La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por parte del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama coloca en el centro de la investigación judicial una presunta estructura internacional dedicada, entre otros negocios, a intermediar en la venta de petróleo venezolano.
El auto, conocido este martes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, sostiene que la red dirigida supuestamente por Zapatero actuaba en España, Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos para «facilitar operaciones comerciales de gran escala» y obtener beneficios económicos mediante el tráfico de influencias.
La resolución supone un giro de enorme dimensión en la investigación. Hasta ahora, la figura del expresidente socialista había aparecido asociada principalmente al rescate público de Plus Ultra aprobado por la SEPI en 2021.
Sin embargo, el juez sostiene ahora que la actividad de la trama iba mucho más allá y que una de sus principales áreas de negocio era la intermediación en operaciones petroleras vinculadas directamente al régimen venezolano.
El instructor llega a afirmar que Zapatero ejercía «el liderazgo estratégico» de la estructura y mantenía los contactos institucionales de más alto nivel.
El acceso al petróleo
Uno de los elementos más relevantes del auto es la descripción del mecanismo utilizado para acceder a los cupos de petróleo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Según la investigación judicial, los compradores interesados en adquirir cargamentos de crudo venezolano debían canalizar la operación a través del entorno de Zapatero.
En su escrito, el juez Calama sostiene que los interesados debían enviar una Carta de Intenciones (Letter of Intent) —LOI, por sus siglas en inglés— dirigida de forma obligatoria a la «Oficina del Presidente Zapatero» o directamente al expresidente socialista.
La investigación interpreta este requisito como un tipo de «peaje» político y empresarial imprescindible para acceder al negocio petrolero venezolano.
Las comunicaciones intervenidas por la Policía reflejan además el contacto permanente con la cúpula del chavismo para desbloquear cargamentos de crudo y asignaciones de barcos.
En uno de los mensajes incorporados a la causa, el intermediario Domingo Amaro Chacón afirma estar «listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo«.
Los investigadores identifican a «La Dama» como Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, y subrayan que los propios investigados la señalaban como «la que maneja la asignación directa de los barcos».
El vínculo con China
Otro aspecto sorprendente del escrito es la presencia de compradores vinculados al Partido Comunista Chino en las negociaciones para adquirir el petróleo venezolano.
Las comunicaciones analizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) muestran que, el 23 de enero de 2024, Domingo Amaro Chacón manifestó a Julio Martínez que manejaban varias operaciones para poder vender cargamentos de crudo a empresarios chinos y a la compañía suiza Swissoil Trading SA.
Uno de los mensajes resulta especialmente revelador para los investigadores.
«Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino«, señala literalmente una de las comunicaciones intervenidas sobre uno de los compradores interesados en adquirir los barcos de petróleo venezolano.
La causa incorpora además una carta de intenciones remitida por la mercantil China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd. a la oficina de Zapatero en octubre de 2023.
Para el juez, estos contactos demuestran que la estructura investigada operaba como un canal internacional de intermediación para colocar petróleo venezolano en mercados extranjeros utilizando relaciones políticas y empresariales de alto nivel
Opacidad interna
El auto también pone el foco en la opacidad de las operaciones investigadas.
Los investigadores consideran llamativo que algunos intermediarios gestionasen operaciones multimillonarias de petróleo sin conocer siquiera qué tipo concreto de crudo se iba a comercializar.
En uno de los chats analizados, uno de los participantes pregunta expresamente «qué producto se hace la carta de intención«.
La Policía interpreta este detalle como un indicio de que las operaciones no seguían una lógica mercantil ordinaria y que el verdadero valor del negocio residía en el acceso político a PDVSA y a las autoridades venezolanas.
El auto sostiene además que los pagos derivados de estas operaciones eran canalizados posteriormente a través de sociedades españolas utilizadas presuntamente como pantalla financiera.
La ruta del dinero
El juez identifica a Inteligencia Prospectiva SL, administrada por Domingo Arnaldo y Alfredo Amaro, como una de las piezas clave de la estructura financiera.
Según la resolución, esta empresa introducía fondos procedentes del extranjero simulando ampliaciones de capital y redistribuía posteriormente el dinero hacia sociedades vinculadas al entorno de Zapatero.
Entre las mercantiles receptoras aparecen Análisis Relevante, What The Fav (la sociedad de las hijas del expresidente) y Gate Center.
El juez sostiene que estas operaciones se justificaban mediante contratos ficticios de asesoría internacional y documentación simulada.
La resolución también señala que los fondos terminaban llegando presuntamente al entorno empresarial de Julio Martínez Martínez, empresario alicantino considerado uno de los hombres de máxima confianza del expresidente socialista.
El sobre de Aldama
La investigación judicial conecta directamente con la declaración realizada por Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno sobre la supuesta financiación del PSOE mediante petróleo venezolano.
Aldama aseguró que, tras la visita de Delcy Rodríguez a Madrid el 20 de enero de 2020, Zapatero asumió el control de una operación para comercializar seis millones de barriles de crudo Boscán valorados en 250 millones de euros.
Según declaró el empresario, la operación estaba destinada a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.
El sobre mencionado por el fiscal.
El certificado de disponibilidad del crudo entregado por Aldama al juez está fechado el 4 de febrero de 2020, apenas dos semanas después del denominado Delcygate.
Aldama afirmó además que se anticiparon cinco millones de euros en una cuenta rusa presuntamente vinculada al entorno de Zapatero y que él perdió el control de la negociación cuando el expresidente pasó a dirigir la operación.
En su declaración también apareció el empresario venezolano Francisco Enrique Flores Suárez, fallecido el pasado febrero y relacionado históricamente con contratos petroleros de PDVSA.
Según Aldama, Flores era quien disponía de la licencia necesaria para operar con los cupos de petróleo venezolano.
Francisco Enrique Flores Suárez también aparece en la resolución del juez José Luis Calama. La investigación le vincula a la empresa Softgestor.
Pese a no ser administrador ni ejercer ningún cargo en ella, Julio Martínez Martínez le mandó el contrato que inicialmente iba a firmar la empresa Apamate Corporate And Trust, y acabó siendo a nombre de Softgestor. Ambas sociedades administradas por Carlos Alberto Parra Delgado.
Julio Martínez Martínez también usó a Flores Suárez para reclamar los pagos pendientes por parte de la empresa, algo que según la investigación son «indicios consistentes de artificiosidad en la configuración formal de contratos y facturas».
