio de contratos y no permiten sostener reproche político alguno en el marco de los objetivos de la comisión de investigación.
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