España entra en el tramo decisivo de ejecución de los fondos europeos NextGenerationEU con una brecha de unos 27.000 millones de euros entre lo ya convocado y lo efectivamente adjudicado. Así lo advierte un informe publicado por el laboratorio de ideas EsadeEcPol, que sitúa en 90.718 millones de euros el volumen de transferencias convocadas y en 63.403 millones las ya concedidas a 12 de marzo de 2026, en un contexto marcado por la cercanía del plazo límite de agosto de este año.
El documento subraya que el avance es “sustancial”, pero avisa de que conceder no equivale a ejecutar presupuestariamente. Es decir, aunque una ayuda o una licitación ya hayan sido resueltas, eso no implica que el dinero se haya desembolsado ni que el proyecto esté plenamente ejecutado. Por eso, los autores Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y senior fellow de EsadeEcPol, Jorge Galindo y Javier Martínez sostienen que la presión operativa sobre la Administración será máxima en los próximos meses.
El análisis llega además después de que el Gobierno decidiera en diciembre de 2025 renunciar a unos 60.300 millones de euros en préstamos europeos, el 73% del tramo crediticio inicialmente asignado a España. Con ese movimiento, el volumen total del programa se reduce de los 163.000 millones previstos a alrededor de 103.000 millones, concentrando el esfuerzo en las transferencias a fondo perdido.
En el reparto territorial, Cataluña encabeza la clasificación en términos absolutos, con 3.722 millones de euros, seguida de Andalucía, con 3.090 millones, y de la Comunidad de Madrid, con 2.475 millones. Sin embargo, la foto cambia al ajustar por población: País Vasco y Aragón lideran el ranking per cápita, con 732 y 729 euros por habitante, respectivamente, por delante de Baleares y Castilla y León. El informe interpreta este contraste como una señal de que el efecto escala de las grandes autonomías oculta una distribución más compleja de los fondos.
El estudio también detecta una especialización sectorial muy marcada. La construcción concentra más de 13.000 millones de euros, muy por encima del comercio, con 3.897 millones, y de información y comunicaciones, con 3.532 millones. A más distancia aparecen recogida y tratamiento de aguas, actividades profesionales, transporte y manufactura. En cambio, educación y salud suman conjuntamente menos de 1.300 millones, un reparto que, según EsadeEcPol, abre dudas sobre si el programa está priorizando más el capital físico que el humano.
A escala autonómica, Cataluña sobresale por su liderazgo en comercio, manufactura y, especialmente, en infraestructuras de aguas y residuos, con 626 millones, casi cuatro veces más que la siguiente comunidad. Andalucía, por su parte, toma ventaja en construcción, con 970 millones frente a los 961 de Cataluña, y también en información y comunicaciones, donde alcanza los 311 millones. Galicia emerge como uno de los casos más llamativos al superar a Madrid en actividades profesionales y científicas y situarse entre las comunidades con mejor comportamiento en transporte e inversión digital.
Concentración de recursos
Otro de los avisos del informe afecta a la concentración de los recursos. El 1% de los beneficiarios que más fondos recibe acapara el 71,4% del valor total adjudicado, mientras la empresa mediana apenas representa una fracción mínima del dinero repartido. Los autores describen así una ejecución “a dos velocidades”: por un lado, grandes proyectos estratégicos y de infraestructuras capaces de absorber enormes volúmenes de inversión; por otro, una capilaridad de microayudas que llega a muchos receptores, pero mueve una parte reducida del total.
Frente a este escenario, EsadeEcPol plantea varias recomendaciones para evitar que parte de los fondos quede sin ejecutar o pierda capacidad transformadora. Entre ellas figuran la simplificación urgente de procedimientos, el despliegue de unidades de apoyo técnico para municipios y entidades con menos capacidad de gestión, una mayor activación de la vía autonómica y una auditoría centrada no solo en cuánto dinero se ha movilizado, sino en qué cambios reales está provocando sobre la economía.
El diagnóstico final es claro: España ha movilizado un volumen inédito de recursos, pero afronta ahora la parte más compleja del proceso. Con el calendario europeo a punto de agotarse, el éxito del plan dependerá menos del anuncio de nuevas convocatorias y más de la capacidad administrativa para cerrar expedientes, desembolsar fondos y convertir esa inversión en transformación productiva real.
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