El demoledor informe de la Inspección General de Servicios ha tenido la descortesía de emborronar un relato cómodo. Hasta ahora, el caso Cerredo podía presentarse como una tragedia imprevisible, un cúmulo de infortunios camino del juzgado. Pero 318 folios después, la pregunta ya no es qué pasó bajo tierra, sino qué hacía —o dejaba de hacer— la administración regional mientras pasaba.
El documento dibuja un sistema que no funcionó. Una cadena de decisiones, omisiones y desórdenes que permitió que se extrajera carbón ilegalmente en una mina que debía estar liquidándose. No hubo un gran error, sino muchos pequeños fallos perfectamente coordinados, con el trágico resultado de cinco muertos.
El informe estrecha el margen político. Las hipótesis incómodas han dado paso a hechos administrativos incontestables. Por eso se resiente el discurso del PSOE y aparecen grietas internas: incluso dentro del socialismo asturiano ya no todos compran la tesis de la fatalidad.
La responsabilidad política existe, aunque la cúpula se resista a asumirla. Cuando en 2019 se desmantela la seguridad minera, se ignoran advertencias, se toleran modelos jurídicos frágiles y no se reacciona tras detectar extracción ilegal en 2022, la responsabilidad deja de ser una excusa para convertirse en una consecuencia.
Adrián Barbón no firmó permisos ni bajó a la mina, pero dirige el Gobierno, decide su estructura y nombra a quienes aciertan, pero también a quienes fallan. Tan larga inacción en este asunto dinamita la credibilidad del gobierno. Y en política, cuando nadie asume errores, el sistema acaba apuntando siempre a la cabeza.
