El Gobierno se abre a negociar la cesión a Galicia del pazo de Meirás. Así se lo hace saber al BNG en una respuesta por escrito en la que condiciona esta transferencia a lo que decida la comisión de coordinación creada en 2021, de la que forman parte la Administración General del Estado, la Xunta, la Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña.
El Estado evita avanzar su postura en lo relativo a la transferencia de As Torres bajo la fórmula de la cesión modal y tampoco se pronuncia sobre otras demandas del BNG, como la gestión compartida de la antigua residencia estival del dictador entre Gobierno, Xunta y Concello de Sada o su resignificación con usos relacionados con la memoria histórica y la vida y obra de Emilia Pardo Bazán. Todos estos extremos, así como los usos a los que se destinen finalmente As Torres, serán decididos por la comisión, se limita a responder.
A pesar de su carácter vago y escueto, la respuesta tiene relevancia. Especialmente, porque el Gobierno dará voz en estas negociaciones a todas las administraciones en lugar condicionar la posible cesión del pazo de Meirás a un acuerdo bilateral con la Xunta. La respuesta estatal confirma indirectamente la continuidad de la comisión de coordinación creada en 2021 para la gestión de As Torres, un órgano que constituido para gestionar conjuntamente As Torres hasta contar con una sentencia firme sobre la titularidad.
Gestión y usos, las claves del debate
El pazo de Meirás lleva desde 2021 en un impás administrativo, un paréntesis en el que apenas se han producido avances sobre su gestión y usos, decisiones que el Estado dejó sobre la mesa hasta disponer de una sentencia firme sobre su titularidad. Y ese fallo ya ha llegado. El pasado 29 de abril, la Audiencia provincial dictó una diligencia de ordenación para declarar la firmeza de la sentencia del Tribunal Supremo que decreta que As Torres son propiedad del Estado, aunque con la obligación de indemnizar a los Franco por los gastos invertidos en la mejora y mantenimiento de este inmueble desde 1975 hasta 2020.
Finalmente, el Gobierno no ha interpuesto ningún incidente contra el fallo, por lo que el juzgado abrirá ahora una pieza separada para la liquidación del estado posesorio, procedimiento el que se fijará en el importe de la cuantía que percibirán los descendientes del dictador. Según explicaron expertos, los Franco deberán presentar una propuesta que deberá avalada con documentación acreditativa y que se trasladará a la Administración General del Estado para que la examine y alegue lo que considere oportuno. Aquellas partidas que las partes entiendan acreditadas se aceptarán y en el resto de los casos, el juez tendrá la última palabra. El magistrado examinará las pruebas y, en caso de dudas, podrá solicitar el asesoramiento de un perito. Todo apunta a que se discutirá cada factura. Los Franco ya han avanzado su intención de reclamar mucho más que los 800.000 euros esgrimidos en el juicio.
La apertura total, sin fecha
A pesar de que una sentencia firme ratifica que el pazo de Meirás es propiedad del Estado, todavía no hay fecha para la apertura total de este Bien de Interés Cultural al público. En la actualidad las visitas a este espacio, en trámites de ser declarado lugar de memoria, se limitan a los jardines, el hall y la capilla, a la que solo se permite asomarse. El Ejecutivo justificó esta parquedad de los itinerarios por la necesidad de acometer obras para garantizar la seguridad.
