El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha sugerido en una entrevista que la Sala Segunda del Supremo que le condenó a dos años de inhabilitación, por filtrar información confidencial de la pareja de Ayuso, concentra demasiado «poder».
Y ha comparado su sentencia con la «muerte civil» que se dictaba en Roma, ha dicho, a la espera de que el Tribunal Constitucional revise el recurso que presentó para anularla.
«El poder de la Sala Segunda es muy importante», ha afirmado en una entrevista con Jordi Évole en La Sexta, «tiene casi el control de los poderes del Estado, incluida la propia Presidencia del CGPJ». Algo que considera un «desequilibrio».
A su juicio, «los poderes del Estado no pueden estar concentrados en una sola Sala, que instruye, es única instancia y dicta sentencia».
Aunque esto es así únicamente para los altos cargos del Estado que tienen la condición de aforados.
García Ortiz fue juzgado por esta Sala, precisamente, porque decidió no dimitir como fiscal general del Estado y se sentó en el banquillo ocupando dicho cargo.
En su entrevista con Évole, ha asegurado que, pese a las «dudas razonables» que albergó al conocer su imputación, decidió no renunciar porque habría dejado a la institución en una situación de vulnerabilidad.
«Pensar que por una denuncia de un particular tenía que dejar el puesto me parecía ceder y dar una sensación de debilidad institucional», ha indicado.
Pero ha añadido un segundo motivo: su dimisión habría sido interpretada, de algún modo, como un reconocimiento de su culpabilidad.
«Si hubiera dimitido, le hubieran exigido al presidente [del Gobierno] su dimisión«, ha dicho ante Évole.
El exfiscal general ha reconocido también que le «perseguirá toda la vida» la frase que Pedro Sánchez pronunció en una entrevista, tras llegar a la Moncloa: «¿Y la Fiscalía de quién depende? Del Gobierno, pues ya está«.
«Esa frase me va a perseguir toda la vida, no sólo a mí sino a todos los fiscales de este país», ha reconocido. Pero ha aclarado que las palabras de Sánchez «no se corresponden con lo que dice la Ley», que «blinda» la independencia de la Fiscalía.
A lo largo de dos horas, García Ortiz ha repasado todo el proceso que se inició cuando el Supremo admitió a trámite la querella que había interpuesto contra él Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por filtrar a los medios un correo electrónico confidencial de su abogado.
El exfiscal general ha asegurado que en un principio ni siquiera sabía quién es González Amador: «No leo la prensa del corazón, ni me interesa quiénes son las parejas sentimentales de nadie«.
Aunque si salió a la luz la denuncia que la Agencia Tributaria había interpuesto contra el empresario por presunto delito fiscal, era precisamente por su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
A preguntas de Évole, García Ortiz ha justificado que borrara todos los mensajes de su teléfono móvil el mismo día que el Supremo le notificó su imputación.
«Tengo todo el derecho del mundo a borrar el contenido de mi teléfono», ha afirmado, «puedo hacer con mi intimidad y mis mensajes lo que yo quiera«.
Porque, ha insistido, llevaba a cabo este borrado de forma periódica, dado que su dispositivo contenía «información ultrasensible».
«Yo me comunico fundamentalmente por WhatsApp», ha explicado. Por este canal le llegaban «escritos de acusación, borradores, causas secretas que conoce el fiscal general. Si mi teléfono cae en malas manos».
Por eso tomó una determinación: «Lo borro, y bien borrado está».
La Sala del Supremo que lo condenó valoró como un indicio de su culpabilidad el hecho de que borrara de su móvil las posibles pruebas de la filtración.
Al respecto, se ha mostrado tajante: «No podemos dividir entre el buen ciudadano que guarda sus mensajes y los pone a disposición de la Policía para demostrar que es inocente, y el mal ciudadano que los borra». Algo que a su juicio resultaría «totalitario».
Además, ha asegurado, jamás habría imaginado que el juez instructor Ángel Hurtado ordenara a los agentes de la UCO registrar su despacho (algo que le pareció «casi delirante») e incautar su teléfono móvil en busca de las pruebas de la filtración.
Jordi Évole ha desplegado a lo largo del programa todo tipo de artificios para intentar desacreditar a los siete magistrados de la Sala del Supremo que condenaron al exfiscal general.
Ha llegado a sugerir que Manuel Marchena votó a favor de la condena a García Ortiz a sabiendas de que era inocente pues, según la «rumorología», un periodista le había contado en privado quién había sido realmente el autor de la filtración.
Évole también ha presentado la decisión de Marchena como una suerte de venganza contra el Gobierno, por haber concedido la amnistía a los políticos independentistas condenados por el 1-O.
García Ortiz ha evitado entrar en ese tipo de especulaciones: «No puedo hacer ficción introduciendo una hipótesis», ha dicho, «tengo el máximo respeto a la labor del juez».
El exfiscal general ha reconocido que tiene «sospechas» del origen real de la filtración por la que fue condenado: «Creo que hay más de una filtración, más de una fuente», ha aseverado, «una vez una filtración se produce está absolutamente descontrolada, es imposible saber de dónde viene».
Évole también ha indagado si se propone dar el salto a la política. Por ejemplo, ha sugerido, «si Pedro Sánchez le ofreciera ser número uno de la lista [del PSOE] por Pontevedra«.
García Ortiz ha afirmado que no se plantea de momento tal posibilidad, ni el salto al ejercicio privado de la Abogacía: «No lo veo, nadie me ha insinuado».
«Estoy en un periodo de duelo, tengo que reflexionar mucho, digerir todo esto que ha pasado», antes de tomar una decisión así.
