Nuevo choque entre el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé. Tras su enfrentamiento judicial después de que el regidor impidiera al edil de la oposición votar en un pleno por encontrarse de baja, ambos políticos se enfrentan ahora por una cuestión económica derivada de aquella pugna. La Seguridad Social reclama 1.400 euros al edil progresista después de que el propio Ayuntamiento, pese al criterio del dirigente popular, haya defendido que Copé sí trabajó durante sus días de permiso.
Un conflicto que viene de largo y que se basa en una diferencia de criterio. El alcalde considera que los concejales que se encuentren de baja no pueden realizar sus labores políticas. Un argumento que ha mantenido con sus propias ediles (hasta 3 han sido madres mandato) e incluso en los tribunales, contra el propio Copé, quien interpreta que impedirle acudir a los plenos es menoscabar su derecho a representar a sus votantes. Aunque un juzgado se inclinó inicialmente por la tesis de Barcala, recientemente, el TSJ ha terminado revocando dicha sentencia, inclinando por ahora la balanza del lado de EU-Podemos.
Reclamación de la Seguridad Social
El nuevo capítulo del enfrentamiento se debe a que, pese a la postura del regidor, en Recursos Humanos dentro del propio Ayuntamiento consideran que el concejal progresista sí trabajó durante algunos de los días de su prestación por acogimiento, por lo que la Seguridad Social le solicita que devuelva 1.400 euros que le fueron transferidos en concepto de permiso por acogimiento de un menor. Copé, en cambio, se defiende señalando que, de ser cierto que mantuvo su relación laboral con el Consistorio, le habría sido abonada la nómina correspondiente, algo que no se produjo.
Desde el departamento de Recursos Humanos municipal se ha manifestado ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social que, pese a que Copé disfrutaba de su permiso por acogimiento a jornada completa, el concejal «ha asistido de forma presencial tanto a plenos como a comisiones informativas de las que forma parte durante varios días» a lo largo de este periodo en el que su actividad laboral debería haberse visto interrumpida. En concreto, los técnicos municipales apuntan que el portavoz de EU-Podemos acudió el 5 de febrero de 2026 al pleno extraordinario celebrado a las 17:00, convocado por el escándalo de las viviendas protegidas destapado por INFORMACIÓN.
Desde el Ayuntamiento también se atribuyen a Copé «reuniones previas para proponer una moción de censura, haciendo declaraciones y emitiendo nota de prensa, el día 6 del mismo mes. Por último, se recuerda que, una semana después, «dio una rueda de prensa». Por ello, «entendiendo que ambas situaciones son incompatibles entre sí, y que el permiso ha de disfrutarse por semanas completas» Recursos Humos lo puso «en conocimiento» del INSS, para que informara «de la solución o medidas a adoptar en este caso».
«Es rotundamente falso»
Frente a esta correlación de hechos, Copé apunta que su participación en la sesión del 5 de febrero se debió a que «tal y como establece la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la asistencia a Pleno y el ejercicio del derecho de participación política no puede considerarse en ningún caso como una actividad laboral, sino como el ejercicio de un derecho fundamental recogido en el artículo 23.2 de la Constitución». Por tanto, el edil sostiene que «dicha asistencia no es incompatible con el disfrute del permiso parental».
En segundo lugar, respecto a la afirmación relativa al día 6 de febrero de 2026, el de EU-Podemos manifiesta que «es rotundamente falsa», ya que durante esa jornada no desarrolló «actividad política alguna», sino que permanecí en el hospital de Elda, debido a un asunto familiar. En relación con la nota de prensa, Copé ve importante «precisar que la misma fue enviada a las 7:58 horas, fuera de cualquier horario laboral» y que había sido elaborada el día 5 de febrero sin su intervención directa, mientras que su remisión correspondió a la asesora del grupo municipal.
Además, según recuerda el concejal de la oposición, «no se emitió ninguna nota de prensa» con su participación «entre los días 6 y 16 de febrero», lo que, a su juicio, «evidencia la inexistencia de actividad política ordinaria durante el periodo de permiso». Por tanto, añade Copé, «no puede sostenerse en ningún caso que existieran ‘reuniones previas’, ‘declaraciones’ ni actividad política» atribuible a su persona durante la citada jornada.
Por último, en cuanto a la ruda de prensa convocada el 14 de febrero, Copé reconoce que participó en la misma, junto a otros miembros de la Corporación. Sin embargo, destaca que esta tuvo una duración aproximada de media hora y que dicha participación puntual «debe entenderse en el mismo marco que el señalado por el TSJ: el ejercicio de funciones representativas vinculadas al derecho fundamental de participación política, que no puede ser restringido ni interpretado como una reincorporación al trabajo a efectos de invalidar un permiso reconocido».
Por todo ello, el portavoz de EU-Podemos entiende «que no existe incompatibilidad alguna entre los hechos descritos y el disfrute del permiso parental ni puede sostenerse que haya existido reincorporación efectiva al trabajo en los términos que se plantean». En cualquier caso, Copé destaca otra «contradicción» en la postura municipal y es que, en el caso de que hubiese estado trabajando, el departamento de Tesorería debería haberle abonado los días correspondientes en su nómina, sin que esto sucediera.
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