El Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, cuestiona la cobertura legal con la que se han reabierto explotaciones de carbón en Asturias. Ese reparo ha abierto un pulso jurídico con el Gobierno del Principado que mantiene bajo revisión el marco en el que operan tres minas: la de Tyc Narcea, en Vega de Rengos (Cangas del Narcea); Mina Miura, en Ibias, y Pilotuerto, en Tineo.
La discusión se intensificó tras el accidente mortal de Cerredo, hace ahora un año, en el que murieron cinco mineros mientras extraían carbón de forma ilegal en una galería del tercer piso de la mina. A raíz de aquel siniestro, y tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA en julio del año pasado, ambas administraciones iniciaron una revisión general de las explotaciones activas para comprobar si podían entrar en contradicción con las exigencias de cierre impuestas por la Unión Europea a las unidades no competitivas antes del 31 de diciembre de 2018.
Ese análisis no ha despejado las dudas; al contrario. Fuentes próximas al Ministerio y al Principado admiten que el proceso ha dejado por ahora pocas certezas y ha obligado a revisar expedientes antiguos, incluso anteriores a la decisión europea. Una de las principales discrepancias se centra en la fórmula utilizada por Asturias para autorizar actividad extractiva: el Proyecto de Investigación Complementario (PIC), una figura de encaje discutido que no aparece como tal en la Ley de Minas. No obstante, el Ministerio de Transición Ecológica, consultado por este periódico, no ha querido realizar comentarios a esta información.
Ese fue precisamente el instrumento empleado en Cerredo. Aunque allí se estaba extrayendo carbón de forma ilegal, la explotación había obtenido del Principado la vía para dar cobertura a la actividad mediante un PIC que permitía extraer hasta 60.000 toneladas.
El caso resultó especialmente sensible porque la mina había recibido ayudas al cierre —unos seis millones de euros, según fuentes próximas a los anteriores propietarios— y, además, el espacio disponía de financiación europea canalizada por el ITJ para su restauración ambiental con fondos MRR. Pese a ello, el Principado estaba dispuesto a autorizar una explotación utilizando parcialmente una de las galerías, con el argumento de que la veta a explotar quedaba fuera del ámbito original de la mina. Esa era, de hecho, la fórmula con la que se trataba de salvar el choque con el cierre decretado por la UE.
No era la primera vez que el ITJ y el entorno minero asturiano chocaban por este motivo. Pilotuerto, explotación de la que es titular NMR, ya pasó por un largo pulso con el Ministerio antes de su apertura. Entonces la empresa tuvo que acreditar jurídicamente que aquella mina no había recibido ayudas al cierre.
Una contradicción en el relato político.
La contradicción de fondo —reabrir minas en un contexto de descarbonización y clausura subvencionada del sector— llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a introducir una referencia expresa en la Ley de Cambio Climático de 2021. Su artículo 29 fija un marco restrictivo para la apertura de nuevas explotaciones en minas cerradas: obliga a devolver previamente las ayudas al cierre, con intereses, y atribuye al ITJ la función de velar por el cumplimiento de esa exigencia, que ya quedó establecida por Bruselas.
Las otras dos minas activas también están bajo examen. Esa revisión explica, al menos en parte, el retraso en la reapertura de Tyc Narcea. La empresa ha tenido que acreditar que no ha utilizado unidades productivas de la desaparecida Carbonar y que esta no percibió ayudas al cierre.
Fuentes próximas a la empresa sostienen que las ayudas que percibió Carbonar ya prescribieron, al tratarse de subvenciones otorgadas por el Gobierno de España sin respaldo de Bruselas. También destacan que en 2020 Carbonar solicitó ayudas pero no terminó como beneficiaria de ellas. En todo caso, la empresa asegura tener acreditado documentalmente que en ningún caso ha utilizado instalaciones adscritas al proceso de cierre subvencionado de la UE y que su yacimiento queda fuera de los límites establecidos por la normativa europea.
En Mina Miura, operativa desde 2017, persisten además interpretaciones enfrentadas sobre si la explotación fue o no beneficiaria de fondos europeos vinculados al cierre.
Fuentes próximas a las empresas de Victorino Alonso sostienen que la explotación subterránea sí recibió ayudas al amparo de la decisión comunitaria. En cuanto a la corta a cielo abierto, hoy en restauración, afirman que presentó planes de labores hasta 2013, aunque sin producción, y que los gastos de conservación, bombeo y vigilancia quedaron cubiertos por esas mismas ayudas. También mantuvo actividad el pozo Nicolasa de Hunosa para abastecer a la térmica de La Pereda, pero usó un recoveco legal aplicado en Alemania que excluía al lignito de las restricciones de la UE.
La controversia jurídica es de alcance. El Principado invoca sus competencias en materia minera (otorgadas desde el año 1989), pero el ITJ cuestiona que las explotaciones hayan comenzado a operar al amparo de un PIC en lugar de hacerlo mediante un permiso de explotación ajustado al régimen ordinario de la Ley de Minas, como fue el caso de las explotaciones de mina Miura y Tyc Narcea.
La objeción no es menor: la Ley de Cambio Climático prohíbe reabrir minas cerradas a través de autorizaciones, permisos o concesiones regulados por la legislación minera, y el PIC se mueve en una zona gris precisamente porque carece de definición expresa en esa norma.
Desde el Ministerio también se sostiene que en la Administración General del Estado no constaba información clara sobre la extracción de carbón que seguía realizándose en Asturias. En el entorno del Ejecutivo autonómico se replica que esa actividad era, al menos verbalmente, conocida por la anterior responsable del ITJ, Laura Martín, hoy asesora del gabinete del Ministerio.
Una actividad silenciada en las estadísticas.
Ese desacuerdo entronca con otro dato llamativo: la opacidad estadística. Las minas asturianas han operado en una suerte de limbo administrativo. La última estadística minera del Ministerio, correspondiente a 2024 y presentada por el Gobierno central como la información más completa sobre la producción extractiva en España, no recoge ninguna extracción de hulla o antracita. El documento mantiene 2018 como fecha del «cese de la producción de carbón en España», algo cierto para el carbón destinado a centrales térmicas, pero no para el que se orienta a usos siderúrgicos.
En esa misma estadística, la tabla de producción de 2016 a 2024 deja en blanco las casillas del carbón desde 2019 y, en el apartado de productos energéticos, reduce el sector a las explotaciones de hidrocarburos. Tampoco las estadísticas periódicas de Sadei reflejan extracción de hulla o antracita en Asturias, pese a que fuentes de las compañías mineras aseguran que sí remiten datos de producción a este organismo. En el fondo del conflicto está la interpretación de la decisión europea de cierre. En el Gobierno asturiano se consolidó durante años la tesis de que aquella obligación afectaba solo al carbón térmico, aunque la norma comunitaria no lo explicitaba de ese modo. Sobre esa base, el Ejecutivo regional entendió además que las ayudas comunitarias podían quedar sujetas a prescripción, una lectura que algunas empresas también defienden amparándose en estudios jurídicos propios.
La utilización del PIC permitió además presentar como investigación industrial una actividad que, en la práctica, incluía extracción. Distintas fuentes sostienen incluso que desde la Administración autonómica se aconsejaba prolongar esa vía antes que acudir a un permiso de explotación ordinario. Esa fue la posición que el Principado mantuvo hasta el accidente de Cerredo, que terminó por sacar a la luz un argumento jurídico que ahora el Ministerio de Transición Ecológica pone en duda.
La discusión sigue abierta. El ITJ y el Gobierno asturiano aguardan ahora a que el Ministerio para la Transición Ecológica determine si da por válidas las justificaciones del Principado o si, por el contrario, concluye que durante años funcionó en Asturias una actividad minera jurídicamente cuestionada y, al mismo tiempo, ausente de las estadísticas oficiales.
La mina de Vega de Rengos, pendiente de una salida
La dirección general de Minas, dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, tiene previsto celebrar hoy una reunión con la dirección de la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), que explota Tyc Narcea. Esta explotación esta parada tras el accidente del pasado mes de noviembre, en el que fallecieron dos mineros. Según el Principado, el siniestro se debió a un hundimiento «fortuito e inesperado», ajeno a deficiencias en la seguridad. Sin embargo, la vuelta a la actividad de esta explotación se ha prolongado más de lo que plantilla considera razonable. Los trabajadores tienen previsto manifestarse este mediodía ante la Consejería.
Según las fuentes consultadas, una de las reticencias de la administración para autorizar la vuelta a la actividad está, precisamente, en acreditar de manera fehaciente que la explotación no ha utilizado unidades de producción de Carbonar sujetas a ayudas por el cierre. La empresa, Tyc Narcea, recalca que ninguno de sus activos está vinculado a propiedades de Carbonar y que, en todo caso, las ayudas que recibió la empresa han prescrito. Mientras el Principado busca garantías jurídicas de que la actividad no entrará en contradicción con las limitaciones establecidas por la legislación estatal y europea, la empresa señala que el permiso de actividad fue concedido por el Principado, por lo que no descarta acciones judiciales.
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