El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una batería de cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro (Birán, 94 años) por un incidente ocurrido hace más de tres décadas que se saldó con la muerte de cuatro personas. Una medida de alcance contra uno de los símbolos vivos de la revolución con la que la Administración Trump intensifica la presión sobre el régimen cubano.
Según la Fiscalía, tres ciudadanos estadounidenses de origen cubano y un cubano residente en Estados Unidos, miembros de la organización Hermanos al Rescate (Brothers to the Rescue, en inglés), murieron por orden del hermano de Fidel Castro. Era febrero de 1996, y el entonces ministro de Defensa de Cuba presuntamente ordenó el derribo de la avioneta en la que viajaban, encargada de auxiliar a los balseros que trataban de abandonar la isla
En el archivo también aparecen los nombres de cinco pilotos de las Fuerzas Armadas de Cuba, sobre los que pesa un delito de de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Justicia reserva para Raúl Castro otros cuatro cargos de asesinato y dos más por la destrucción de aeronaves.
El fiscal general en funciones Todd Blanche, antiguo abogado personal de Donald Trump, evitó explicar las razones que motivaron la desclasificación del caso. Tampoco confirmó si el movimiento guardaba relación con la reciente visita a la Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, que llegó a reunirse con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo.
«Existen muchos factores que influyen en cuándo se desclasifica una acusación sellada, si es que se hace», deslizó Blanche, quien sin embargo puntualizó que la acusación «no era tan antigua. Es de finales de abril. Estamos a mediados de mayo».
La Administración Trump no quiso dejar pasar el simbolismo de la jornada. El 20 de mayo es el Día de la Independencia de Cuba. Además, los miembros de la comunidad cubano-estadounidense habían organizado un homenaje a las víctimas del incidente frente a la Torre de la Libertad de Miami.
La imputación no llega en cualquier momento. Desde hace meses, Trump impulsa una campaña de acoso y derribo contra el régimen cubano que recuerda a la que sufrió el chavismo en la antesala de la captura de Nicolás Maduro. Antes de los ataques en Caracas, la Justicia estadounidense había colocado en la diana al expresidente venezolano.
Mientras su Administración amplía las sanciones contra la cúpula del castrismo, el propio Trump redobla las amenazas de ataque sobre la isla y, al mismo tiempo, recrudece el bloqueo. Los depósitos que almacenan las reservas de petróleo de Cuba están vacíos.
Unas horas antes de que la Fiscalía hiciera pública la acusación contra Raúl Castro, el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, difundió a través de redes sociales una declaración de vídeo dirigida a la sociedad cubana para cargar contra el régimen y ofrecer una alternativa de gobierno bajo la tutela de Washington.
«La razón por la que ustedes se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero de Estados Unidos», insistió Rubio en la grabación. «La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni comida es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada de eso se ha utilizado para ayudar al pueblo».
Maniobra de presión
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel consideró que la acusación contra su predecesor no es sino «una acción política, sin ningún basamento jurídico», que sólo busca engrosar el argumentario «para justificar el desatino de una agresión militar».
El lunes, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba reafirmó que la isla «tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de un ataque militar», y que tal ataque provocaría un «baño de sangre con consecuencias incalculables».
No será como en Venezuela, vino a decir Díaz-Canel.
«Es una acusación contra un hombre de 94 años que nunca será extraditado y que no tiene destino en ningún tribunal», explica en conversación con este periódico Orlando J. Pérez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Norte de Texas. «La función práctica es otra: presión política, señal al electorado cubanoamericano en Florida, y palanca en una negociación que sigue abierta».
Blanche esquivó este miércoles las preguntas sobre la posible detención y extradición de Raúl Castro, una operación similar a la que desembocó en la captura de Maduro. «Es una cuestión que involucra al presidente de Estados Unidos, al secretario de Guerra y al secretario de Estado», se limitó a decir el fiscal general.
Trump celebró la acusación contra el hermano de Fidel, pero aseguró que «no habrá escalada» en Cuba. «No creo que sea necesario. Mire, el lugar se está desmoronando. Es un desastre y, en cierto modo, han perdido el control», reafirmó desde la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington.
Pérez considera que, «si el objetivo fuera una intervención militar, Washington necesitaría algo más que un audio disputado y una ceremonia en la Torre de la Libertad. El Pentágono sabe que Cuba no es Venezuela. No hay línea de sucesión clara, no hay una figura similar a Delcy, y una operación terrestre a 144 kilómetros de Florida es un cálculo completamente distinto».
«Por ahora, esto es presión», subraya el especialista. «Si escala hacia algo más, lo veremos en los movimientos militares, no en los comunicados del Departamento de Justicia».
