La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha defendido este viernes en el Tribunal Supremo la regularización masiva de migrantes decretada por el Ejecutivo central.
Para ello, ha apelado a la «cohesión social», al «interés general», a los «retos del mercado laboral», al «crecimiento continuado del PIB [Producto Interior Bruto]» y a la «doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Y ha negado que dicha decisión sea contraria al Pacto Migratorio.
Así se ha pronunciado el abogado del Estado durante la vista de medidas cautelares celebrada este viernes en el Supremo, que deberá valorar si conviene suspender esta medida o si, como defiende el Gobierno, no debe frenarse.
En total, 549.595 migrantes ya han solicitado beneficiarse de la regularización, cuando aún falta más de un mes para que termine el plazo para hacerlo.
De éstas, unas 91.000 peticiones ya han sido tramitadas y quienes las han formulado han recibido un permiso temporal de trabajo.
«Se está trasladando la idea de que [la regularización de migrantes] va a permitir la entrada en España… Estamos hablando de personas en situación irregular que, a fecha de 1 de enero de 2026, estaban ya en España y pueden acreditar que llevan aquí desde los cinco meses previos», ha subrayado la Abogacía del Estado.
«En ningún caso estas personas van a acceder a votar en las siguientes elecciones [generales]», ha recalcado este viernes el representante del Ejecutivo central, que ha solicitado «no relegar» a los hipotéticos beneficiarios de la medida.
Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la organización Libertad y Justicia, la Comunidad de Madrid (CAM) y el partido Vox la recurrieron y solicitaron su suspensión cautelar, que ahora estudiará la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Por ello, desde las diez de la mañana de este viernes, los abogados de estas cinco entidades han expuesto sus argumentos ante la Sala Tercera, que han sido contestados —en contra— por la Abogacía del Estado.
El primero en hacerlo ha sido Javier María Pérez Roldán (Hazte Oír), quien ha subrayado que la Ley de Extranjería contempla la regularización en «supuestos excepcionales» y no de forma masiva.
Asimismo, ha reprochado que esta medida del Gobierno, aprobada mediante un real decreto, incluye una «memoria económica deficiente».
Por último, Pérez Roldán ha advertido de que, si la regularización no se paralizase ya, se producirán situaciones de «agravio» entre los inmigrantes que accedan a ella y los que, si el Supremo la acaba tumbando, no puedan.
¿Perjuicios irreversibles?
En respuesta, la Abogacía del Estado ha defendido que la regularización conlleva la «integración en España de personas que ya tienen un arraigo». Y ha subrayado que el «perjuicio que se causa por la suspensión» de la medida «es superior al hipotético interés que se alega» por parte de las cinco entidades recurrentes.
De hecho, la Abogacía del Estado sostiene que ninguna de estas últimas cuenta con legitimación activa para poder recurrir la decisión del Gobierno.
«Esta legitimación no se deriva de los Estatutos [de la organización] ni de la invocación genérica de la defensa de legalidad, sino de la existencia de un interés legítimo, cualificado y concreto, y no genérico ni abstracto», ha señalado el abogado del Estado.
«Aquí, no se cumplen los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo para la suspensión; no se acredita la irreversibilidad de los perjuicios«, ha añadido.
«En este caso, existe un interés de derechos de terceros, que pueden quedar comprometidos si se acuerda esta suspensión», ha advertido la Abogacía del Estado.
La segunda entidad recurrente en intervenir ha sido la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, representada por el abogado Francisco Zaragoza.
Se trata de la misma organización que ya solicitó la declaración de Bien de Interés Cultural del Valle de los Caídos, renombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez a Valle de Cuelgamuros.
El letrado ha indicado que Asociación por la Reconciliación «no está en contra de la inmigración, sino que aboga por que se realice por los cauces legales».
Zaragoza también ha entregado al tribunal de la Sección Quinta de la Sala Tercera (presidido por el magistrado Carlos Lesmes) un «documento modelo, facilitado por el Ayuntamiento de Barcelona, en el que, rellenando una casilla, se entrega [al migrante que lo haga] un certificado de vulnerabilidad».
Asimismo, el letrado de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha defendido que la regularización masiva «no busca la integración real de gente que esté aquí» y ha cifrado en «un 10% los [migrantes que la soliciten y] pueden aportar un contrato de trabajo».
En respuesta, la Coordinadora de Barrios, una de las entidades co-demandadas, ha señalado que, entre los beneficiarios de esta decisión del Gobierno, existen «personas que ya están trabajando, pero que lo hacen sin seguridad, con riesgos, sin contrato…».
De hecho, la abogada de esta entidad, dedicada a la integración de personas extranjeras, ha subrayado que «147.000 niños y niñas» residen en España de forma ilegal, por lo que podrían beneficiarse de la regularización masiva.
En tercer lugar, el abogado de la organización Libertad y Justicia ha reprochado «que un real decreto sea utilizado por la puerta de atrás para modificar la Ley de Extranjería».
A su juicio, una decisión del Gobierno como ésta «debería haber pasado por el Parlamento». El letrado ha criticado el «ego y la avaricia de la Administración del Estado a la hora de «saltarse a la soberanía popular, que reside en las Cortes».
«No es una cuestión de que esta medida sustituya a españoles por otros, como hay quien ha dicho; es una cuestión legal», ha defendido el letrado de Libertad y Justicia, que ha advertido que la regularización masiva acabaría permitiendo «que pueden moverse por la Unión Europea los beneficiados de una puerta construida ad hoc«.
Por su parte, Vox —representado por el eurodiputado Jorge Buxadé y la abogada Marta Castro— ha defendido que los partidos políticos tienen legitimación para recurrir judicialmente una decisión cuando invoquen un «interés específico» propio.
En este caso, la formación ha señalado que la «incorporación de un millón de residentes legales, con un criterio territorial que se desconoce», alterará «al derecho al sufragio, tanto activo como pasivo», y a la composición de «todos los Parlamentos regionales».
«Nuestro partido ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal un punto esencial de su programa; nos lo hemos autoimpuesto», ha señalado Buxadé.
El eurodiputado también ha aludido al «incremento brutal del gasto social» que cree que conllevaría la regularización masiva. «Adquirida la residencia legal, tienes derecho a las mismas prestaciones de salud [que un ciudadano nacido en España]. El Gobierno ha hecho ningún esfuerzo en cuantificar esto; no tiene ni Presupuestos desde hace tres años», ha criticado.
Buxadé también ha aludido al «déficit de 700.000 viviendas que hay ahora en España». «Si se regulariza un millón de personas, ¿cuál será ese déficit?», ha planteado el representante de Vox. «¿Por qué esa urgencia en la medida? Para eludir el Pacto Europeo de Migración», ha advertido.
Colapso en la Administración
A su vez, el abogado de la Comunidad de Madrid ha subrayado que la regularización masiva «no tiene parangón» con ninguna otra norma española o europea. «En Alemania se exigió una estancia de cinco años…», ha ejemplificado el letrado de la CAM, el último en intervenir.
«Una vez se autorice la residencia, la futura sentencia que se pueda dictar no puede retrotraer los efectos desplegados», ha advertido el abogado de la Comunidad de Madrid, que también ha alertado del impacto de la medida para la adaptación y ajuste presupuestario de la gestión sanitaria y los servicios sociales.
«A los servicios públicos se nos obliga a planificarnos contando con que, en la CAM, se regularizarían, como poco, 255.000 personas…«, ha reprochado el letrado, ya pasada la una y media de la tarde.
«Con estas cifras, se prevé que 90.000 personas sean demandantes de ayuda al empleo», ha alertado el letrado, quien ha pedido «aguardar» a que la Justicia estudie el plan del Gobierno. Si no se suspende la regularización masiva, la CAM prevé «colapso» en la Administración.
El letrado, de hecho, ha calificado de «grosera» la previsión del Ejecutivo central de que la regularización apenas tendrá impacto presupuestario en las cuentas de las Comunidades Autónomas.
«La CAM no busca ningún perjuicio de estas personas [los beneficiarios de la regularización], sino la certeza legal», ha finalizado el letrado de la Comunidad de Madrid.
Aunque algunos de los motivos esgrimidos por los recurrentes son comunes o muy similares, el Supremo ha optado por celebrar una vista con cada una de ellas. Cinco vistas, consecutivas. Breve y tasada, eso sí, ya que Lesmes ha ceñido a diez minutos el tiempo de intervención de los abogados de las entidades y ha evitado reiteraciones argumentales en las respuestas de la Abogacía del Estado.
