El caso del profesor Miquel Roldán, actualmente docente en el CEIP Son Pisà tras una prórroga de su sustitución, continúa siendo el epicentro de la tensión educativa en estos momentos Baleares. En una intervención en el programa Al dia de IB3 Ràdio, su abogado, Pere Quetglas, ha defendido la postura legal de su cliente, cargando duramente contra la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Mallorca (FAPA Mallorca) y cuestionando el encaje jurídico de la futura reforma legislativa que busca apartar a docentes en su situación de las aulas.
Quetglas ha comenzado su intervención queriendo matizar la naturaleza de la condena de su representado. Según el letrado, existe un error de concepto en el relato público, subrayando que «Miquel no está condenado por acosar a un alumno, sino a un exalumno». Con esta precisión, la defensa intenta desvincular el delito del ámbito estrictamente académico, recordando que el afectado no estaba bajo la tutela directa de Roldán en el momento de los hechos juzgados.
Críticas a la FAPA por el conflicto en Son Pisà
Uno de los puntos más polémicos de la entrevista ha sido la acusación directa de Quetglas hacia la FAPA. El abogado sostiene que esta organización está utilizando el conflicto escolar para desgastar a la Conselleria de Educación y Universidades debido a su falta de sintonía política. «Aquí hay una instrumentalización total y absoluta de las familias. La FAPA ha encontrado aquí un filón para salir cada día en los medios», ha aseverado.
Según el abogado, la paralización de centros como Son Pisà no es responsabilidad del docente, sino de quienes alientan las protestas. En este sentido, ha revelado que han intentado sin éxito sentarse a dialogar con los representantes de las familias: «Hemos pedido una reunión con esta federación dos veces y se nos ha negado porque no interesa».
El debate
Ante la reforma de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia (LOPIVI) anunciada por el Gobierno, que pretende cerrar el vacío legal que permite a personas en la situación de Roldán seguir ejerciendo, la defensa se muestra escéptica pero firme en los principios jurídicos. Quetglas ha recordado que el derecho penal español se rige por normas muy estrictas sobre la aplicación de leyes en el tiempo.
«La retroactividad de una norma sancionadora es un principio básico. Siempre se ha de aplicar la norma más favorable al condenado», ha explicado el letrado. Bajo esta premisa, la defensa sugiere que, incluso si la nueva ley se aprueba, podría no afectar a la situación actual de Roldán debido a que los hechos por los que fue condenado ya han sido juzgados bajo un marco normativo que no incluía su inhabilitación profesional.
Derecho a la rehabilitación
El abogado también ha defendido el derecho de su cliente a no renunciar a su puesto de trabajo a pesar del clima de hostilidad. Aunque reconoce que la situación personal de Roldán es «complicada», apela al principio de reinserción. «Si no le dejan ejercer su función, le están diciendo que no tiene derecho a rehabilitarse», ha afirmado, añadiendo que no se le puede exigir un «acto de generosidad» para que renuncie a un derecho que los tribunales no le han quitado.
Finalmente, el letrado ha rechazado que la presión de las familias deba influir en las decisiones técnicas de la Conselleria, advirtiendo de que cualquier cese forzoso sin base legal firme podría suponer un delito de prevaricación por parte de la administración. «Nosotros jugamos con leyes, no puedo jugar con sentimientos ni con empatías», ha sentenciado, reafirmando que Roldán seguirá agotando todas las vías de impugnación legal para mantener su carrera docente.
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