La crisis de la vivienda en España no responde únicamente al aumento de los precios, sino a un problema más profundo de falta de oferta estructural, exceso de burocracia y desconfianza hacia los promotores privados con vocación social. Así lo defendió este lunes Metropolitan House ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, donde su fundador y presidente, Rafael Angulo, reclamó una revisión estructural del modelo actual basada en más oferta, menos burocracia y un uso más ambicioso del suelo público.
Ante los parlamentarios, Angulo defendió que la vivienda debería convertirse en “el quinto pilar del bienestar” y pidió cambios regulatorios para aumentar la construcción de vivienda protegida. Entre sus propuestas destacan una menor carga fiscal, la agilización de los trámites urbanísticos y una mayor cesión de suelo público para impulsar proyectos destinados a jóvenes y familias.
Una oferta muy por debajo de la demanda
Durante su intervención, el promotor puso cifras al desequilibrio actual del mercado. En España se construyen alrededor de 100.000 viviendas al año, mientras que la creación de nuevos hogares roza las 200.000 unidades anuales. Además, solo unas 14.000 corresponden a vivienda protegida, lo que deja el parque de VPO en apenas el 2,6% del total, muy por debajo de la media europea, situada en torno al 9,5%.
A este desfase, señaló, se suma un modelo que penaliza la promoción de vivienda protegida con impuestos, cargas parafiscales y procesos administrativos que encarecen los proyectos y retrasan su ejecución durante años. Por ello, a su juicio, la combinación de trámites largos, presión fiscal y escasez de suelo disponible termina ralentizando y encareciendo cada proyecto de vivienda social.
Suelo público y más VPO para desbloquear proyectos
En este contexto, Angulo defendió la cesión de suelo público en derecho de superficie a 75 años como vía para impulsar vivienda asequible, así como la ejecución inmediata de planes parciales ya aprobados. También reclamó elevar el porcentaje de vivienda protegida en los nuevos desarrollos hasta el 50% o 60%, frente a los niveles actuales, para garantizar la viabilidad económica y el acceso real a la vivienda.
Ello porque «el modelo actual de reparto de beneficios del suelo no es idóneo: el propietario se lleva la mayor parte sin asumir riesgos ni generar empleo”, subrayó. Además, advirtió que las consecuencias de este bloqueo de mercado llevaría a que los jóvenes no puedan emanciparse, familias hacinadas —lo que definió como “el barraquismo del siglo XXI”— y un impacto directo en la natalidad y la demografía.
Como alternativa, el promotor defendió un modelo mixto: alquiler asequible para jóvenes menores de 40 años, en viviendas de uno o dos dormitorios, y acceso progresivo a la propiedad a partir de esa edad. El objetivo, explicó, es evitar que las pensiones futuras se vean absorbidas por el pago de alquileres durante la jubilación.
Un nuevo fondo para alquiler joven
Durante la comparecencia, el empresario anunció además la creación de Genivs Insulae, un fondo orientado a la vivienda protegida en alquiler para jóvenes sobre suelo público, que operará mediante derechos de superficie o concesión administrativa. El proyecto contará con la participación de Provivienda y Fundación Hábitat3 como entidades gestoras de las viviendas, reforzando su enfoque social.
“Hacen falta promotores comprometidos, administraciones colaborativas y un sector público proactivo que confíe en quien tiene los medios y el conocimiento para construir vivienda social de verdad” zanjó el presidente de Metropolitan House.
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