El informe elaborado por el Consejo de Estado sobre el reglamento para la regularización de migrantes que pretende aprobar el Gobierno este martes ha dado nueva munición al PP. «¿Qué mas tiene que ocurrir?», se ha preguntado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, antes de señalar que el Consejo de Estado ha hecho «graves observaciones» sobre el procedimiento recogido en la norma para la acreditación de ausencia de antecedentes penales. Aun así, en el Gobierno insisten en que siguen trabajando para adoptar todas las recomendaciones del informe y aprobar el texto esta semana.
«Ante tal despropósito, que pone en cuestión la seguridad en nuestro país, que conduce a que el camino de la ilegalidad sea el camino para venir a nuestro país, solo queda un camino, que es parar este despropósito», ha sentenciado Gamarra en declaraciones a los periodistas desde Logroño para denunciar la regularización «masiva» de migrantes. En concreto, la dirigente popular se ha aferrado a las observaciones sobre los antecedentes penales.
Inicialmente, el Ejecutivo planteó la necesidad de presentar un documento oficial de los países en los que los extranjeros hubieran residido en los últimos cinco años que certificase la falta de antecedentes penales. Sin embargo, en caso de no tener respuesta tras dos meses, el Gobierno propuso que fuera suficiente con una «declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales». En el informe, el Consejo de Estado echa por tierra esta excepción.
«Este Consejo entiende que ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países», asevera el informe antes de apuntar que deben «aportar ese certificado o documento equivalente y que, de no hacerlo al presentar su petición, el correspondiente procedimiento administrativo quedará en suspenso hasta su aportación». No obstante, admiten «los problemas que pueden surgir para aportar certificados o documentos de antecedentes penales de una diversidad de países», pero considera que esta exigencia no es «desproporcionada» dado lo especial de este proceso regulatorio.
Iniciativas anteriores
Los populares llevan semanas avisando de la necesidad de que sea obligatorio un certificado oficial. Primero, intentaron introducir en la Ley contra la Multirreincidencia una enmienda que exigía que cualquier regularización tuviese como condición indispensable estos documentos, pero el Gobierno la vetó. Y la semana pasada crearon en el seno de la comisión mixta de Seguridad Nacional un grupo de trabajo para analizar el riesgo que suponía esta regularización para la seguridad nacional.
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