El Gobierno balear ha ordenado la demolición de la terraza, la piscina y el embarcadero del periodista Pedro J. Ramírez ubicados en el dominio público marítimo-terrestre en la Costa dels Pins, en el municipio mallorquín de Son Servera.
La decisión la ha adoptado la Dirección General de Costas en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulas las órdenes del Ministerio de Medio Ambiente que permitían su funcionamiento, según ha adelantado el ‘Ara Balears’ y han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.
El fallo se conoció en 2021 y, un año después, el hijo del periodista lo recurrió ante el Tribunal Supremo, que sin embargo no la admitió a trámite.
Cinco años después, ha sido el propio Pedro J. Ramírez quien ha solicitado el derribo de las instalaciones para cumplir con lo fijado en la sentencia y será él quien se encargará de solicitar las licencias necesarias y ejecutar las actuaciones de demolición.
Dos décadas
El caso se remonta a inicios de siglo y, además de sus derivadas judiciales, también saltó al mundo de la política y fue objeto de movilizaciones ciudadanas.
El permiso para levantar la piscina, la terraza y el embarcadero en un terreno que forma parte del dominio público marítimo-terrestre fue concedida cuando el expresidente del Govern Jaume Matas era ministro de Medio Ambiente.
Aunque el Lobby per la Independencia presentó una denuncia contra Matas, la Fiscalía balear decidió desestimarla al considerar que no incurrió en ninguna infracción penal al conceder este permiso a la finca propiedad del periodista y editor.
Los denunciantes, por contra, defendían que Matas tenía responsabilidades penales al haber dictado una orden ministerial el 23 de enero de 2001 en virtud de la cual otorgaba una concesión de ocupación a la finca de 350 metros cuadrados de Ramírez y que estaba vinculada a la «relación personal y de amistad» entre ambos.
El GOB también interesó por el caso y, por esas fechas, presentó un escrito ante el Ministerio de Medio Ambiente en el que solicitaba que se declarara nula la concesión al entender que incumplía la ley estatal de costas.
También se manifestaron en contra de la concesión partidos como el PSIB o ERC, cuyo diputado Joan Puig fue investigado judicialmente por haberse introducido en la piscina del chalé en agosto de 2005.
El agosto siguiente tuvo lugar una nueva concentración convocada por miembros de EU/Els Verds, el PSM y ERC y una decena de organizaciones sociales.
Se congregaron frente a la finca de Pedro J. Ramírez en piraguas, lanchas, motos de agua y otras embarcaciones para mostrar su desacuerdo con las últimas decisiones de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sucesora de Matas, que permitieron al periodista mantener la titularidad privada de la piscina.
Esa protesta coincidió con la convocada por la Sociedad Cultural Círculo Balear, que consideraba que la oposición a estas instalaciones respondían a «actitudes totalitarias y radicales» provenientes de un sector «nacionalista y catalanista».
La controversia llegó después a los tribunales y la Audiencia Nacional acabó declarando nulas las órdenes ministeriales publicadas que permitieron el funcionamiento de la piscina y, por lo tanto, ordenaron su demolición.
