crece un 17% en dos años ante un sistema que se queda corto en recursos

La concienciación sobre las necesidades especiales en la educación ha ido evolucionando favorablemente en las últimas décadas. También ha aumentado la visibilidad de estos estudiantes, de los cuales un tercio son personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Solo en el último curso escolar se identificaron más de 100.000 alumnos con esta condición en España, según los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte recogidos ahora en un informe de la Confederación Autismo España.

En los últimos dos años, el número ha crecido un 17,5%, pero esta tendencia al alza comenzó hace 14 años. Desde el curso 2011-2012, se ha producido un aumento de 88.954 estudiantes, lo que supone un incremento de casi un 468%.

Marta Plaza, responsable de Investigación de Autismo España, explica que este incremento responde principalmente a la optimización de los sistemas de detección precoz y al refinamiento de los criterios diagnósticos internacionales del DSM-5. «Hoy existe un mayor conocimiento del autismo entre profesionales sanitarios, educativos y sociales», celebra.

Eso permite identificar señales que antes pasaban desapercibidas o se confundían con otros perfiles, agrega. Gracias a eso ahora se puede detectar más fácilmente en niñas o personas con alta capacidad cognitiva, casos que antes no solían verse tan fácilmente.

Además, hay que sumar la modernización en el registro y la sistematización de datos dentro del propio sistema educativo, «permitiendo una contabilidad mucho más precisa», manifiesta Plaza, que también ha realizado el análisis de los datos facilitados por el Ministerio de Educación.

Un sistema desbordado

Ante estos datos, cabe preguntarse si el sistema educativo español está preparado para asumir un número de alumnos que ya supone el 1,3% del total de estudiantes en niveles no universitario y una tercera parte del grupo de necesidades educativas especiales.

Además, el 85% de los alumnos con este trastorno está matriculado en modalidad ordinaria. Plaza lo tiene claro: «Se han producido avances importantes en sensibilización y reconocimiento del autismo, pero todavía persisten numerosas barreras».

No siempre se cuenta con los recursos, la formación o el acompañamiento necesarios para responder adecuadamente a las necesidades de cada estudiante en las distintas etapas educativas, añade.

Muchos estudiantes con autismo continúan encontrando dificultades relacionadas con los espacios físicos, el currículo, los métodos de enseñanza, los sistemas de evaluación o la participación social dentro y fuera del aula, lamenta. Van a clase, pero no forman parte de ella.

En la práctica, eso se traduce en una exclusión real en espacios y contextos clave como el patio, comedor, horario ampliado, excursiones o transporte escolar, se queja Ana Vidal coordinadora de la Asociación ProTGD.

Ella defiende que, para que la inclusión sea exitosa, los centros deben garantizar herramientas que hoy escasean. Por ejemplo, una metodología flexible, accesibilidad cognitiva, el uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) y docentes con formación especializada.

No solo hay brecha entre los menores. Plaza también denuncia la desigualdad existente en la disponibilidad de apoyos especializados y formación específica para el profesorado. Esta situación se debe a una diferencia en los recursos que afecta de manera directa a la calidad de la inclusión, un aspecto en el que coinciden las asociaciones de familias.

María José Ucendo, directora técnica de la Asociación de Padres de Personas con Autismo (APNA), insiste en que la escolarización ordinaria debe ir acompañada de medios suficientes si se quiere lograr un efecto real.

Además, no se pueden pasar por alto aspectos que a menudo pasan desapercibidos, como las alteraciones en el procesamiento sensorial, apunta la portavoz de la Confederación Autismo España.

Hablamos de entornos con mucho ruido, iluminación intensa, sobrecarga estimular, cambios imprevistos o falta de estructura. «Pueden generar elevados niveles de estrés y afectar significativamente al aprendizaje, la participación y el bienestar del alumnado con autismo», indica Plaza.

Orientadores desbordados

Uno de los colectivos afectados por esta falta de recursos son los orientadores escolares. Ana Cobos, presidenta de Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), denuncia que estos profesionales «se encuentran desbordados».

Es a ellos a los que corresponde determinar cuál es la necesidad educativa y darle la correspondiente respuesta, amplía. El TEA se suele diagnosticar en los primeros años de vida, en torno a los 3 años, y suele coincidir con la escolarización, «de ahí el papel fundamental de los orientadores en la detección».

España tiene una ratio de, aproximadamente, 800 estudiantes por profesional de la orientación, cuenta Cobos. Lo recomendado por organismos como la UNESCO es 1 por cada 250 alumnos.

Esta ratio recomendada se cumple en el País Vasco, mientras que en comunidades como Andalucía se llega a triplicar. Cobos califica la reclamación de bajar las ratios como «un acto de justicia» necesario para garantizar el derecho a la orientación de cada estudiante y su familia.

El muro de los 16 años

España sigue suspendiendo en la enseñanza postobligatoria: solo el 3,38% de este alumnado está en Bachillerato y a los ciclos formativos llega el 3,48%. Al llegar a los 16 años, el entorno deja de adaptarse, lamentan las portavoces.

Plaza apunta que estas etapas postobligatorias son más exigentes en autonomía y habilidades sociales, pero cuentan con menos apoyos, reduciendo o haciendo desaparecer los mecanismos de acompañamiento y tutorización. Asimismo, critica la «importante carencia en orientación vocacional adaptada» para potenciar el talento de estas personas y prevenir el abandono.

Vidal cree que el problema radica en que el sistema asume erróneamente que en estos niveles superiores ya no se necesitan apoyos. Además, denuncia la falta de continuidad de las aulas TEA en secundaria y la existencia de barreras en las pruebas de acceso. «Las necesidades de las personas no desaparecen», recuerda.

Por su parte, Cobos añade un factor clave para salvar este muro: el cuerpo docente. La presidenta de COPOE destaca la «necesidad de que el profesorado de la etapa de secundaria obligatoria tenga más sensibilidad con la diversidad y más formación en psicopedagogía»

Desigualdad económica en las aulas

Ante la escasez de profesionales especializados dentro del horario lectivo —especialmente en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)—, muchas familias se ven obligadas a costear terapeutas privados por las tardes.

Esta situación, según Ucendo, «evidencia una desigualdad preocupante» que quiebra la equidad del sistema. «Hay familias que pueden sostener durante años una intervención privada complementaria y otras que no», explica, lo que termina generando diferencias insalvables en las oportunidades de desarrollo de los menores al cubrir necesidades que deberían atenderse desde el ámbito público.

A este gasto se suma la pérdida de poder adquisitivo familiar. Vidal señala que, en muchos casos, «uno de los dos progenitores tiene que dejar de trabajar o ajustar su jornada laboral» para poder atender los cuidados y las terapias que requieren estos alumnos.

El reto del sistema educativo no se limita a diagnosticar, sino a consolidar modelos que aseguren el bienestar emocional, el aprendizaje y la protección frente al acoso escolar, donde este alumnado es especialmente vulnerable por su falta de redes sociales, sostiene Plaza.

Para lograrlo, la portavoz de la Confederación Autismo España urge a estabilizar los recursos en los centros, flexibilizar las metodologías y evaluaciones, y mejorar la coordinación sociosanitaria.

Mientras que APNA propone reforzar los entornos especializados para aquellos casos con grandes necesidades de apoyo o conductas desajustadas, ProTGD defiende una transformación profunda hacia «una escuela única que procure los apoyos, recursos y ajustes necesarios que cada alumno requiera», demostrando que el camino hacia la plena inclusión sigue siendo el gran desafío pendiente de las aulas españolas.

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