El Gobierno prepara un paquete integral de medidas por si tiene que actuar frente a la espiral de precios energéticos provocada por la escalada bélica en Oriente Medio. Una batería de medidas coyunturales (para paliar el impacto sobre trabajadores, hogares y empresas) y estructurales (para proteger el país de manera general frente la volatilidad de los precios y reforzar aún más la transición energética). Entretanto, las compañías energéticas preparan en su lista de peticiones, con propuestas de medidas temporales para atajar el impacto inmediato de una eventual crisis de precios y también con reclamaciones de reformas de calado para el sector.
La patronal Aelec, que agrupa a las grandes eléctricas Iberdrola, Endesa y EDP, apoya volver a aplicar rebajas del IVA en los recibos de la luz y del gas como ya se hizo en plena crisis energética tras la invasión militar rusa sobre Ucrania. Una medida que serviría para levantar rápidamente un escudo de contención a las subidas la electricidad y el gas natural para el cliente final. Una medida temporal, a la que las grandes eléctricas piden sumar otras reformas fiscales estructurales, como la eliminación del impuesto del 7% a la producción de electricidad o de otras cargas impositivas específicas del sector.
“Bajar el IVA de la luz y el gas es la medida de efecto más inmediato”, admite Julio César Nieto, presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), pero reclamando al Gobierno mejor no precipitarse y diseñar bien las reformas para proteger a los clientes, sin golpear a las compañías.
“Llevamos 10 días de crisis por Oriente Medio, mejor esperar y tener las medidas preparadas y bien consensuadas con todo el sector energético”, apunta el máximo representante de ACIE, la patronal que agrupa a una veintena de comercializadoras de luz y gas como Totalenergies, Engie, Octopus, Plenitude, Feníe o Acciona Energía, y que ha celebrado su congreso anual este martes en Madrid. “La guerra de Irán ya está afectando al coste del suministro de gas y es necesario que el Ministerio y el sector estén preparados para acordar, si la situación se prolonga, medidas rápidas que mitiguen el impacto en los consumidores y otras definitivas”, señalan desde ACIE.
El coste del apagón y de la crisis actual
Las grandes eléctricas y también las medianas independientes reclaman medidas que supondrían cambios profundos en las facturas de la luz y el gas, y también para el sector en su conjunto. Las energéticas apuestan por que el coste de los servicios de ajuste del mercado eléctrico se carguen directamente al recibo de la luz y que no lo asuman las comercializadoras, que sufren en sus cuentas ese golpe el tiempo que tardan en poder trasladarlo a sus clientes finales en la tarifas (y no siempre pueden acabar haciéndolo).
Red Eléctrica está utilizando en el último año de manera más intensa esos servicios de ajuste para evitar el riesgo de sufrir otro gran apagón. El gestor del sistema eléctrico está ejecutando un modo de “operación reforzada” que implica reducir un poco la aportación de las renovables y aumentar la producción de las centrales de gas para dar más estabilidad, pero también implica un encarecimiento de la electricidad (de algo más de 500 millones, según REE; de unos 1.100 millones, según las eléctricas). Y existe el temor que la subida del precio del gas provocada por la guerra en Oriente Medio dispare aún más los costes de utilizar las restricciones técnicas.
Las comercializadoras de luz que tienen firmados con sus clientes contratos con un precio fijo de la electricidad tienen dificultades para trasladarles de manera inmediata (al menos hasta las revisiones de las tarifas que suelen ser de carácter anual) estas cargas extra. Las compañías energéticas reclaman una reforma para trasladar directamente esos costes a sus clientes. Las comercializadoras grandes y pequeñas piden que el coste de esos mecanismos de ajuste reciban el mismo tratamiento que otros gastos vinculados al sistema eléctrico, como las inversiones retribuidas en redes eléctricas de REE o de las compañías distribuidoras, y se consideren un coste regulado más y se incluya en la factura de todos los consumidores como parte de los denominados peajes de acceso.
En paralelo, las patronales Aelec y ACIE coinciden en reclamar una profunda reforma de las tarifas reguladas del gas natural, denominadas tarifas de último recurso (TUR) y que concentran un 40% del total de clientes, con en torno a 3 millones de hogares. “La TUR tiene que desaparecer gradualmente, centrarse sólo en consumidores vulnerables y pasar a la mayoría del clientes a las tarifas del mercado libre”, subraya Julio César Nieto, de ACIE. Durante lo peor de la crisis energética el Gobierno aplicó medidas excepcionales para subvencionar y poner un tope al precio de la tarifa regulada de gas en plena escalada de los precios internacionales del gas hasta máximos históricos.
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