El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reconoce que ha aumentado un 42% las partidas a la sanidad privada solo en el último año. Así lo asume el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid en respuesta a una pregunta planteada por el PSOE de la Autonomía (PSOE-M).
La administración Sol justifica esta decisión manteniendo que el porcentaje sería mucho mejor, del 8,5%, si se descuenta la regularización por las liquidaciones de ejercicios anteriores que incluyen sentencias judiciales. Sin embargo, la afirmación no es del todo cierta, ya que se paga asimismo por sentencia judicial.
Con la entrada del nuevo viceconsejero de Sanidad en el verano de 2021, se produjo un cambio de criterio y la administración regional dio millones de euros a la sanidad privada sin que la Justicia pudiera revisar si procede o no al existir un “allanamiento implícito parcial”.
Sea como fuere, los gastos se corresponden con gastos opacos a ojos de la oposición, y con prestaciones sanitarias por parte del Gobierno de la región. Lo que está claro es que la administración de Sol riega con dinero a la sanidad privada mientras la pública mantiene sus necesidades.
71 millones de euros
De hecho, el Tribunal de Cuentas investigará los 71,6 millones de euros que la Comunidad de Madrid ha concedido a las empresas sanitarias. En una providencia a la que tuvo acceso ElPlural.com, el órgano indicaba que iniciaba una “pieza de acción pública” en la que daba la opción a la diputada Mar Espinar (PSOE), a su vez portavoz socialista en la Asamblea, de personarse en el caso “para exigir la responsabilidad contable” a la Puerta del Sol.
La responsable del partido de Óscar López en la Cámara madrileña pedía un análisis exhaustivo de los movimientos por “un presunto menoscabo de fondos públicos originados en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada”.
Todo parte de una información publicada por Eldiario.es, basada en un documento interno que demuestra el desvió de dinero a la sanidad privada por parte de la Comunidad de Madrid. Más concretamente, detallaría que la sanidad pública pierde millones de euros cada año al no facturar a los hospitales concertados muchos de los tratamientos que asume de los pacientes debido, según el informe, a que “no encuentra documentación de la actividad clínica”.
La realidad es que la Comunidad de Madrid casi siempre paga más de lo que presupuesta en los presupuestos de Sanidad. Pero para entender la situación, hay que saber que todos los hospitales -de gestión pública y de gestión privada- deben contabilizar en un sistema informático los pacientes que asumen de fuera de su área y el coste de los tratamientos para facturárselo al hospital de origen.
Esto se conoce como “balances intercentros”; y cada mes y año se facturan esas necesidades, si bien la eficiencia del cobro es desigual. De esta manera, la sanidad privada ganó en el periodo comprendido entre 2017 y 2023 un total 1.268 millones de euros extra, un montante que procede de estos pacientes de libre elección instaurado por el PP. En detrimento, el sistema público dejó de facturar 71 millones en favor del sistema privado.
Con todos los datos encima de la mesa, unos 71,6 millones de euros dejaron de apuntarse en el sistema público desde algunos de los concertados por “no encontrar documentación de la actividad clínica”. De ese modo, solo en 2023, el impacto económico fue superior a los 11 millones de euros.
La cuestión no pasa porque el sistema público no encuentre documentación de pacientes, sino que no es toda la que pide el Manual de Facturación Intercentros. Si no se encuentran todos los códigos y en orden y un sistema burocrático acordado con las privadas, estas no pagan. El propio manual avisa, como informa el medio mencionado, de que en los centros hospitalarios públicos existen “subsistemas de información” propios, así como “códigos pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática en determinadas líneas de actividad”. Según los datos que maneja la Consejería de Sanidad, por esta vía se han perdido 71 millones de euros en tratamientos de pacientes que se cambiaron de la sanidad concertada a la pública.
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