El funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, Alfonso Muñoz Cuenca, ha arrojado luz sobre uno de los debates más relevantes del sistema público de pensiones: la jubilación anticipada por razón de actividad. Muñoz Cuenca ha explicado que existe la posibilidad de que ciertos trabajadores se jubilen antes de la edad ordinaria debido a la dureza física o psicológica de su profesión.
Según el experto, «hay trabajadores que pueden reducir legalmente su edad de jubilación debido a las especiales condiciones de su actividad profesional». Esta posibilidad, aclara, no es una jubilación anticipada ordinaria en la que se acepta una reducción en la pensión, sino un derecho amparado por la ley.
Concretamente, está regulado en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social y se aplica a «aquellos trabajos excepcionalmente penosos, peligrosos, tóxicos, insalubres, o que presenten elevados índices de morbilidad o mortalidad».
El adelanto de la jubilación no responde a una decisión personal caprichosa, sino al desgaste debido de la propia profesión»
Funcionario INSS
¿Qué colectivos ya tienen este derecho?
Actualmente, varios colectivos profesionales ya gozan del derecho a una jubilación anticipada mediante la aplicación de coeficientes reductores de la edad. Entre ellos se encuentran los trabajadores del mar, mineros, personal de vuelo, artistas, profesionales taurinos, bomberos, policías locales y miembros de la Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra.
Recientemente, se han sumado los bomberos forestales y los agentes forestales y medioambientales, en reconocimiento a un trabajo con «exposición al fuego, emergencia, riesgos naturales, turnos prolongados y un enorme desgaste físico y psicológico».
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Una de las claves de esta modalidad, según Muñoz Cuenca, es que la reducción de la edad no implica necesariamente una penalización en la cuantía de la pensión. «Muchos de estos trabajadores pueden jubilarse antes, sin sufrir penalizaciones económicas habituales de una jubilación anticipada ordinaria», señala.
El sistema reconoce así que «el adelanto de la jubilación no responde a una decisión personal caprichosa, sino al desgaste debido de la propia profesión», aunque normalmente se exigen cotizaciones adicionales para financiarlo.
Integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa
El nuevo reglamento y las críticas
Un cambio legislativo clave se produjo en octubre de 2024, cuando el Gobierno aprobó un nuevo reglamento que establece un procedimiento general y objetivo para determinar qué profesiones pueden acogerse a estos coeficientes reductores.
Este sistema, que llegaba con años de retraso según lo previsto en la reforma de pensiones de 2021, pretende analizar con criterios técnicos la penosidad, peligrosidad, toxicidad y siniestralidad de cada actividad.
Sin embargo, a pesar de la aprobación de este reglamento, la incorporación de nuevos sectores no se ha materializado de forma masiva, lo que ha generado críticas. Sindicatos como Comisiones Obreras y UGT denuncian que los retrasos son excesivos y que los estudios avanzan con demasiada lentitud, mientras miles de trabajadores «continúan esperando respuesta mientras envejecen en profesiones extremadamente exigentes». Reclaman más agilidad, medios técnicos y una aplicación efectiva del nuevo marco normativo.
Profesiones que reclaman el reconocimiento
La lista de colectivos que presionan para ser incluidos en este sistema es larga. Los sanitarios denuncian agotamiento y estrés extremo; los transportistas, jornadas interminables y fatiga; las camareras de piso (las ‘kellys’) visibilizan las lesiones por cargas físicas repetitivas; y los trabajadores de ayuda a domicilio, el desgaste físico y emocional.
También el sector de la construcción, la Guardia Civil y la Policía Nacional reclaman este reconocimiento por la dureza y el riesgo inherente a sus funciones.
El propio Alfonso Muñoz Cuenca señala varias razones que explican la lentitud del proceso. Entre ellas se encuentran el coste económico que supondría para el sistema público, la complejidad técnica de acreditar las condiciones de cada profesión y el posible «efecto cadena» que podría producirse si el reconocimiento a un colectivo anima a muchos otros a solicitarlo.
En este contexto, el experto también reflexiona sobre las contradicciones del sistema de pensiones. Defiende que «cuantos más años cotizamos y mayor cantidad aportamos, mejor, porque nuestra pensión de jubilación será más alta», pero matiza que «es difícil mantener una base de cotización elevada y una extensa y estable carrera profesional».
Además, aboga por despenalizar la jubilación anticipada para las largas carreras de cotización, fijando el objetivo en los 40 años cotizados, pues considera que «no es lógico ni razonable penalizar gravemente a los trabajadores que más aportan a la sostenibilidad y a la viabilidad económica del sistema público de pensiones».
