Cada 9 de mayo recordamos la Declaración de Robert Schuman como el acto fundacional del proyecto europeo. Este año, además, conmemoramos los 40 años de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea: cuatro décadas de integración que han permitido avances históricos en derechos laborales, paz y cohesión social. Pero Europa no se defiende únicamente celebrando su pasado. Se defiende demostrando, hoy, que sigue siendo el mejor instrumento para proteger la vida cotidiana de su ciudadanía.
Y esa utilidad está en cuestión. El modelo europeo atraviesa un punto de inflexión que pone en riesgo su propia razón de ser.
Europa vive una etapa de inestabilidad profunda. La guerra en Ucrania, la escalada de tensión en Oriente Próximo y la extrema volatilidad del escenario internacional tienen un impacto directo en los hogares: encarecimiento de la energía, presión inflacionista y pérdida de poder adquisitivo. A ello se suma la incertidumbre que generala deriva política de Estados Unidos. Liderazgos como el de Donald Trump, que cuestionan alianzas históricas y el propio multilateralismo. Europa no puede depender de decisiones externas imprevisibles, pero tampoco puede permitirse que su cohesión interna se fracture.
Porque el desafío no es solo geopolítico; es, ante todo, social y de clase.
Con preocupación asistimos a un giro del debate comunitario hacia una visión peligrosamente desequilibrada. Bajo la influencia de los informes Letta y Draghi, se consolida una agenda centrada casi exclusivamente en la competitividad, la industria y el retorno de las reglas fiscales, mientras el Pilar Social Europeo queda relegado a un segundo plano. Se presentan como “inevitables” decisiones que amenazan con tener un coste altísimo para la mayoría social.
Conviene decirlo con claridad: el regreso de la disciplina fiscal no puede convertirse en el eufemismo de una nueva etapa de austeridad que vuelva a descargar el ajuste sobre la clase trabajadora. Resulta especialmente preocupante que conceptos aparentemente amables, como la “simplificación normativa” o la “reducción de cargas administrativas”, se utilicen como caballos de Troya para justificar procesos de desregulación que no buscan mejorar las normas, sino debilitarlas.
En esa misma lógica se inscriben propuestas como el denominado “28.º régimen europeo”, que entraña un riesgo evidente de fragmentación legal. Facilitar marcos normativos a la carta permitiría a algunas empresas eludir convenios colectivos nacionales y fomentar el dumping social, erosionando décadas de avances en derechos laborales.
Este impacto social, además, no es neutro. Las brechas estructurales siguen atravesando el mercado de trabajo y los sistemas de protección social europeos. La brecha salarial de género, la penalización de las carreras laborales interrumpidas – que se traduce en pensiones más bajas – y la persistencia de los techos de cristal continúan marcando la vida de millones de mujeres. A ello se suma la situación de quienes sufren una precariedad reforzada por su origen, su orientación sexual o su identidad de género: personas migrantes y colectivo LGTBI concentran una parte desproporcionada del empleo precario, los salarios bajos y la inseguridad vital. No son desigualdades inevitables; son el resultado de un modelo que sigue tolerando la exclusión.
A estas amenazas se suman transformaciones tecnológicas aceleradas. El avance de la inteligencia artificial en los centros de trabajo, sin un marco normativo sólido ni participación sindical efectiva, puede traducirse en más precariedad: gestión opaca, intensificación del trabajo, sesgos discriminatorios y falsa autonomía.
Y, al mismo tiempo, la asfixia del coste de la vida. Mientras en Bruselas se habla de autonomía estratégica, millones de familias se enfrentan a salarios que no alcanzan y a un mercado inmobiliario desbocado. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad en Europa, castigando especialmente a la juventud y a las rentas medias y bajas. Sin políticas públicas ambiciosas de vivienda y una subida real de los salarios, la cohesión social será solo retórica.
Este deterioro de las condiciones de vida es el caldo de cultivo perfecto para las opciones políticas más peligrosas. El avance de la extrema derecha y de los liderazgos iliberales se alimenta del malestar material, ofreciendo soluciones simples – y falsas – a problemas complejos y erosionando derechos desde dentro. Ante las decisivas citas electorales que se avecinan de aquí a 2027 en países como Francia o España, no podemos permitirles ganar terreno.
El debate inminente sobre el presupuesto de la Unión Europea será una prueba de fuego. Reforzar la autonomía estratégica y la defensa puede ser necesario, pero no puede hacerse debilitando los fondos de cohesión ni frenando una transición ecológica que debe ser justa. Además, cualquier apoyo público a las empresas debe estar estrictamente condicionado: mantenimiento del empleo, salarios dignos y respeto absoluto de los derechos laborales. El crecimiento solo es legítimo si mejora la vida de las personas.
Europa necesita más industria, sí, pero mejor. Más tecnología, pero con derechos. Más seguridad, pero sin sacrificar el bienestar. La fortaleza de Europa no se medirá por su capacidad militar ni por los márgenes de beneficio empresarial, sino por su capacidad para garantizar trabajo digno y servicios públicos de calidad.
Defender Europa hoy significa, simple y llanamente, proteger a su clase trabajadora. Porque si Europa rompe ese pacto social, no solo será más débil en el mundo: será irreconocible para su propia ciudadanía.
Mari Carmen Barrera es secretaria de Políticas Europeas de UGT y miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE)
