En Italia, país donde la política ha ofrecido en el pasado tantos espectáculos, puede que este viernes se haya asistido a una nueva función política. Ese fue el guion de la jornada: primero, el Congreso —controlado por la mayoría de Giorgia Meloni— aprobó un decreto que incluía incentivos económicos para abogados capaces de convencer a sus clientes migrantes de aceptar la repatriación voluntaria. Y, menos de una hora después, el Consejo de Ministros —en una reunión relámpago de apenas 11 minutos— presentó otro decreto para desactivar, en su parte esencial, la controvertida enmienda.
La razón era sencilla: tal como estaba redactada, la enmienda sobre los abogados resultaba inconstitucional y el presidente de la República, Sergio Mattarella, no estaba dispuesto a ratificarla. Además, el reloj corría en contra, ya que el decreto en cuestión debía de ser aprobado antes del sábado. De ahí, la solución: un apaño de urgencia.
En concreto, la nueva versión introduce matices relevantes en la compensación: amplía los beneficiarios a mediadores y asociaciones, no solo a abogados, y contempla el pago incluso si la repatriación no se completa. Con ello, se encarga al Ministerio del Interior la definición de criterios aún por concretar, mientras persiste otra incógnita: de dónde saldrá la financiación en un contexto de presión sobre las arcas públicas.
Críticas
En este marco, la oposición italiana ha cargado con dureza contra el nuevo decreto de seguridad, al que califica de improvisado e ineficaz. El diputado Angelo Bonelli ha denunciado que se trata de una medida propagandística y sostiene que, lejos de mejorar la situación, las políticas debilitan la seguridad.
De hecho, más allá de la controversia política, el decreto se estructura en tres grandes áreas. La primera endurece la regulación sobre armas impropias y violencia juvenil, con restricciones a la venta de objetos peligrosos y posibles sanciones a los padres. El segundo eje se centra en el orden público, introduciendo registros inmediatos y retenciones policiales y ampliando el uso de pruebas audiovisuales, medidas que han generado críticas entre organizaciones civiles. Por último, el texto refuerza la prevención urbana, otorgando a los prefectos la capacidad de delimitar zonas con vigilancia reforzada y restringir el acceso a personas consideradas peligrosas, incluso menores en algunos casos.
