- Admisión de la querella contra los dueños de EM&E
- Acusaciones y delitos investigados
- Procedimientos judiciales y primeras diligencias
- Investigación del contrato de compra de respiradores
- Solicitudes de información a instituciones públicas
- Detalles del contrato y posible incremento de precios
- Trayectoria y origen de EM&E
- Contexto del estado de alarma y características del contrato
- Fraude a la administración, malversación y prevaricación
Admisión de la querella contra los dueños de EM&E
El Tribunal de Instancia de Madrid número 49, de Plaza de Castilla, ha admitido a trámite la querella de un accionista de Indra contra Ángel y Javier Escribano, los hermanos dueños de esta empresa de la industria de defensa que participa en contratos milmillonarios clave para las Fuerzas Armadas, como los Vehículos de Combate sobre Ruedas VCR 8×8 Dragón.
Así lo ha podido confirmar Confidencial Digital, que se puso en contacto con EM&E para recabar una versión oficial. La empresa decidió no hacer comentarios.
Acusaciones y delitos investigados
El accionista interpuso una querella por supuesto delito de prevaricación, malversación y fraude a la administración contra Alfonso Jiménez Palacios, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), contra Ángel Escribano, Javier Escribano y la propia mercantil Escribano Mechanical and Engineering SL, que ahora opera con la marca EM&E.
La querella denuncia irregularidades en la operación por la que EM&E vendió al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, organismo del Ministerio de Defensa, varios miles de respiradores durante la pandemia del coronavirus, cuando escasearon esos equipos fruto del colapso que sufrieron los hospitales por la llegada de contagiados por Covid-19 con síntomas respiratorios.
El juez considera que los hechos relatados en la denuncia “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s fraude en la Administración cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Sin embargo, no admite la querella respecto de los delitos de prevaricación y de malversación. Argumenta que “no se ha acreditado que los querellados sean funcionarios”.
Procedimientos judiciales y primeras diligencias
El juez acordó en un auto fechado el 29 de abril practicar varias diligencias. La primera es la toma de declaración a los querellados.
Los hermanos Ángel y Javier Escribano y el ex director del INGESA deberán declarar como investigados el 10 de junio a las 9:30.
Investigación del contrato de compra de respiradores
El magistrado que investiga esta querella también ha pedido al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que le remita la totalidad del expediente sobre la compra de respiradores a Escribano Mechanical and Engineering SL.
De igual forma se ha dirigido con un oficio a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, para que informe sobre la existencia de diligencias abiertas en relación a ese expediente de contratación. Le pide que, si existen esas diligencias, le envíe copia íntegra de la documentación que obra en las actuaciones.
Solicitudes de información a instituciones públicas
Al Ministerio de Sanidad le ha requerido para que informe sobre otros contratos celebrados en marzo-mayo de 2020 relativos al suministro del modelo de respirador VITAE-40 o modelos equivalentes, indicando el precio unitario y condiciones económicas aplicadas.
Sanidad y también el Instituto Nacional de Estadística (INE) deben remitir al tribunal datos estadísticos disponibles relativos a los fallecimientos por insuficiencia respiratoria y patologías asociadas al Covid-19 durante el periodo de marzo-junio de 2020, desglosados territorialmente, a efectos de valorar el contexto sanitario y las necesidades asistenciales existentes en aquel momento.
Detalles del contrato y posible incremento de precios
El accionista querellante ha llevado a los tribunales un asunto que lleva ya unos años siendo objeto de denuncias, críticas y, según han publicado algunos medios, pesquisas de la UDEF de la Policía Nacional.
En la querella apuntan al “acuerdo suscrito en fecha 10 de abril de 2020 entre INGESA y EM&E, a través del cual se dispuso el suministro por parte de EM&E de 5.000 equipos de respiración pulmonar portátil por un importe total de 36.054.007 euros, es decir, a un precio total de 7.210,80 euros por cada respirador”.
“Se ha podido tener conocimiento, como se acreditará en el cuerpo de la presente querella”, relata el accionista de Indra, “que tales respiradores fueron suministrados por la mercantil HERSILL S.L. (en adelante HERSILL) a EM&E a un importe de 1.714,64 euros por unidad, lo que supone que EM&E incrementó el precio facturado a INGESA en un total de 5.496,16 euros por cada respirador, lo que supone un incremento total de 27.480.800 euros, todo ello sin justificación aparente” y pudiendo haber incurrido en varios delitos.
Trayectoria y origen de EM&E
El escrito de la querella apuntó que la empresa familiar de los Escribano centró su actividad, desde sus orígenes, en la fabricación de componentes industriales, plataformas de estabilización y soluciones tecnológicas para entornos militares.
En las décadas de 1990 y 2000, su actividad estuvo dirigida principalmente al sector industrial-tecnológico, y que tenía “presencias muy modestas” en programas vinculados a la defensa nacional.
Destaca que hasta el año 2020 no consta que esta empresa “desarrollara actividad relevante en el ámbito sanitario ni que dispusiera de experiencia acreditada en la fabricación o comercialización de equipamiento médico hospitalario de alta criticidad, como lo son ventiladores pulmonares u otros dispositivos clínicos homologados, siendo su objeto y trayectoria empresarial ajenos al sector sanitario”.
Contexto del estado de alarma y características del contrato
El querellante repasa los detalles del contrato de suministro que firmaron el del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la empresa Escribano Mechanical and Engineering SL el 10 de abril de 2020.
España se encontraba entonces en estado de alarma, con la población confinada y con los hospitales desbordados por miles de contagiados por coronavirus.
El INGESA, dependiente del Gobierno de España, contrató el suministro de 5.000 respiradores modelo VITAE-40 o VITAE 40-19 por un precio unitario de 5.959,34 euros sin IVA, lo que según la querella determinó un importe total 36.054.007 euros.
Siempre según el escrito presentado en el tribunal, citando fuentes abiertas e investigaciones policiales, el modelo de respirador VITAE-40 “habría sido fabricado por la empresa especializada HERSILL”, entidad con experiencia previa en tecnología médica y dispositivos de ventilación hospitalaria”.
Pide investigar si es cierto que, como se ha publicado, el precio de venta de dichos respiradores por parte del fabricante (Hersill) a la entidad adjudicataria habría sido aproximadamente de 1.714,64 euros por unidad (IVA incluido), lo que supondría un coste total aproximado para 5.000 unidades de 8,6 millones de euros (IVA incluido).
Porque en ese caso “la diferencia entre el importe abonado por la Administración (36.054.007 euros) y el coste de adquisición al fabricante (en torno a 8,6 millones de euros) arrojaría un diferencial superior a 27 millones de euros”.
Es decir, acusa a Escribano de haber comprado los respiradores a 1.714,64 euros por unidad y habérselos vendido al Ministerio de Sanidad a 7.210,80 euros cada uno. De esa forma, señala la querella, habría obtenido 27 millones de euros de beneficio por esa operación.
Este accionista de Indra, que ha decidido querellarse contra el ex presidente de Indra y la empresa que poseyó parte del accionariado de Indra, pide investigar por qué si Hersill recibió “múltiples adjudicaciones públicas directas al propio fabricante durante el mismo periodo temporal”, en este contrato de respiradores “financiado con fondos públicos y tramitado por la vía de emergencia, se optó por introducir un intermediario en la cadena contractual, con el consiguiente incremento del precio final abonado por la Administración”.
Fraude a la administración, malversación y prevaricación
La querella planteó tres posibles delitos.
Consideró que los hechos relatados podían constituir un delito de fraude a la administración del artículo 436 del Código Penal, debido a que “en el presente caso, los hechos relatados permiten sostener, indiciariamente, que la adjudicación del Expediente Covid36 a EM&E pudo haberse articulado en condiciones económicamente perjudiciales para el erario público”.
En segundo lugar apreció un delito de malversación de caudales públicos, previsto y penado en el artículo 432.1 del Código Penal.
Argumentó este accionista de Indra que “la eventual fijación y autorización de un precio unitario de 7.210,80 euros por respirador, en el marco de un contrato de emergencia financiado íntegramente con fondos públicos, podría integrar indiciariamente la modalidad de administración desleal del patrimonio público prevista en el artículo 432 del Código Penal, si se acreditara que dicho precio resultaba manifiestamente desproporcionado respecto del coste real de adquisición o del valor razonable de mercado existente en el momento de la adjudicación”.
Por último, señaló al juez que se podría haber cometido un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.
“Si en fase de instrucción se acreditara que el precio fijado era manifiestamente desproporcionado respecto del coste real de adquisición o del valor razonable de mercado existente en ese momento, y que tal circunstancia era objetivamente cognoscible mediante un mínimo contraste técnico o económico, podría plantearse la eventual existencia de una resolución arbitraria en la determinación de las condiciones contractuales”, desarrolló.
Ya se ha indicado que en el auto del 29 de abril el juez no admitió la querella respecto de los delitos de prevaricación y de malversación (sólo por fraude a la administración) “porque no se ha acreditado que los querellados sean funcionarios”.
La acusación particular no ha quedado conforme con que el Tribunal de Instancia de Madrid número 49 sólo investigue un posible delito de fraude a la administración.
Por eso ha presentado un recurso de reforma contra el auto del juez.
Se muestra disconforme con que se descarten esos delitos por no ser los querellados funcionarios públicos.
Considera que la actuación del director del INGESA “resulta plenamente subsumible en el concepto penal de funcionario público”, al intervenir en el procedimiento de contratación.
