La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha activado el procedimiento para que se investigue al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Para ello, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, paso previo a una eventual imputación. Cabe recordar que el exjefe del Consell mantiene su condición de aforado y su acta en Les Corts Valencianes.
La jueza considera que existen indicios de delito por su parte, apreciando una «absoluta negligencia en la gestión y coordinación de la emergencia» y un «nexo causal» entre esta y la muerte de personas por falta de avisos.
Después de más de quince meses de investigación y de tomar declaración a más de 500 testigos y peritos -y aún quedan un centenar por hacerlo- la jueza adopta esta decisión en una causa en la que, hasta ahora, solo figuraban como investigados dos antiguos altos cargos del Consell: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el exdirector de Emergencias Emilio Argüeso.
«De confinar nada, salo»
La decisión de la magistrada se fundamenta, entre otros elementos, en la conversación que mantuvo la tarde de la catástrofe, el 29 de octubre de 2024, el que fuera jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, con la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, investigada en la causa. En dicho intercambio, el jefe de gabinete le indicó a la consellera: «De confinar nada, Salo».
Según la instructora, esta expresión posee «un carácter claramente imperativo» y, dada la condición de José Manuel Cuenca y su «estrecha relación personal» con Mazón, «convierte los mensajes no en meras opiniones o en consejos, sino en órdenes». La jueza concluye que el jefe de gabinete estaba «dando órdenes concretas» para descartar el confinamiento, y ve «una insistencia en el control de la emergencia que solo puede responder de forma lógica a que obedeciera instrucciones de su superior».
«Parálisis en los momentos decisivos»
La exposición razonada, de más de 100 páginas, recoge que la directora del plan, Salomé Pradas, «tenía en un principio importantes dudas sobre sus propias competencias». Este desconocimiento, según el auto, «generó una parálisis en los momentos decisivos y sería decisiva en el resultado mortal». Además, en la misma conversación, José Manuel Cuenca, comunicó a la consellera que Mazón estaba a punto de llegar al Cecopi, lo que para la jueza es «una forma de decirle que se espere a la llegada inminente con el Presidente».
La instructora considera «completamente inverosímil» que el jefe de gabinete actuara por su cuenta y que el presidente «fuera ajeno a las órdenes expresadas». El auto califica la «ausencia» del jefe del Consell y «esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación» como una actuación «negligente». La jueza puntualiza que Mazón, «ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante», lo que «constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo».
Según el sumario, tras una comida de casi cuatro horas en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, Mazón la acompañó a un aparcamiento del centro de Valencia y se dirigió después a la sede del Gobierno valenciano para desplazarse al Cecopi, donde llegó a las 20.28 horas, ya después del envío de la alerta masiva a los móviles. Para la magistrada, un aviso previo habría evitado víctimas mortales. Estas inundaciones acabaron con la vida de 230 personas.
En definitiva, la jueza aprecia un «nexo causal» entre «la pasividad del President de la Generalitat» y los fallecimientos registrados durante la dana por «la falta de avisos». La resolución concluye que la «omisión equivalente al resultado» se desprende del hecho de que «no se adoptaran medidas de alerta, precisas, concretas y a tiempo» desde el CECOPI, un organismo al que el presidente «podía, conforme a la normativa legal, dar órdenes e instrucciones».
Llegada del expresident Mazón al CECOPI la tarde del 29 de octubre de 2024
MAZÓN DECLINÓ DECLARAR VOLUNTARIAMENTE ANTE LA JUEZA DE LA DANA
En marzo del año pasado, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza que instruye la causa, ofreció al expresident Mazón declarar de forma voluntaria, aunque el máximo mandatario autonómico en ese momento decidió declinar la invitación porque «estaba muy seguro de que la Generalitat ha actuado con la mayor y la mejor diligencia en todo momento».
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