La solicitud para declarar a Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada sigue provocando desencuentros entre el Ayuntamiento capitalino y el Gobierno de Canarias. La alcaldesa, Carolina Darias, reiteró este jueves en una rueda de prensa que entregará la nueva documentación requerida al Consistorio por parte de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. «Vamos a cumplir con los plazos», subrayó. A través de un requerimiento de esta semana, la Dirección General de Vivienda le ha dado a la ciudad un ultimatum de 10 días para cumplimentar la solicitud, de lo contrario, la misma podría decaer por desestimiento.
«Este gobierno de progreso es cumplidor, pero ¿les parecen equilibrados los tiempos?», subrayó Darias, al tiempo que le exigió al ejecutivo autonómico a tratar a la capital «como lo que somos, la primera gran ciudad de Canarias». El Ayuntamiento capitalino envió en enero de 2025 un informe elaborado en colaboración con la ULPGC que acredita que el municipio con los resquisitos para ser declarado como zona tensionada, una herramienta contemplada en la Ley de Vivienda estatal y que tiene como objetivo limitar y reducir los precios del mercado inmobiliario.
Tiranteces entre ambas partes
La alcaldesa consideró que, «siendo el único ayuntamiento [de las Islas] que ha presentado un informe riguroso», la atención por parte de la consejería de Vivienda «no ha sido la adecuada». Desde que el Consistorio capitalino aprobara en abril de 2024 solicitar la declaración de zona tensionada se han ido produciendo tiranteces entre ambas partes. El pasado julio el Colegio de Economistas presentó un informe que desacreditaba al elaborado por el Consistorio al concluir el mismo que la ciudad no reunía los requisitos para ser zona tensionada.
El pasado enero el consejero, Pablo Rodríguez, llegó a afirmar que la documentación requerida debe contar «con datos oficiales» y no cifras obtenidas a través de portales inmobiliarios, como hizo el Consistorio en su informe. El de los economistas especifica que, en todo caso, podrían ser zonas determinadas de la ciudad dónde sí se darían las condiciones para utilizar esta herramienta para intervenir el mercado inmobiliario.
Darias reiteró este lunes su intención de aplicar una herramienta contemplada en la Ley 12/2023 y que ya se encuentra vigente en «más de 300 ciudades» en España, incluidas capitales como A Coruña, donde gobierna el PSOE y la Xunta de Galicia está en manos del PP, «sin dificultades ideológicas». La alcaldesa apuntó que hace dos semanas mantuvieron una reunión por videoconferencia con el Ayuntamiento de Barcelona para conocer su experiencia, quienes acreditaron «que la oferta no ha bajado, que se ha mantenido y los precios se han aliviado en torno a un 5 o 6%».
Tope de viviendas vacacionales
La alcaldesa indicó que la documentación requerida «es muy amplia» y especificó que la ley de procedimiento administrativo establece ampliaciones de plazo. En cualquier caso, insistió en que tiene «como máxima el mínimo común entendimiento» con el objetivo de «alcanzar un acuerdo». Darias insistió que pese a haber pasado más de un año, no han obtenido respuesta al informe que entregaron a principios del año pasado.
La regidora también se apoyó en la nueva ley del Gobierno canario sobre los usos turísticos de la vivienda. Este documento contempla que para limitar el número de alquileres turísticos es necesario declarar la ciudad como zona tensionada, «y consideramos que hemos llegado al tope máximo de viviendas vacacionales«. De ahí que considerara hacer «un ejercicio de coherencia» al Ejecutivo autonómico.
Precios en máximos históricos
Los precios del alquiler y de la compraventa de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria no han parado de escalar desde hace cuatro años. Según datos de Idealista hasta el mes de enero, los alquileres se han encarecido un 40% en la ciudad desde comienzos de 2022, cuando las rentas comenzaron a escalar hasta alcanzar los 14 euros por metro cuadrado, máximo histórico.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado, criticó este jueves por su parte que la alcaldesa intente «disfrazar» la política de vivienda municipal, que calificó de «desoladora», al insitir en la declaración de zona tensionada. “Lo que está quedando en evidencia es una gestión incapaz para entregar vivienda nueva y de reposición, con promociones paralizadas y rehabilitaciones convertidas en un calvario para los vecinos”, en referencia a los problemas surgidos en el grupo Sanz Orrio, en La Isleta, o en La Paterna.
Delgado insistió que este tipo de herramientas que ponen límites a los precios de la vivienda pueden provocar «efectos no deseados» si no van acompañados de un aumento de la oferta. La líder de los populares alertó de una posible caída de la oferta de alquiler y de que los propietarios opten por modalidades como el alquiler temporal en detrimento del de larga duración.
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