La cumbre de líderes progresistas que comenzó ayer en Barcelona es el primer paso de una iniciativa bautizada como Global Progressive Mobilisation (GPM, en inglés), un nuevo intento de rearmar y ampliar el perímetro de la histórica Internacional Socialista (IS), como ya lo fue la Alianza Progresista que copatrocina el encuentro junto a la IS. La iniciativa, encabezada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y por su homólogo brasileño, Lula da Silva, pretende encontrar un camino, en el complejo mundo actual, para revertir el retroceso planetario de los partidos socialistas. Este es el objetivo principal que persiguen las cerca de dos mil personas que participan en un encuentro al que también asisten los presidentes de México (Claudia Sheinbaum), Sudáfrica (Cyril Ramaphosa) y Colombia (Gustavo Petro), así como el presidente del Consejo Europeo (António Costa) y políticos de otros países, mayormente europeos y latinoamericanos. Los participantes aspiran, legítimamente, a impulsar políticas progresistas frente a los avances que han cosechado la derecha y la extrema derecha en numerosos países, en consonancia con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.
Aunque no quieran sus organizadores, es lógico que la cumbre sea vista ante todo como una iniciativa anti-Trump; el referente en negativo que permite aglutinar propuestas a la defensiva ante la dificultad de encontrar discursos que motiven al electorado en positivo. En su encuentro bilateral con Sánchez, el presidente brasileño habló de evitar que se abra paso el fascismo, al tiempo que hacía suyo el lema del presidente español sobre el no a la guerra. Inaugurada seis semanas después de la llamada Cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump en Florida, a la que asistieron líderes conservadores de 12 países, la reunión de Barcelona aspira a movilizar a la izquierda a partir de plantear una alternativa a las políticas arancelarias y migratorias de la Administración norteamericana en el continente. Una política que podría ir en sintonía con la firma por parte de la Comisión Europea del acuerdo Mercosur, pero que va más allá en la medida en que se opone con cierta beligerancia ideológica a las pretensiones hegemónicas de Trump en Latinoamérica, a su política exterior en Oriente Medio y al recorte de libertades dentro de Estados Unidos. En ese sentido, queda por ver cómo reaccionará Bruselas para valorar si la cumbre de Barcelona ha servido como un empujón a la creciente demanda de autonomía con la que la UE aborda las relaciones con EEUU o bien un elemento discordante a la hora de empujar en la misma dirección en una Europa con gobiernos progresivamente virados hacia la derecha.
Desde la perspectiva del Gobierno español, la iniciativa es coherente con el despliegue de una intensa actividad internacional de Pedro Sánchez que acudió a la cita procedente de China donde ha compartido con el presidente Xi Jinping una concepción del mundo basada en el multilateralismo. Sin embargo, la coincidencia de la cumbre de Barcelona con un calendario judicial muy adverso para el presidente del gobierno es otra de las dudas que plantea una iniciativa que se mueve entre una visión estratégica ambiciosa y un ilusionismo propio de quien carece apoyos suficientes en el país y en Europa para llevar a cabo un proyecto semejante.
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