La aprobación del nuevo decreto de regularización extraordinaria de migrantes ha vuelto a activar un reflejo ya conocido en la política española: convertir cualquier decisión –en este caso sobre extranjería y migración– en un plebiscito encubierto sobre el Sáhara Occidental. La exclusión de los solicitantes de apatridia, mayoritariamente saharauis, ha sido interpretada por determinados actores –los de siempre– como una supuesta alineación del Gobierno español con Marruecos. Pero la realidad es bastante menos épica para quienes viven del relato. Estamos ante una decisión jurídica, no geopolítica.
El decreto tiene un objetivo concreto, ordenar situaciones de irregularidad administrativa dentro del régimen común de extranjería. Y ahí es donde el argumento político empieza a hacer aguas. Los solicitantes de apatridia no están en esa situación, sino dentro de un procedimiento específico, con su propio estatuto, sus propias reglas y sus propios efectos. La coexistencia de ambos sistemas obliga a delimitar con precisión sus ámbitos de aplicación para evitar solapamientos normativos y conflictos procedimentales. Mezclar ambos planos no es una cuestión de voluntad política, sino de incoherencia normativa.
Precisamente por ello, el Consejo de Estado advirtió con claridad de los riesgos de integrar categorías jurídicas heterogéneas en un mismo instrumento excepcional. La advertencia no era política, sino estrictamente técnica, ya que la acumulación de procedimientos distintos bajo una misma vía extraordinaria puede generar inseguridad jurídica y disfunciones administrativas.
El estatuto de apatridia no es una vía alternativa de regularización ni un atajo administrativo. Es un instrumento de protección internacional para quienes no son reconocidos como nacionales por ningún Estado. Tiene límites, tiene condiciones y responde a una lógica propia. El problema es que esa lógica ha sido progresivamente sustituida por otra, la del símbolo político.
En el caso saharaui, el debate ha dejado de girar en torno a categorías jurídicas para instalarse en un terreno mucho más rentable, el de la épica política. Todo se interpreta en clave de alineamientos, traiciones y posicionamientos históricos. El resultado es previsible, una figura jurídica compleja convertida en eslogan.
El Gobierno, en este punto, no hace nada extraordinario. Se limita a recordar algo básico, que los apátridas no están en situación irregular, sino dentro de un procedimiento específico que ya reconoce derechos y obligaciones. Lo llamativo no es esa posición, sino el esfuerzo constante por presentarla como una anomalía.
Porque lo que realmente está en juego no es la regularización, sino la capacidad de ciertos actores para forzar al sistema a absorber reivindicaciones políticas a través de atajos jurídicos. Y ahí es donde el debate se vuelve especialmente delicado.
La presión parlamentaria, asociativa y mediática de los afines al Polisario en España ha ido en esa dirección. Se cuestiona la exclusión del colectivo saharaui como si se tratara de una discriminación, cuando en realidad responde a una diferencia de régimen jurídico. Pero en el clima actual esa distinción importa poco. Lo relevante es mantener la tensión política.
El mismo patrón se repite en el debate sobre la nacionalidad, cuyo proyecto de ley se encuentra ahora mismo estancado. La idea de reabrir una vía para los saharauis nacidos bajo soberanía española es presentada por algunos como una deuda histórica. El problema es que el Tribunal Supremo ya dejó claro en 2020 que el Sáhara Occidental no puede considerarse territorio español a estos efectos, subrayando que cualquier reconocimiento en este ámbito debe proceder exclusivamente de una decisión legislativa y no de una obligación jurídica preexistente. No hay, por tanto, un derecho automático que reconocer.
A partir de ahí, todo lo demás es política, y en algunos casos mala política. Como la demencial propuesta de permitir que la acreditación del origen saharaui para solicitar dicha nacionalidad se realice mediante certificaciones del Frente Polisario. Aquí ya no estamos ante una discusión jurídica compleja, sino ante un salto al vacío institucional.
La nacionalidad no es un trámite menor ni una concesión simbólica. Es una de las decisiones más sensibles del Estado. Basarla en certificaciones emitidas por una organización política de dudosa transparencia, sin control administrativo ni garantías homogéneas, no solo introduce discrecionalidad; abre la puerta al fraude y erosiona la credibilidad del sistema.
El debate ya no se mueve en esos términos. Este tipo de cuestiones migratorias se han convertido en un espacio donde confluyen reivindicaciones históricas, presiones parlamentarias y tensiones geopolíticas. Y en ese contexto, cualquier decisión técnica está condenada a ser reinterpretada como un gesto político. El caso saharaui es el ejemplo más evidente. La carga simbólica del conflicto ha desplazado el análisis jurídico hasta hacerlo casi irrelevante. Da igual cuál sea la decisión, siempre será leída como una toma de posición.
El resultado es un desgaste progresivo de algo mucho más importante que el propio debate político, la seguridad jurídica. Cuando las normas dejan de aplicarse por lo que son y empiezan a reinterpretarse en función del contexto político, el sistema entero pierde coherencia.
Por eso conviene recordar lo esencial. La exclusión de los solicitantes de apatridia del proceso de regularización no responde a un cálculo geopolítico del gobierno, sino a una exigencia de encaje normativo. Y, asimismo, la regulación de la nacionalidad no puede construirse sobre atajos políticos sin comprometer su solidez.
El reto no es político, sino jurídico. Preservar la autonomía del sistema normativo frente a su creciente instrumentalización política. Solo desde esa perspectiva es posible garantizar un equilibrio entre la protección de derechos y la coherencia del ordenamiento jurídico.
