El posible concurso de acreedores de Tubos Reunidos pone en juego el control de la compañía. La siderúrgica vasca —cuyos principales acreedores son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y un sindicato bancario en el que figuran el Banco Santander, BBVA y el Banco Sabadell— podría dejar el 95% de su capital en manos de sus acreedores si la compañía no logra refinanciar su deuda. Esto se debe a un mecanismo aprobado en 2019 y aún vigente, lo que permitiría a los accionistas convertir una parte relevante de su deuda convertible en capital.
La documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), establece que, en uno de los escenarios, los accionistas conservarían un 5% del capital, mientras que el 95% restante correspondería a los acreedores de los tramos convertibles. Esto depende de la deuda que siga en circulación desde 2019. El accionariado de Tubos Reunidos está formado por un puñado de inversores individuales, entre ellos Joaquín Gómez de Olea y Mendaro (6%), así como entidades como BBVA (5,21%) y grupos de accionistas relevantes como el Grupo Zorrilla-Lequerica Puig (10,26%).
Tensión financiera
Tubos Reunidos ha vivido un fuerte castigo bursátil este lunes —con caídas de hasta el 40% en el punto álgido de las ventas— tras las informaciones sobre un posible concurso de acreedores que podría producirse a partir de mayo. La compañía no ha confirmado oficialmente esa posibilidad y trasladó al comité de empresa en Álava (País Vasco) este mismo lunes que «no se ha decidido nada».
Entre los escenarios contemplados hace siete años, el grupo planteó “intercambiar la deuda por un porcentaje fijo del capital” a un precio fijo o variable, para hasta el 95% del capital social del grupo. La conversión de esta deuda a capital se activaría si la compañía no logra refinanciar su deuda o entra en una situación concursal, lo que obligaría a los acreedores principales a aceptar títulos de la empresa en lugar de pagos en efectivo.
En 2019, antes de la entrada de la SEPI, los principales tenedores de estos instrumentos de deuda eran el Banco Santander (24,5%), BBVA (14,3%), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) (9,6%), el Banco Sabadell (7,7%) y Kutxabank (7,6%), según estimaciones a partir de los tramos convertibles. No fue hasta 2021 que la SEPI rescató a Tubos Reunidos a través de su Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), con un importe de 112 millones de euros.
La deuda de la compañía de acero con sede en Álava (País Vasco) asciende hasta los 263 millones de euros al cierre de 2025. El préstamo de la SEPI equivale alrededor de 43% de esta cifra, aunque algunas informaciones elevan esa exposición vinculada a la SEPI a unos 150 millones, más de la mitad del total.
Dudas sobre continuidad
EY, la auditora de la empresa vasca, ha señalado «dudas significativas» sobre la capacidad de Tubos Reunidos para continuar como una empresa en funcionamiento. Las alertas en el informe de auditoría llegan después de que la compañía cerrara el último ejercicio con una deuda neta de 263 millones de euros y tras un ajuste de plantilla. El grupo ejecutó un Expediente de Regularización de Empleo (ERE) en febrero de este año que afecta al 22% de su plantilla.
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