La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mantiene bajo vigilancia a las gestoras de fondos de capital riesgo —private equity y venture capital, en la jerga del sector— en plena tormenta en los mercados privados, especialmente en el negocio de la deuda privada (private debt) en Estados Unidos, donde gigantes como BlackRock, Apollo o Ares han tenido que restringir reembolsos en algunos de sus vehículos, avivando el temor a una crisis de iliquidez.
El supervisor bursátil español detectó en las últimas semanas que algunas gestoras no tenían correctamente consignados los recursos propios exigidos por la normativa. La regulación de las entidades de capital riesgo establece, además de un capital mínimo, que cuando estas administran fondos con más de 250 millones de euros en patrimonio deben elevar sus recursos propios hasta el 0,02% del capital bajo gestión o un porcentaje de sus gastos corrientes.
El reglamento europeo que se aplica en este punto exige —siempre sin superar los 10 millones de euros— la mayor cuantía entre el resultado de aplicar el porcentaje anterior o el 25% de los gastos fijos generales del ejercicio anterior de la gestora, es decir, sus gastos de estructura, nóminas, oficina, material, etc. Este último es el más aplicado en la mayoría de casos, lo que ha obligado a algunos gestores a ‘rascarse’ el bolsillo porque la cifra resultante del 0,02% del capital bajo gestión es mayor.
La CNMV ha remitido a las gestoras comunicaciones a modo de recordatorio para que corrigieran la situación o aclararan determinados extremos. Fuentes oficiales subrayan que se trata de una «actuación habitual» y precisan que no responde a ninguna «medida sobrevenida».
Entre las principales gestoras españolas de capital riesgo destacan AltamarCAM, recientemente vendida al grupo estadounidense Marsh, con 20.000 millones en activos bajo gestión; Alantra, con más de 16.000 millones; o Arcano Partners, con 14.000 millones entre activos bajo gestión y asesoramiento. En menor medida, destacan firmas como Portobello Capital, Inveready, ProA Capital, MCH Private Equity o Miura Partners.
Crisis de iliquidez
Aunque el regulador evita vincular ambos fenómenos, estas comunicaciones se han producido en pleno tsunami en el mercado global del capital riesgo y, sobre todo, en los fondos de deuda privada, con especial intensidad en Estados Unidos. En los últimos años, las mayores restricciones regulatorias a la banca tradicional para conceder crédito han impulsado el crecimiento de este segmento, que ya supera los 2,5 billones de dólares en activos bajo gestión, según el Banco de Pagos Internacionales.
Parte de estos vehículos están estructurados como fondos semilíquidos, lo que permite a sus partícipes entrar y salir bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la realidad es que los activos que mantienen en cartera —préstamos privados— son ilíquidos por naturaleza y no pueden venderse con rapidez sin asumir descuentos relevantes. Mientras las suscripciones superan a los reembolsos, el sistema funciona. El problema surge cuando ocurre lo contrario: entonces las gestoras se ven obligadas a limitar las salidas de dinero, estableciendo una especie de ‘corralito’.
Eso es lo que ya han hecho grandes firmas como BlackRock, Apollo o Ares en algunos de sus vehículos de crédito privado, al restringir los reembolsos al 5% trimestral del valor liquidativo. No se trata de una situación inédita. En España, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, dos grandes fondos —Banif Inmobiliario, de Santander, y BBVA Propiedad— sufrieron una crisis de iliquidez similar: sus activos no podían venderse a los precios de valoración mientras los partícipes reclamaban su dinero. Ahora en España estos fondos de capital privado abiertos no existen.
A esta tensión se suma la crisis específica que atraviesa el private equity, dedicada a invertir en el capital de compañías. A diferencia de los fondos semilíquidos, estos vehículos son cerrados: el inversor compromete su dinero y no lo recupera hasta que el fondo desinvierte. Y ahí radica ahora el problema. Muchos fondos que levantaron capital y compraron empresas en los años de dinero barato (antes de la subida de tipos de 2022) no están logrando vender esos activos a las valoraciones previstas, lo que está alargando la vida de los vehículos muy por encima de los siete años.
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