El Gobierno de Asturias ha cerrado filas en torno a Adrián Barbón, después de que este viernes el Partido Popular elevase el tono reclamando su dimisión a raíz de la crisis minera desatada por el informe, encargado a raíz de la tragedia de Cerredo, que destapa descontrol en la gestión autonómica respecto a las minas. A la defensa realizada por dos consejeros socialistas, Guillermo Peláez y Borja Sánchez, se suma también el respaldo de Izquierda Unida, sus socios en el ejecutivo. Si bien desde IU ya asumen que sí habrá responsabilidades políticas, pero que estas no deben alcanzar en ningún caso al líder del Ejecutivo.
“El informe va a ser la piedra angular de todo. Ahí vamos a obtener respuestas. Por supuesto, desde un punto de vista administrativo y que van a ayudar a la investigación judicial, pero que también van a derivar consecuencias políticas. Aunque, evidentemente, yo entiendo que esas consecuencias nunca deben de llegar a la figura del Presidente”, afirmó Ovidio Zapico, coordinador de IU y consejero de Ordenación del Territorio.
A su juicio, la petición de dimisión por parte del PP no es más que una “sobreactuación” que “solamente busca erosionar al Gobierno de coalición progresista, erosionar a la izquierda”.
Zapico reconoció que “hay muchísimo que hablar durante los próximos días sobre Cerredo” y sobre las trágicas consecuencias de ese accidente a raíz del informe de la Inspección General de Servicios que desnuda al Servicio de Minas. Un documento que Izquierda Unida está analizando “exhaustivamente” y que llevará a su próxima Colegiada.
Dar respuesta a las familias
“Hay que buscar respuestas de muchos tipos. Unas tienen que ver con lo administrativo, con lo que no está bien, y hay que extraer las consecuencias políticas que de ahí se puedan derivar. Pero no hay que perder de vista que en este accidente quien ha puesto desgraciadamente la sangre y los muertos son la clase trabajadora”, afirmó.
El consejero recordó que “no es un drama solo”. Ya había habido «un accidente antes con un fallecido», también en Cerredo (Degaña), y posteriormente se produjeron «otros dos muertos más», en este caso en un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, donde sí había autorización en regla para sacar carbón, a diferencia de la explotación degañesa.
“En una actividad que es residual, tantísimos muertos en esas explotaciones del Suroccidente, tantísimo dolor. Hay que dar respuesta a esas familias. Es una reflexión que no podemos olvidar, que eso no puede volver a suceder”, pidió.
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