Desplazarse por el municipio de Orihuela, a veces, es una auténtica odisea. Pocos pasos han trascendido desde que el pleno de enero de 2023 aprobó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), una especie de plan director que aterriza y adapta al ámbito local las directrices europeas, recogiendo una serie de medidas con un presupuesto para su implantación de 116 millones de euros, a cargo de fondos europeos.
El PMUS, vinculado directamente con la Zona de Bajas Emisiones, que se está tramitando, salió adelante -en el mandato de PSOE y Ciudadanos- con los votos en contra de Vox, ahora socio de gobierno del PP, lo que ha hecho que la oposición haya afirmado en varias ocasiones que ese es el motivo de que no se haya avanzado.
Desde entonces, según el PP, se ha seguido tramitando en Valencia la evaluación ambiental, con solicitudes de subsanaciones y nueva documentación por parte de la conselleria al Ayuntamiento. Ahora, a petición del Consistorio, el departamento que dirige el conseller Vicente Martínez Mus ha concedido una prórroga para disponer de dos años más en toda la tramitación ambiental, por lo que se sitúa en el horizonte de 2028. Todo ello, explica la Generalitat a este periódico, para poder tramitarlo por el procedimiento ordinario, ya que en un primer momento se trató de hacer por el procedimiento simplificado sin que llegase a buen puerto.
Su aprobación es una condición para optar a subvenciones de la UE en materia de transporte urbano. Por ello, el PSOE ha mostrado su preocupación, al tratarse de un expediente estratégico para el futuro de la movilidad en el municipio.
Para los socialistas, la prórroga sitúa al Ayuntamiento en una situación límite, dejando un margen de maniobra muy reducido para la próxima Corporación municipal. Esta maniobra, a su juicio, responde a la falta de voluntad política para avanzar en el desarrollo del plan, en referencia a las exigencias de Vox en el marco del pacto de gobierno con el PP.
Restricciones
El plan recogía para la implantación de la ZBE, «a corto plazo» -entre 2023 y 2024-, un presupuesto de 800.000 euros. Ya entonces, en 2022, el PMUS mencionaba que el Ayuntamiento estaba realizando un proyecto de ZBE, donde se detallaría tanto el ámbito de aplicación, como el protocolo y la tecnología a implantar.
Con todo, los redactores del PMUS hacían una propuesta inicial de zonas de bajas emisiones, incluyendo el Palmeral, con la peatonalización de la avenida Doctor García Rogel. Así, proponían restricciones en el centro histórico de manera permanente, con una extensión hacia el sur, de manera temporal, en función de los episodios de contaminación que se registren. Para ello, habría que disponer de estaciones de medición ambiental y se debería declarar el episodio de alta contaminación por parte del Ayuntamiento estableciendo la activación de las medidas establecidas en la ordenanza.
Zonas restringidas al tráfico de forma permanente y temporal / PMUS
Asimismo, el Consistorio gestionaría un registro de vehículos autorizados a acceder, circular y estacionar en las zonas de bajas emisiones, así como de un sistema de control y soluciones tecnológicas con un dispositivo automático de lectura de matrículas mediante cámaras en los accesos a la ZBE.
Carencias
El diagnóstico de la movilidad en el municipio recogida en el PMUS determinaba que el 45 % de los desplazamientos en Orihuela se realiza en vehículo privado, además de que los viales internos de la ciudad están asfixiados al soportar una alta intensidad de tráfico a causa de la inexistencia de viales de ronda que desplacen la circulación al exterior del casco urbano, lugar donde la ocupación de los aparcamientos alcanza cifras próximas al 100 % durante gran parte del día.
Así, destacaba la necesidad de disponer de aparcamientos disuasorios en la periferia y peatonalizaciones y subrayaba las carencias en transporte público, puesto que no existe conexión en autobús con la Costa y es escasa con las pedanías. Un plan de acción, que recogía medidas que supondrían, según las estimaciones de los redactores del plan, una reducción de las emisiones del 18 %.
Todo ello, en una ciudad con un rico patrimonio que pide a gritos ser protegido reduciendo el tráfico en su entorno y en un municipio disperso con más 23 núcleos de población repartidos en 365 kilómetros cuadrados de superficie, donde la mayoría de vecinos se concentran en el centro, con unos 32.000 habitantes, y en la Costa, con unos 30.000 residentes empadronados.
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