La defensa de una educación inclusiva ha vuelto a tomar protagonismo en Andalucía con una nueva movilización en Málaga de familias con hijos e hijas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). La concentración, impulsada por colectivos como la plataforma Neurodiverso, ha reunido a decenas de madres y padres que denuncian una situación que califican de “insostenible” en los centros educativos públicos.
Así, las familias reclaman más recursos humanos, ratios adecuadas y la presencia estable de profesionales especializados como orientadores, maestros de Pedagogía Terapéutica o especialistas en Audición y Lenguaje. Según han explicado, la falta de estos perfiles está dificultando gravemente la atención al alumnado, generando retrasos en diagnósticos, intervenciones insuficientes y una sobrecarga constante en el profesorado.
Por ello, durante la protesta han insistido en que “Estamos hablando de derechos básicos”, en la que también han denunciado que se ven obligadas a recurrir a servicios privados para cubrir necesidades educativas esenciales. Terapias, apoyo psicológico o refuerzo educativo suponen un coste mensual que no todas las familias pueden asumir, lo que agrava las desigualdades.
La movilización pone el foco en una realidad que, según los colectivos convocantes, no es puntual, sino estructural. Aulas con ratios elevadas, especialistas que atienden a decenas de alumnos o centros que carecen de equipos completos son algunos de los problemas que se repiten en distintos puntos de Andalucía.
Las izquierdas andaluzas presentes en la movilización
A estas críticas se ha sumado el Grupo Municipal Socialista en Málaga, que también ha participado en la movilización y ha acusado a la Junta de “maquillar cifras” sobre la atención al alumnado con necesidades especiales. El concejal Rubén Viruel ha advertido de que, aunque la administración sitúa la ratio media en 12,7 alumnos por especialista, los datos reales elevan esa cifra a unos 21 estudiantes por profesional.
Además, ha recordado que muchos menores requieren la intervención de varios especialistas, como PTIS, docentes de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje, lo que agrava aún más la falta de recursos. “La educación es un derecho y tener que pagar por un derecho es intolerable”, ha señalado, denunciando que algunas familias llegan a asumir costes de hasta mil euros mensuales en servicios privados.
En la misma línea, el candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, ha endurecido el tono al asegurar que la situación está generando una auténtica “revolución de niños en las aulas” por la falta de atención a la diversidad. Durante la protesta, ha acusado al Gobierno andaluz de impulsar un modelo que “convierte derechos en privilegios” y ha denunciado que muchas familias “se están convirtiendo en psicólogos, orientadores o abogados” ante la falta de respuesta institucional. Alba ha reclamado más personal especializado, la bajada de ratios y el refuerzo de la escuela pública, advirtiendo de que, si no se actúa, “se está comprometiendo el futuro de generaciones enteras”.
En este contexto, el candidato de Adelante Andalucía por Málaga, Luis Rodrigo, ha denunciado también lo que considera una “crisis profunda” en la atención a la diversidad dentro del sistema educativo andaluz.
A su juicio, el problema no es solo educativo, sino también social, al limitar el desarrollo personal y profesional de este alumnado. Del mismo modo, el candidato ha sido especialmente crítico con las ratios actuales y la organización de los centros: “No puede ser que un especialista en Audición y Lenguaje tenga que atender a 50 niños o que un maestro de Pedagogía Terapéutica supere los 70. Eso no es un centro completo”, ha afirmado.
Huelva se suma a las protestas con el respaldo del PSOE-A
Asimismo, ayer Huelva acogió otra protesta similar en la que también participaron decenas de familias. En este caso, la vicesecretaria general del PSOE-A y candidata por la provincia, María Márquez, respaldó las reivindicaciones y cargó contra la gestión de la Junta.
Por tanto, Márquez defendió que “la educación tiene que ser inclusiva” y denunció que el sistema actual no garantiza los derechos del alumnado con necesidades especiales. La dirigente socialista puso el acento en el esfuerzo económico que están asumiendo muchas familias, obligadas a pagar de su bolsillo servicios como psicólogos o logopedas.
