El exdirector general de la Guardia Civil Félix Azón, hoy magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, no quedó conforme con la decisión de la juez de Barcelona de anular su imputación en la causa por presunto espionaje a empresarios con Pegasus y Candiru, lo que evitó la remisión de este asunto al alto tribunal.
El juez defiende su inocencia, y de hecho no impugna la nulidad de su imputación, pero cree –buscando un archivo definitivo de lo que pueda perjudicarle– que la titular de la plaza de Instrucción número 2 de Barcelona debe remitir de todas formas el asunto al Supremo para que sus compañeros de la Sala de lo Penal se pronuncien definitivamente sobre él, dada su condición de aforado.
Según el escrito de su defensa, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la jueza Julia Tortosa al «separar al aforado del resto de querellados», le sitúa «en una situación de completa indefensión«. Sin la remisión al Supremo, añade, «la resolución no produce efecto útil alguno respecto del aforado», siendo el Supremo «el único órgano que puede y debe conocer la causa».
En su resolución inicial, la jueza de Barcelona aceptaba que carece de competencia sobre Azón al tratarse de un «aforamiento sobrevenido», dado que en el momento de los hechos a los que se refiere la querella contra él no ostentaba la condición de juez del Supremo.
La jueza imputó formalmente a principios del pasado mes de marzo a ex altos cargos del CNI y la Guardia Civil, además de a directivos de empresas tecnológicas israelíes por presuntos delitos de revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos de personas del entorno independentista en relación con una querella presentada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance.
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