A principios de diciembre de 2023, el Toconao, un carguero con bandera de Liberia, perdió seis de los contenedores que transportaba en aguas portuguesas. Estos contenían mil sacos de estas pequeñas bolas blancas utilizadas en la fabricación de plásticos, lo que se traduce en torno a unas 26,2 toneladas de pélets. Pasados más de dos años, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes que recurrirá a la justicia para que el Ejecutivo central «inicie el proceso de exigencia de responsabilidad» por este vertido.
La limpieza de playas, entre otras cuestiones, supuso un coste, según los datos aportados por el mandatario autonómico, de 2,3 millones de euros. En el operativo actuaron más de 630 arenales de 66 concellos de la costa, donde llegaron a trabajar alrededor de 400 personas a pie de playa.
«El Gobierno central ostenta en exclusiva las competencias en la lucha contra incidencias de estas características con origen en el mar», señalan fuentes del equipo de Rueda. Estas inciden que, con este recurso judicial por la vía contencioso-administrativa para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actúe, buscan «sentar un precedente con el que garantizar que en incidentes futuros de este tipo los responsables paguen por sus acciones», al haber reiterado la reclamación por el daño ambiental en numerosas ocasiones.
Por ello, además de recuperar este gasto «importante» de la Xunta, el presidente gallego remarcó la importancia de que sirva para «asentar una jurisprudencia» y una práctica de abono de costes de cara a «futuros incidentes», que espera que no se produzcan. La Administración autonómica también considera «fundamental» señalar a los operadores marítimos internacionales que las administraciones españolas «son rigurosas en la aplicación de la normativa vigente», pero que el Gobierno central «no fue todo lo contundente que debería en este sentido».
Así las cosas, a comienzos de este año, la jueza del Tribunal de Instancia de Noia, plaza 2, acordó el sobreseimiento definitivo de la causa en la que se investigaron las posibles responsabilidades penales derivadas del vertido de pélets. Tras la práctica de las diligencias de instrucción, y teniendo en cuenta el contenido de toda la prueba documental, la instructora concluyó que “no se puede inferir la existencia de ilícito penal alguno, sin que se haya rebasado, en su caso, el ámbito de una posible infracción administrativa”.
