«Estoy esperando ya los papeles para ponerme a trabajar. Tengo conocidos en la hostelería que necesitan gente y me van preguntando a cada poco ‘¿ya los tienes?’. Si mañana me dan la regularización, pasado ya estoy trabajando con contrato”, explica Raydel, cubano, nacido hace 39 años en La Habana y afincado desde hace año y medio en Cerdanyola del Vallès.
Desde que llegó, se ha visto atrapado en el laberinto burocrático que es el reglamento de extranjería, del que espera salir mediante la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno a principios de año. Como Raydel, centenares de miles de personas están a la expectativa de lograr un permiso de trabajo y residencia. El proceso nace de una iniciativa legislativa popular impulsada por entidades sociales, agrupadas en la plataforma ‘RegularizaciónYa’.
Cuando plantearon la medida, sus cálculos eran que unos 500.000 migrantes podrían lograr papeles; hoy, entidades como Funcas han actualizado el dato y lo elevan hasta 840.000 migrantes potencialmente beneficiados. Para proyectar el dato, desde esta entidad han cogido la lista de personas empadronadas que ofrece el INE –que pueden tener permiso de residencia o no- y se resta de las personas que tienen permiso de residencia, de estudios o por asilo. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de gestionar el proceso, a preguntas de EL PERIÓDICO, afirman carecer de datos al respecto.
La mayor parte nació en Colombia, Perú y Honduras. Son jóvenes y muchos ya están ocupados
¿Quiénes son, dónde viven y de dónde vienen? Como Raydel, el perfil mayoritario es el de una persona originaria de Latinoamérica, que ya está viviendo aquí y que tiene una red social, de familiares y/o amigos, que lo apoya, según explica la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar. “Los más numerosos nacieron en Colombia, Perú y Honduras. Son jóvenes, en edades laborales activas, mayoritariamente ya están ocupados en la economía informal, en empleos poco remunerados y de baja cualificación”, detalla. Si reproducen el patrón de los migrantes que hoy sí tienen papeles, la mayoría viven en las conurbaciones urbanas de Madrid y Barcelona.
Mahmoud, migrante que se presentará a la regularización anunciada por el Gobierno. / Zowy Voeten
Mahmud y Mahmud, son tocayos, ambos egipcios, amigos de la infancia y nacidos en El Cairo hace 29 y 28 años, respectivamente, llevan meses sufriendo las precarias condiciones laborales que ofrece la economía sumergida. Hacen mudanzas siempre que pueden y cobran entre tres y cinco euros la hora, cuando el salario mínimo está a 9,5 euros la hora. “No quiero trabajar más ‘en B’. En Egipto he trabajado de peón en la construcción, de cocinero en restaurantes, he dado clases de francés… he hecho de todo y trabajaré de lo que salga cuando tenga mis papeles. Pero tener unos mínimos derechos”, explica el más joven. La habitación compartida que les ofrece una vecina, María, les salvó de dormir en la calle.
No quiero trabajar más ‘en B’, aceptaré el empleo que me salga, pero quiero unos mínimos derechos
Vinieron a Europa buscando una vida mejor y su entrada fue Bulgaria, engañados por una empresa que les ‘ofreció’ un contrato de trabajo para trabajar como diseñadores de márketing –el más mayor es licenciado en la materia por la universidad de El Cairo- a cambio de 3.500 euros cada uno. Cuando llegaron el contrato era para trabajar manufacturando sudaderas por el salario mínimo búlgaro (unos 620 euros brutos al mes).
Mahmoud, migrante que se presentará a la regularización anunciada por el Gobierno. / Zowy Voeten
Tuvieron que cogerlo para devolver el dinero a sus familias, que les habían prestado para pagar a sus estafadores. A la que pudieron, se vinieron para España. “Vimos que aquí había oportunidades, que la economía estaba creciendo”, afirma el mayor de los Mahmud.
Actualmente, España es una de las economías que más crece de todo el Viejo Continente y gran parte de esa bonanza se explica por la intensa incorporación de personas nacidas en el extranjero. En los últimos cinco años, se han creado en España 2,4 millones de empleos en la economía formal, de los cuales el 39% los han ocupado migrantes. Los nacidos fuera de España pero que cotizan en España ya superan los tres millones de personas y la regularización anunciada por el Gobierno promete elevar la cifra.
Vinimos a España porque veíamos que la economía estaba creciendo y tendríamos oportunidades
“La gran mayoría de migrantes en situación irregular entran en este país a través de Barajas. Desde prácticamente toda Latinoamérica puedes entrar a España sin visa, como turista. Aquí encuentras un mercado laboral que demanda gente y gran parte de los que vienen ya tienen un familiar o un amigo que les recibe. El recorrido migratorio lo tienen hecho”, explica la investigadora de Fedea y profesora de la UCM Claudia Finotelli.
Esta especialista en gestión migratoria señala la evidente mejora que experimentarán las vidas de aquellos que acaben acogiéndose a la regularización, ya que obtener un permiso de trabajo les permite –que no garantiza- obtener un empleo con unos mínimos y una vez regularizados “la evidencia empírica señala que la gran mayoría ya no vuelven a la irregularidad”. No obstante, también señala las contradicciones que le supone al Estado tener que recurrir a una medida extraordinaria como esta.
Cuando cientos de miles de personas viven en irregularidad durante años, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural
En esa misma línea se expresa el catedrático de Ciencias Políticas de la UPF, Ricard Zapata, en un artículo reciente en EL PERIÓDICO: «Durante años, el modelo de extranjería había perdido eficacia. El arraigo social exigía tres años de invisibilidad; el arraigo laboral era casi inaccesible; la contratación en origen se había convertido en una ficción administrativa. Las oficinas de extranjería acumulaban retrasos estructurales y la irregularidad sobrevenida se multiplicaba. Cuando cientos de miles de personas viven en irregularidad durante años, el problema deja de ser individual y se vuelve estructural: es el síntoma de un sistema que ya no puede gobernar la realidad que debe regular».
“Sánchez ha aprendido la lección de Zapatero y ha dado más tiempo a presentar papeles y no requiere contrato de trabajo previo, lo que dejaba la regularización en manos de los empresarios. No nos podemos permitir una economía sumergida ante el reto demográfico que tenemos por delante”, insiste el catedrático.
“Es un parche para resolver un modelo de captación de mano de obra extranjera que es muy deficitario y que alimenta una economía que depende de sectores muy volátiles y precarios y necesita incorporar a mucha gente que cobre bajos salarios”, afirma la investigadora de Fedea. «No le veo sentido al debate entre regularización sí o no, deberíamos reflexionar sobre qué tipo de modelo productivo queremos», añade.
Sin competencia con los autóctonos
Todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en señalar que la regularización supondrá una mejora para las condiciones de vida de los potenciales beneficiados, aunque no está claro que todas las personas que tengan derecho a regularizarse acaben aflorando a la economía formal y una parte seguirá en la economía sumergida.
Las empresas ven con buenos ojos la medida, especialmente las de la construcción, el campo, el transporte, la hostelería o el cuidado de personas, sectores donde la población migrante regular ya está hoy sobrerrepresentada. La regularización les habilitará de más mano de obra en un contexto en el que, pese a las todavía altas tasas de paro, lamentan falta de personal en distintas profesiones, habitualmente las peor remuneradas.
No obstante, economistas consultados y sindicatos advierten de que no todas las empresas o particulares que hoy dan empleo informal querrán asumir los costes derivados de contratar a esas personas, como pagar cotizaciones sociales o reconocerles derechos básicos como bajas por enfermedad, vacaciones o prevención de riesgos laborales, entre muchos otros.
Los sindicatos ya están preparando campañas para tratar de organizarlos y que esta oportunidad suponga una mejora de sus condiciones y les permita consolidar una carrera profesional a medio y largo plazo en España. La regularización de estas personas no supondrá un tapón o una mayor competencia para la población nacida aquí a la hora de encontrar un trabajo, “ya que gran parte de las profesiones que hoy copan los migrantes son profesiones a las que los autóctonos no quieren acceder y para las que están sobrecualificados”, explica la directora de Estudios Sociales de Funcas.
Gora, migrante que se presentará a la regularización anunciada por el Gobierno. / Zowy Voeten / EPC
Gora, senegalés de 26 años, es de oficio carpintero. Oficial de categoría, en su país natal tenía su propio taller y dos aprendices a cargo; aquí llegó en patera a través del paso de Canarias y aguarda la regularización recogiendo chatarra. Sonríe cuando se le pregunta si le gustaría montar su propio taller en Barcelona. “Ojalá algún día”, proyecta.
Gora, Raydel y los dos Mahmud atienden a EL PERIÓDICO en la sede de la oenegé T’Acompanyem, una entidad que nació para ayudar aquellos que quedaron en paro tras la crisis del 2008 y que desde entonces se ha reconvertido, con la misma misión, pero abierta a un crisol de culturas.
Aquí reciben clases de catalán y castellano y durante los últimos meses han realizado cursos homologados de logística, repostería, ofimática o atención al cliente, entre muchos otros. Cada uno nació a miles de kilómetros de distancia de donde hoy se juntan y acompañan, pero los cuatro comparten la esperanza de que la regularización prometida les permita mejorar un poco sus vidas.
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