El Gobierno gallego coge la lupa y pone el foco ambiental sobre el proyecto para instalar dos plantas híbridas fotovoltaicas en el concello ourensano de Rubiá, ya que la Xunta no descarta que la iniciativa —que contempla instalaciones de generación solar, sistemas de almacenamiento energético con baterías y diversas infraestructuras asociadas— pueda tener «efectos significativos» sobre el entorno natural. Ante esta situación, considera necesario que se someta a una evaluación de impacto ambiental ordinaria antes de seguir adelante con el proyecto.
Así se desprende el informe de impacto ambiental emitido por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade y publicado hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El documento analiza una propuesta que incluye un par de plantas fotovoltaicas híbridas y dos sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) de 25 megavatios cada uno, así la correspondiente subestación eléctrica y la línea de evacuación, entre otras.
El proyecto se ubicaría en el término municipal de Rubiá, en la comarca de Valdeorras (Ourense), dentro del área paisajística Ribeiras Encaixadas do Miño e do Sil. Aunque la zona no cuenta con espacios naturales protegidos, el informe advierte de posibles afecciones a elementos patrimoniales y culturales, entre ellos el Camino de Santiago.
El patrimonio cultural, el principal afectado
Según el análisis preliminar, los impactos sobre el medio socioeconómico y poblacional durante la fase de obras —como el aumento del tráfico pesado en accesos y vías próximas, el ruido o las emisiones de gases— se consideran «compatibles». En paralelo, el documento señala la creación de empleo como un «impacto positivo» derivado del proyecto.
No obstante, el texto concluye que no puede descartarse la existencia de impactos ambientales relevantes, «principalmente sobre los bienes de patrimonio cultural», tal y como advierte la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Por ello, urge modificar el trazado previsto para la línea de evacuación eléctrica.
Así las cosas, el órgano ambiental determina que el proyecto deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, lo que obligará al promotor a elaborar un estudio de impacto ambiental completo conforme a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.
