La Unión Europea ha aprobado este lunes la nueva normativa migratoria que permitirá acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular. En la práctica, la UE da un paso decisivo hacia el endurecimiento de la política migratoria. Tras dos meses de negociaciones, la presidencia chipriota y los representantes de la Eurocámara han alcanzado este lunes un acuerdo final sobre el nuevo reglamento de retornos, que dará cobertura legal a centros de deportación en terceros países, siguiendo el modelo promovido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Albania.
El Gobierno español se ha quedado en soledad en la defensa ética de las políticas específicas de inmigración y la defensa de los derechos humanos como prioridad. El plan de regularización de migrantes español choca frontalmente con los objetivos y la filosofía de este reglamento general europeo.
El último escollo de la negociación, resuelto este lunes entre la presidencia chipriota y la Eurocámara, ha sido la fecha de entrada en vigor: el reglamento comenzará a aplicarse inmediatamente después de su entrada en vigor (al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial), aunque varias disposiciones se aplicarán 12 meses después. El objetivo es permitir a los estados miembros tiempo suficiente para adaptar su legislación, sistemas informáticos y formación del personal.
Plazos concretos
El acuerdo ha llegado tras salvar el último escollo de la fecha de aplicación de la nueva norma, que la Eurocámara quería acelerar al próximo enero frente al año de margen que pedían los Veintisiete. Finalmente, la mayoría de las disposiciones del nuevo marco se aplicará en un plazo de 12 meses a partir de su entrada en vigor, aunque algunas como el aval a la externalización de los centros de deportación y el apoyo a la agencia europea de control de fronteras (Frontex) empezarán a aplicarse tan pronto como la nueva norma sea publicada en el Diario Oficial de la UE (DOUE).
La nueva norma establece la obligación para los demandantes de asilo de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión en caso de que se les deniegue el asilo y prevé, además, plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga.
Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que aunque se apunta que debe ser una medida de «último recurso» y aplicada por el periodo más corto posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, la legislación no establece límites por debajo de los 24 meses generales.
Legislación nacional
Con todo, los motivos para la detención y los plazos deberán estar recogidos en el ámbito de la legislación nacional y corresponderá a la autoridades judiciales decidir sobre ello. También reconocen la competencia de los Estados miembro para ofrecer alternativas a la detención como, por ejemplo, presentar informes periódicos, comunicar una residencia fija o pagar una garantía financiera. Además, cualquier país de la Unión deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro Estado miembro antes del 1 de julio de 2027, a propuesta de la Comisión. Y el país en donde se encuentre la persona sobre la que pesa una orden de expulsión será responsable de garantizar su retorno.
La nueva directiva consolida los centros de deportación con los que la Unión busca externalizar a países terceros el proceso de retorno de los migrantes a los que se deniegue el permiso de asilo, para garantizar que están fuera de territorio de la UE mientras se tramita su deportación definitiva al país de origen o tránsito que proceda. De este modo, el bloque respalda modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconocen que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión. En todo caso, estos modelos para los que se crea un nuevo encaje legal ya que hasta ahora no eran compatibles con el Derecho comunitario, no podrán ser destino al que sean transferidos los menores no acompañados.
El acuerdo ha sido duramente criticado por organizaciones como el Comité Internacional de Rescate (IRC), que ha alertado de que el resultado será «una legislación plagada de peligrosos vacíos» que dejará a los migrantes desprotegidos. «Lo más preocupante es que los gobiernos se han apresurado a reforzar los poderes de deportación sin establecer las salvaguardias adecuadas para evitar detenciones ilegales, los abusos de poder y las violaciones de los Derechos Humanos», ha avisado la directora de política en la UE de IRC, Marta Welander.
