El juicio contra un hombre acusado de intentar matar a puñaladas a su exmujer en Dénia, para quien la Fiscalía pide más de doce años de prisión, ha tenido que ser suspendido. Según ha informado el periódico Levante, la vista, que debía celebrarse este lunes, se ha visto aplazada por una serie de incidentes procesales.
El principal contratiempo ha sido la renuncia del procesado a su abogada en la misma sala, minutos antes de empezar. A esto se ha sumado la imposibilidad de localizar a la víctima, que se encontraría en Pakistán tras haber viajado para asistir al entierro de un hijo, lo que ha impedido su notificación oficial para testificar.
Aunque existe una declaración grabada de la víctima como prueba preconstituida, el tribunal ha preferido suspender para evitar posibles nulidades, al no constar que se agotara la vía para citarla personalmente. La vista se ha fijado de nuevo para el próximo mes de julio, dando así margen para localizar a la mujer y para que el acusado, en prisión preventiva desde hace casi un año, designe una nueva defensa.
Un ataque con amenazas de muerte
Los hechos que se juzgan ocurrieron la mañana del 6 de junio de 2025. Según el escrito de acusación, el hombre quebrantó una orden de alejamiento y se presentó en el domicilio de su expareja. La mujer abrió la puerta pensando que era uno de sus hijos, momento que el agresor aprovechó para irrumpir en la vivienda.
Una vez dentro, presuntamente sacó un cuchillo e intentó clavárselo en el pecho y el abdomen mientras la amenazaba de muerte. La víctima consiguió salvar la vida al interponer los brazos, sufriendo una herida en el antebrazo izquierdo que necesitó puntos de sutura.
Petición de más de 12 años de cárcel
El Ministerio Público sostiene además que el procesado envió previamente audios a los familiares de la mujer reiterando su intención de acabar con ella. Por todo ello, califica los hechos como un delito de homicidio en grado de tentativa, dos delitos de quebrantamiento de medida cautelar y un delito continuado de amenazas.
En base a este conjunto de delitos, la Fiscalía de Alicante solicita una pena global de 12 años y ocho meses de prisión para el acusado.
