El juez Joaquim Bosch, exportavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, analiza en profundidad el impacto de la corrupción en el sistema democrático español en su último libro, ‘La corrupción en España: un problema enquistado’, escrito junto a Fernando Jiménez, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia y uno de los mayores expertos españoles en corrupción política y financiación de partidos.
-¿De dónde nace la corrupción en España?
-En España la corrupción existe desde tiempo inmemorial, pero las dinámicas actuales arrancan durante el franquismo en ámbitos como el urbanismo, el sector turístico, la adjudicación de obra pública, los contratos públicos de suministros y otras esferas administrativas. Y esta línea de corrupción, en términos generales, se ha mantenido hasta la actualidad.
-¿Y somos más corruptos ahora que antes?
-La corrupción en el franquismo estaba absolutamente generalizada y, además, sin ningún tipo de control. Al llegar la democracia hubo continuidades importantes por cómo se configuró nuestro sistema de partidos, sus necesidades de financiación y los incentivos que se mantuvieron. Afortunadamente, ahora hay más controles y más mecanismos de vigilancia y, por eso, la corrupción en la etapa democrática ha sido inferior, pero, en el ámbito estrictamente de la corrupción política, estamos en los niveles más elevados de la Unión Europea.
-¿Tiene solución?
-La corrupción tiene solución si los principales partidos empiezan a adoptar las reformas estructurales necesarias, como las que han tenido éxito en las democracias europeas más avanzadas. Si tenemos unos niveles de corrupción política tan implantados se debe a que las principales fuerzas políticas no han tenido voluntad suficiente de acabar con ella.
«La corrupción en el franquismo estaba absolutamente generalizada y, además, sin ningún tipo de control»
-¿Quién tiene más responsabilidad: los políticos, los jueces o los ciudadanos?
-Son niveles distintos de posible participación en la toma de decisiones. La ciudadanía tiene su parte de responsabilidad a la hora de elegir a sus representantes y de plantear exigencias éticas en el ámbito público. El Poder Judicial tiene que aplicar las leyes que permiten perseguir la corrupción. Pero no olvidemos que la corrupción que llega a los juzgados es únicamente la punta del iceberg. En cambio, los políticos tienen las máximas atribuciones para reformar leyes y adoptar decisiones en los ámbitos gubernativos que permitan acabar con estas patologías institucionales. La corrupción no es un conjunto encadenado de escándalos, como a veces puede parecer, sino que es un síntoma de las fuertes debilidades institucionales que tiene nuestra democracia.
-¿Y son más corruptos los hombres o las mujeres?
-Los datos objetivos nos muestran con claridad que hay muchísimos más hombres condenados por corrupción que mujeres, tanto en España como en otras partes del mundo. La corrupción es especialmente cosa de hombres, lo cual no significa que no pueda haber mujeres corruptas, que las ha habido y han sido condenadas. Pero muy pocas. Además, hay una mirada desde la igualdad que nos demuestra que los países con mayores niveles de paridad e igualdad en las instituciones, en los gobiernos y en los parlamentos son también los que registran los niveles más bajos de corrupción.
Joaquim Bosch, en la Ciudad de la Justicia de València. / Miguel Ángel Montesinos
-Usted escribió el libro ‘Jaque a la democracia’. ¿Es la corrupción el jaque mate a nuestro sistema de derechos y libertades?
-La corrupción es uno de los principales problemas de nuestro sistema democrático porque genera indignación ciudadana y distanciamiento respecto a nuestros organismos públicos. Si quienes ocupan cargos de poder toman decisiones para beneficiar intereses económicos ilícitos o delictivos, la ciudadanía puede acabar pensando que, en realidad, la democracia es una farsa y que todos van a lucrarse y aprovecharse del cargo. Muchas embestidas contra la democracia se fundamentan en el argumento falaz de que todo es una mentira, de que todos los políticos son iguales y de que, por tanto, una dictadura siempre será mejor que lo que nos ofrece la democracia. Eso es falso, pero es cierto que debemos cuidar la integridad pública para no debilitar nuestro sistema democrático.
«La corrupción no es un conjunto encadenado de escándalos, sino que es un síntoma de las fuertes debilidades institucionales que tiene nuestra democracia»
-Al exministro Ábalos le han caído 24 años de prisión por corrupción. ¿Qué opinión le merece esta sentencia?
-La sentencia condenatoria contra Ábalos se basa en un abundante material probatorio que demuestra que el exministro obtuvo beneficios delictivos y practicó todo tipo de tratos de favor y abusos de poder. Esta condena demuestra que la corrupción debe tener necesariamente consecuencias para los corruptos, pero, al mismo tiempo, pienso que es un caso que ha evidenciado una vez más las debilidades, insuficiencias y fallos de nuestro sistema institucional, que han permitido la práctica de actividades delictivas y la continuidad de tramas corruptas de este tipo.
-Que el tercero en discordia de esta corruptela, Víctor de Aldama, salga indemne no debe ayudar mucho, ¿no?
-Digamos que, en relación con Aldama, el fallo de la sentencia tiene elementos que pueden ser discutidos. Apuesta por una interpretación en materia de confesión y colaboración con la justicia que conduce a una atenuante muy cualificada. Ello implica que, en algunos delitos, la pena pueda reducirse en dos grados. Es una reducción muy sensible que puede acabar generando una sensación de impunidad en la ciudadanía para alguien que, según la sentencia, corrompió a cargos políticos y activó toda la maquinaria corrupta desde el ámbito empresarial. Me parece discutible, tanto jurídica como socialmente, si los incentivos para quien confiesa pueden llegar hasta el extremo de que no exista ninguna consecuencia penal importante para él.
-Hay mucha controversia estos días sobre las actuaciones de algunos jueces y el alcance de su poder. ¿Qué opina de la retirada del pasaporte a Begoña Gómez por parte del juez Peinado?
-La retirada del pasaporte a Begoña Gómez presenta aspectos problemáticos desde el punto de vista jurídico porque puede entrar en colisión con la jurisprudencia que indica que, en supuestos de intenso arraigo familiar, personal y social, no existe riesgo de fuga que justifique medidas cautelares de este tipo. Esa jurisprudencia fue aplicada correctamente en el caso de Zapatero y el propio juez instructor del caso de Begoña Gómez, ante una petición similar formulada anteriormente, ya había manifestado que el arraigo de la esposa del presidente del Gobierno no hacía posible apreciar ese riesgo de fuga.
«En España, la cúpula judicial está muy expuesta a las injerencias de los principales partidos»
-¿Y quién controla al controlador?
-En un Estado de Derecho existe un sistema de pesos y contrapesos, así como mecanismos de vigilancia institucional, que permiten que los propios órganos judiciales examinen la actuación de los juzgados y tribunales inferiores. Lo que ocurre es que, para que esto sea viable y no existan dudas sobre el funcionamiento del Estado de Derecho, resulta esencial que la cúpula judicial esté configurada con los máximos niveles de imparcialidad. Lo que nos dicen los organismos europeos es que, en España, la cúpula judicial está muy expuesta a las injerencias de los principales partidos, y eso es lo que genera problemas sobre la apariencia de imparcialidad.
-La corrupción afecta a partidos políticos, administraciones públicas, empresas e incluso a la propia Corona. ¿Hay alguna institución española que se libre de ella?
-En términos generales, nuestro sistema institucional está muy afectado por estas prácticas. Tenemos una corrupción muy instalada en nuestras instituciones y es comprensible que esto alcance desde la Jefatura del Estado, con el rey emérito, hasta cargos políticos de distintas fuerzas, pero también a representantes del mundo empresarial y de otros ámbitos. Esto nos demuestra que deberíamos acometer cambios muy importantes en los sistemas de vigilancia, que son los que fallan con demasiada frecuencia. Por poner un ejemplo, en casi todas las causas de corrupción hay cargos procedentes de la fontanería de los partidos en empresas públicas o mixtas, o como asesores en ministerios y otros organismos públicos, que acceden a puestos que deberían ocuparse con criterios de mérito y capacidad. En España hay decenas de miles de cargos de este tipo en una situación que no tiene equivalente en ningún otro país europeo. Creo que cambiar estas cosas es fundamental para avanzar en la lucha contra la corrupción.
-¿Y cuál es la gran mentira que los ciudadanos nos contamos sobre la corrupción?
-Pienso que una gran mentira es creer que todos son iguales o que todos los políticos son corruptos. La gran mayoría de los políticos son personas honradas que buscan el bienestar de la población. Pero hay una minoría que no es pequeña; no son cuatro manzanas podridas, son más de cuatro, más de cuarenta, más de cuatrocientas y más de cuatro mil personas las que pueden cortocircuitar la normalidad de un sistema democrático. Por eso creo que hay que ser ecuánimes: no castigar a la democracia más de lo necesario con generalizaciones absurdas, pero sí ser muy exigentes con esa minoría relevante.
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