Segunda ronda de citaciones en el procedimiento judicial del caso Les Naus, que investiga la presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas en Alicante. Este miércoles están llamados a declarar los primeros imputados: el funcionario de la Generalitat que visó los expedientes, Roberto Palencia, incluido el de su propia esposa; la ex directora general y todavía jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino en la urbanización; el administrador de la empresa gestora de la cooperativa, Francisco Ordiñana, dueño de uno de los áticos; y la que fuera concejala de Urbanismo del gobierno de Luis Barcala, Rocío Gómez, también vecina de la urbanización, junto con su suegro, José Blasco.
La exedil popular ha llegado al juzgado poco antes de las 9:30, pese a que estaba citada a las 10:00, sin hacer declaraciones. Preguntada sobre si ocultó al equipo de gobierno, tal y como sostienen desde el ejecutivo popular, que era adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, Gómez ha preferido guardar silencio. A la llegada de la exconcejala, su abogado ha solicitado que sea la primera de las personas imputadas en declarar ante la magistrada a cargo de la instrucción, Amparo Rubio, por razones de conciliación familiar.
Al margen de los imputados, también está previsto que comparezcan en calidad de testigos este miércoles los técnicos municipales que no acudieron a la anterior ronda de convocatorias, tras asegurar que no habían recibido la citación formal. En este sentido, la primera en llegar ha sido la jefa de Patrimonio del Consistorio alicantino, Paloma Romero, quien alertó al alcalde Luis Barcala de posibles conflictos de interés en la adjudicación de inmuebles protegidos. Lo ha hecho acompañada de los técnicos municipales Pablo Torregrosa, de su misma área, y Antonio Faura, de Urbanismo, todos como testigos.
Romero ha sido la primera en entrar a declarar, a las 9:33 horas. La funcionaria municipal, que declinó participar en la comisión municipal aunque se ofreció a contestar preguntas por escrito, fue la autora del primer informe municipal que hacía referencia a la posible existencia de irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas de Les Naus. Un documento que, posteriormente, fue modificado antes de incorporarse oficialmente a la investigación interna abierta por el alcalde, e instruida por el vicesecretario Germán Pascual, eliminando la responsabilidad del Ayuntamiento del texto.
Poco después, ha llegado el funcionario de la Generalitat a cargo del visado de los expedientes, Roberto Palencia, quien fue suspendido de empleo y sueldo tras validar, entre otras, la solicitud de su mujer: la también funcionaria (en este caso, municipal) Elsa Lloret. Ante los medios de comunicación, Palencia se ha limitado a señalar: «No puedo decir nada».
Roberto Palencia, funcionario encargado de visar los expedientes de Les Naus. / Rafa Arjones
Más tarde, a las 9:52 horas, ha llegado la todavía jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo de las viviendas protegidas. Lo ha hecho acompañada de Agustín Palau, quien fuera jefe de Gabinete en la Subdelegación de Gobierno.
María Pérez-Hickman, a su llegada al juzgado por el caso de Les Naus. / Rafa Arjones
Según fuentes conocedoras de la decisión, Pérez-Hickman renunció a su cargo de libre designación tras negar cualquier tipo de interferencia en el proceso y justificó su renuncia en evitar perjudicar a sus familiares tras una trayectoria profesional que, según subrayó, nunca había estado salpicada por la polémica.
