La noticia de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por el magistrado José Luis Calama de la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal conmocionó ayer a la sociedad española. Más a los socialistas que se aferraban, incrédulos, a la petición de que se le respete la presunción de inocencia y a las acusaciones de lawfare, es decir, de juego sucio judicial, siguiendo el llamamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que la militancia defienda a su predecesor. En el PP, sin embargo, sus dirigentes se apresuraron a reclamar la dimisión de Sánchez, mientras que Vox solicitó una vez más una moción de censura.
Más allá de las respectivas y previsibles posiciones de unos y otros, es la primera vez en los casi 50 años de democracia en que un exjefe de Gobierno es llamado a declarar ante un juez como investigado y la primera vez, por tanto, en que a un exprimer ministro se le acusa directamente de graves delitos de corrupción, entre ellos el de haber cobrado dos millones de euros en comisiones. Esta excepcionalidad justificaría por sí sola la cautela necesaria a la hora de valorar la actuación judicial pero sobre todo, y más importante todavía, la exigencia de que la justicia trabaje con la calma y con la independencia que una circunstancia de esta gravedad requiere. Especialmente si lo que se supone que buscan los responsables políticos es que se acredite la verdad de lo acontecido y se establezcan las responsabilidades debidas, sin intromisiones externas que alteren la acción judicial. Ni por parte de quienes celebran la actuación del juez ni por la de quienes le acusan de albergar intereses espurios.
Tras no haber dado explicaciones convincentes ante el Senado, el expresidente tendrá el próximo 2 de junio una segunda oportunidad de explicarse ante el magistrado Calama, un juez con fama de discreto y cuyas actuaciones no han buscado el protagonismo que se atribuye a algunos de sus colegas. Zapatero aseguró tras conocer su imputación que siempre ha trabajado, tanto en el ámbito privado como en el público, dentro de la legalidad, y negó haber realizado gestiones en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Pero el contenido de la información recabada hasta ahora por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) arroja elementos que permiten fundamentar una sospecha razonable sobre los servicios que prestó el expresidente en el ambiguo terreno del asesoramiento, en el mejor de los casos, a empresas potencialmente beneficiadas de decisiones del Ejecutivo socialista, como así fue.
La imputación le viene precisamente de la investigación de ese rescate por el que el Gobierno le dio 53 millones de euros a la compañía aérea y del que, según los investigadores, Zapatero habría obtenido directamente o a través de la empresa de sus hijas, Whathefav, unas elevadas comisiones. Algunas de ellas mediante la mercantil Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. La Udef apunta también al blanqueo de capitales con la ayuda de una sociedad offshore creada a tal fin en Dubái. Que esta imputación coincida en el tiempo con el juicio del caso mascarillas, que implica al exministro José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, este último vinculado a una de las sociedades que el juez relaciona también con Zapatero y, por la nacionalidad de su administrador único, con Venezuela, no contribuye a despejar las sospechas que han llevado al juez a investigar al expresidente. Más bien lo contrario.
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