Un mes y una semana después de la dana, la titular del juzgado de Instrucción 3 de Catarroja emprendió la investigación que, como se preveía, acabaría resultando en la macrocausa más compleja y voluminosa de los últimos tiempos. La instructora Nuria Ruiz Tobarra, del partido judicial con más víctimas mortales, epicentro de la tragedia, asumió las pesquisas desde principios de diciembre de 2024 y allí se aglutinaron todas las diligencias penales. El balance año y medio después del desastre es de envergadura: con más de 35.000 folios, 650 interrogatorios y casi 50 acusaciones personadas, las pesquisas han sacado a la luz importantes detalles sobre lo ocurrido aquella jornada y el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es ahora mismo uno de los protagonistas mientras la titular del juzgado, centrada en exclusiva a esta causa gracias al refuerzo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hace frente a quejas de los investigados por presuntas faltas procedimientales.
El sumario cuenta ya con 56 tomos de 35.000 folios notificados a las partes. Y subiendo. El denso expediente encierra, en realidad, una madeja que poco a poco se ha ido desentrañando desde que se presentaran las primeras querellas y que apunta a presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes.
La jueza empezó preguntando a Emergencias por el responsable del aviso masivo a través del ES Alert y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por el estado de las presas y cauces. Y en todo este tiempo, las indagaciones han sido constantes a partir de la información que se iba recabando, bien de informes oficiales o gracias a las testificales prestadas.
Más de 140 autos
En total, se cuentan más de 140 autos emitidos por Ruiz Tobarra donde se libran todo tipo de disputas internas en la causa: impulsar o frenar vías de investigación, requerir una u otra información a las administraciones, citar o no a determinados testigos, decidir la incorporación de víctimas o acusaciones… Al fin y al cabo, quién pregunta, qué se pregunta, cómo se pregunta y a quién son factores determinantes en la tutela de una instrucción, que en este caso la jueza ha centrado en el aviso tardío a través del sistema ES Alert y la información que tenían los responsables de la emergencia, los dos investigados: la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha avalado casi todas las decisiones importantes de la magistrada.
Primera fase
En una primera fase, la instrucción giró en torno a lo sucedido el día de la catástrofe en el centro de coordinación de emergencias de l’Eliana, donde no solo está la sala del 112 y la sala de mando sino también el Cecopi, que dirigió la entonces consellera. La actuación de los técnicos y responsables y las comunicaciones entre Emergencias y la CHJ y la Aemet ha sido analizada al dedillo mientras la figura del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, cuya actuación aquella tarde se ocultó durante muchos meses, sobrevoló los interrogatorios de dirigentes políticos. Fue cerca del aniversario de la tragedia cuando la jueza se sintió amparada para indagar en la actuación del exjefe del Consell después de que la Audiencia le permitiera citar a la periodista que comió con él, Maribel Vilaplana.
Sería la primera de muchas diligencias que han salpicado a Mazón pese a que, por su condición de aforado -todavía es diputado-, solo puede estar investigado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV): los interrogatorios a su núcleo duro, a sus chóferes e incluso al dueño del Ventorro, así como las averiguaciones sobre cómo era el reservado donde comió, la factura de la cita o incluso el ticket del parking donde Vilaplana salió con su vehículo. Una línea investigadora que culminó con la exposición razonada elevada por la magistrada al TSJCV para que imputara al expresident.
Su sonoro rechazo hizo que la instructora decidiera citarlo como testigo mientras que él, denunciando que se le sigue investigando sin posibilidad de defensa y con el blindaje del alto tribunal, busca hacerlo con las garantías de un ‘preinvestigado’, como acudir con abogado, evitar preguntas o mentir en defensa propia. Así pues, mientras la jueza sigue tomando declaraciones y preguntando por la actuación de bomberos forestales o agentes medioambientales, el foco mediático está puesto en el extitular del Consell y su futuro encaje dentro de la causa, que decidirá la Audiencia Provincial.
Han comparecido más de 520 personas
Hasta la fecha han comparecido, entre perjudicados y testigos, más de 520 personas ante la jueza, que tiene en la ‘nevera’ más de 120 interrogatorios pendientes. Entre ellos destacan altos cargos del Gobierno Valenciano, como la vicepresidenta Susana Camarero o la exportavoz del Consell, Ruth Merino, alcaldes y exalcaldes de 27 localidades afectadas, trabajadores del departamento de Emergencias, y decenas de bomberos forestales o técnicos de la CHJ, muchos de ellos todavía sin fecha para declarar. Asimismo, hasta finales de abril estaban citados 24 afectados, según los datos recabados por Levante-EMV.
En los casi 17 meses de instrucción se han llegado a personar 47 acusaciones, entre particulares -en representación de víctimas- y populares. Y en este último grupo entran partidos como el PSPV, Vox, Podemos, Ciudadanos o Valores, dos asociaciones de víctimas, otras como la Asociación Valenciana de Agriculturoes (AVA), sindicatos –Intersindical y CGT-, y entidades como Hazteoir y Liberum. Estas dos, por cierto, desistieron de sus acusaciones en plena Semana Santa tras intentar sin éxito imputar responsabilidades a representantes del Gobierno central. Cabe recordar además que la gran cantidad de acusaciones hizo que los dos investigados pidieran la acumulación para asegurar la «igualdad de armas» en el procedimiento, algo que rechazó la jueza y ratificó la Audiencia.
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