El Govern balear ha acordado recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado por el Gobierno central para modificar el reglamento de la Ley de Extranjería e impulsar un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. El Ejecutivo autonómico considera que la medida se ha aprobado «sin consenso» con las comunidades autónomas y advierte de que puede agravar la presión sobre los servicios públicos de las Islas. Según los últimos datos, cerca de 6.500 personas solicitaron la regularización en las dos primeros semanas del proceso extraordinario
El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de la Comunitat Autònoma a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 316/2026, aprobado el pasado 14 de abril. Además del recurso, el Ejecutivo de Marga Prohens solicitará la suspensión cautelar de la norma mientras se resuelve el procedimiento judicial. Según el Govern, la regularización extraordinaria puede tener una «afectación inmediata» sobre servicios esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a menores, especialmente en una comunidad «que ya soporta una elevada presión migratoria y una fuerte tensión demográfica».
El Ejecutivo autonómico sostiene que el Estado no ha aportado «datos fiables» ni una estimación clara sobre el número de personas que podrían verse afectadas por la regularización. El Govern reprocha además al Gobierno central que haya impulsado la medida sin debate parlamentario y sin una memoria de impacto presupuestario que permita prever las consecuencias económicas, sociales y administrativas.
«El incremento de la presión sobre los diferentes servicios públicos» y el posible «efecto llamada» derivado del proceso son algunos de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo autonómico para justificar el recurso. Los informes elaborados por las distintas consellerias apuntan, según el Govern, a una incidencia directa sobre los recursos sanitarios, educativos y sociales, así como sobre los dispositivos destinados a la atención de menores migrantes.
«Decisión unilateral»
El Govern insiste en que Baleares vive desde hace tiempo una situación de «fuerte presión migratoria» y asegura que algunos servicios públicos ya se encuentran saturados. Por ello, considera que el real decreto supone «una decisión unilateral» que incrementa todavía más la presión sobre una comunidad «con recursos limitados, territorio fragmentado y servicios públicos tensados».
El Ejecutivo balear también enmarca su rechazo a la regularización en el contexto europeo y sostiene que esta medida «va en dirección contraria a la tendencia actual de la mayoría de países europeos», que, según afirma, están reforzando las políticas de control fronterizo y de ordenación de los flujos migratorios. El recurso del Govern abre un nuevo frente político y judicial entre el Ejecutivo balear y el Gobierno central en materia migratoria, uno de los asuntos que más tensión ha generado en los últimos meses entre el PP y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
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