La Policía Nacional ha detenido en Torrent a un hombre de 28 años acusado de un delito de malos tratos en el ámbito familiar por presuntamente haber ejercido violencia física y psicológica durante meses contra su pareja. Al parecer, los malos tratos se habrían empezado a producir cuando el agresor fue conocedor de que ella se había quedado embarazada ante su rechazo a que tuviera el bebé.
Las investigaciones de estos hechos que ahora salen a la luz a través de un comunicado de la Jefatura Superior de Policía se iniciaron el pasado 19 de mayo, cuando agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Torrent tuvieron conocimiento de la situación que atravesaba una mujer considerada especialmente vulnerable y que convivía con el presunto agresor junto a un bebé lactante de apenas dos meses.
Utilizaba el bebé para someterla
Las pesquisas permitieron reconstruir una situación de violencia que, según los investigadores, se remontaba al inicio del embarazo. De acuerdo con la información recopilada por los agentes, el detenido se habría mostrado contrario a que la mujer continuara con la gestación, circunstancia a partir de la cual comenzaron los presuntos malos tratos.
La víctima denunció haber sufrido repetidas agresiones físicas y episodios continuados de violencia psicológica. En una de esas ocasiones, cuando se encontraba ya en el octavo mes de embarazo, tuvo que abandonar la vivienda y refugiarse en casa de una vecina para evitar que siguiera golpeándola.
La investigación también apunta a que el hombre utilizaba al recién nacido como instrumento de presión y control sobre la mujer. Así, utilizaba al menor para someter emocionalmente a la mujer, amenazando con quitarle al bebé para que lo criara otra mujer.
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En libertad con cargos
Tras recopilar los indicios necesarios, los agentes localizaron y detuvieron al sospechoso como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
El arrestado, de 28 años y con antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial. Tras comparecer ante la autoridad judicial, el juzgado acordó su puesta en libertad decretando como medidas cautelares una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la víctima, además de la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.
