La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra solicita al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para que informe sobre la hora en la que se tuvo conocimiento de la inutilidad de parque de bomberos de Chiva, para acoger el puesto de mando avanzado (PMA), durante la dana del 29 de octubre de 2004, según la providencia notificada hoy a las partes. Una petición de información que la jueza de la dana adopta tras la solicitud de diligencias presentada por el colectivo Mai Més, que ejerce la acusación particular y popular, bajo la dirección letrada de Joan Bertomeu y Andreu Moreno. Conocer la hora exacta de la inundación del retén de bomberos en Chiva servirá para dilucidar desde cuándo se conocían las afecciones por las inundaciones en la cuenca alta del Poyo, que también recibe el nombre de rambla de Chiva, y que los máximos responsables de la emergencia aseguran que desconocían.
La jueza de la dana quiere que el Consorcio de Bomberos le informe «del medio por el que se tuvo conocimiento de esta situación a través de quién se tuvo conocimiento y si esta información se comunicó al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana (CCE) y a los miembros del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) o si estaba a disposición de la dirección de la emergencia».
La magistrada también oficia al parque de bomberos de Chiva «para que informe a través de la jefatura de dicho parque de bomberos, sobre la identidad de los bomberos que se encontraban aquel día en dicho parque el 29 de octubre de 2024, y sobre la hora en la que se produjeron las inundaciones que inutilizaron el parque y por qué vías y quién se le comunicó». Además, una vez identificados los bomberos que se encontraban trabajando el 29/10/2024 en el parque de bomberos de Chiva, sean citados como testigos en la presente causa».
Los abogados de Mai Més recordaban en su escrito , al que ha tenido acceso Levante-EMV, que Jorge Suárez (subdirector de Emergencias), José Miguel Basset (exinspector jefe del Consorcio de Bomberos) y Alberto Martín Moratilla (exdirector general de Emergencias) declararon que se enteraron «por los miembros presenciales del Cecopi de la inutilización del parque de bomberos de Chiva por las inundaciones del 29 de octubre». Un retén en el que se había previsto ubicar el puesto de mando avanzado PMA. Una opción que se descartó, según declaró Jorge Suárez, a las 15 horas, porque el parque había quedado inutilizado por las inundaciones. Gestiones en las que participaron Suárez, Basset y Moratilla. Basset, incluso aparece consultando el mapa de Chiva en uno de los videos mudos grabados del Cecopi, ocultos durante meses, que se entregaron a la jueza de la dana nueve meses después.
Los abogados de Mai Més apuntan en su escrito a que tanto Salomé Pradas (la consellera de Justicia) y Emilio Argüeso (secretario autonómico de Emergencias), los dos únicos investigados en la causa por ahora, debían conocer lo que sucedía en Chiva. Pradas comunica al jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a las 14.51 horas: «Pasamos a nivel 2 [de la emergencia] en Utiel, PMA en Requena (14.51 horas), Cecopi en Centro de Coordinación de Emergencias».
Por tanto, es lógico deducir, según explican los letrados de Mai Més, que, a esa hora, ya se conocía la inundación en Chiva, en la cuenca alta del Poyo (en alerta hidrológica desde las 12.20 horas) , por lo que se tomó la decisión de habilitar el PMA en Requena, para atender la emergencia en Utiel, donde el desbordamiento del río Magro (en alerta hidrológica desde las 11.45 horas) comenzó alrededor de las 13 horas y provocó la muerte a seis personas.
De hecho, Pradas informa en otro mensaje al jefe de gabinete de Mazón enviado a las 16.07 horas que el PMA finalmente se ubicó en l’Eliana y que en Requena se estableció un «centro de recepción de medios». De ahí que Mai Més considere «poco creíble» que el diputado responsable de bomberos «desconociera el estado en el que se encontraba uno de los parques de bomberos dependientes de su área de actuación, dado que la situación del parque de bomberos de Chiva fue objeto de conversación en el debate dónde ubicar el PMA».
Y añaden un detalle curioso. «El señor Avelino Mascarell afirmó de manera inverosímil que ante la primera intervención de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la presa de Forata (en Yátova, en el curso del río Magro) decidió llamar a diferentes alcaldes, entre ellos la alcaldesa de Godelleta». Un municipio ubicado en la Hoya de Buñol que pertenece a la cuenca del barranco del Poyo, pero no a la del río Magro, donde está ubicada la presa de Forata. «Godelleta -asegura Mai Més en su escrito- es una población afectada directamente por el agua que podría estar cayendo en Chiva, además de la lluvia que el propio municipio pudiera estar recibiendo en aquellas horas».
Mai Més considera que «resulta relevante el conocimiento reconocido por los testimonios de la inutilización por la inundación del parque de bomberos de Chiva por parte de los integrantes del Cecopi, que implicaría el conocimiento por parte de la dirección de la emergencia o al menos la existencia de información disponible sobre las inundaciones en una zona de influencia directa de la cuenca del barranco de Chiva o del Poyo o de Torrent, aguas abajo, que recordemos tenía decretada una alerta hidrológica desde las 12.20 horas, siendo su desbordamiento el causante de la mayor parte de las muertes que se han dado en este procedimiento».
Sin olvidar, recordaban Joan Bertomeu y Andreu Moreno, «que la señora Salomé Pradas y el señor Carlos Mazón mencionan expresamente en los videos que obran en la causa como un foco de preocupación y de riesgo aquella jornada y que esta preocupación se transmite por parte de la señora Pradas por mensaje a las 13.03 horas al señor Mazón».
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