-¿Qué es Les Naus?
Es una urbanización ubicada en la avenida Historiador Vicente Ramos, en el entorno de La Condomina, con pisos de protección pública de tres y cuatro dormitorios, y zonas comunes con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva. El precio medio de venta de cada vivienda rondaba los 215.000 euros.
-¿Sobre qué suelo se construyo?
La urbanización se construyó sobre una parcela de 8.618 metros cuadrados de titularidad pública, cuyo proceso de enajenación arrancó en julio de 2018 y finalizó en abril de 2022, con la formalización del contrato con la cooperativa Les Naus, por un precio tasado de 6,67 millones. Entre medias, el proceso estuvo paralizado tres años, hasta diciembre de 2021, por la controversia en torno a la cláusula en caso de desempate. Provia y una promotora recurrieron la disposición de que a igualdad de puntos ganase la licitadora que presentase antes la oferta. El Ayuntamiento aceptó los recursos contra su pliego avanzando que apostaría por un sorteo. Sin embargo, una de las cinco licitadoras (Les Naus) acudió a los tribunales. Perdió en primera instancia, pero ganó en el TSJ.
-¿Por qué la cooperativa Les Naus consiguió el solar?
Con la reactivación del concurso, solo dos licitadoras mantuvieron su interés: Les Naus y Edificio Teulada. La cooperativa se impuso por diez puntos, sin necesidad de hacer uso de la cláusula de desempate, al ofrecer 125 plazas de recarga eléctrica frente a las 75 de su competidor.
-¿Quién hay detrás de la cooperativa y de su gestora?
Según el registro de la Generalitat, la cooperativa está presidida por Luis Alberto Meler, con Vanesa Quero como vicepresidenta y Trinidad Box de secretaria. La gestora de la cooperativa es Fraorgi, impulsora de dos recientes urbanizaciones en el PAU 5 (Viride y Terraza del Mediterráneo) y tiene a Francisco Ordiñana como administrador único. Todos ellos disponen de áticos en la urbanización objeto de polémica.
-¿Cómo pudieron los interesados conocer esta promoción de vivienda protegida pública (VPP)?
A preguntas de este diario, el gestor de Fraorgi aseguró que el proceso de captación y selección de socios comenzó años antes de que la promoción fuese una realidad y que la demanda era muy superior a la oferta: «Nos daba para llenar esta y diez promociones más», dijo. Ordiñana admitió que no publicitaron la promoción en portales inmobiliarios. «En agosto de 2018 teníamos una lista de espera tremenda». Finalizado el proceso judicial, la gestora asegura que actualizó la lista de posibles interesados porque, en ese tiempo, algunos optaron por comprar otra vivienda: «Teníamos una lista de espera de 2.000 personas». Ese listado no era público. Tampoco lo exigía la ley.
La principal duda existente es si la Justicia podrá revertir las adjudicaciones que hayan sido irregulares
-¿Qué requisitos se pedían para poder acceder a estas viviendas?
Desde la entrada en vigor del último decreto sobre vivienda protegida, aprobado por el Consell de Mazón, los interesados pueden percibir 6,5 veces el Iprem en 14 mensualidades, lo que da 54.600 euros, una cantidad que puede aumentar hasta los 66.000 en caso de menores o mayores de 65 años a cargo o personas con discapacidad. El anterior decreto, el del Botànic, dejaba el límite en 46.800, pudiendo elevarse hasta los 53.000 euros. Los ingresos se contabilizan por unidad familiar, con independencia de que una pareja esté en separación de bienes. Además, se debe ser mayor de edad, tener la nacionalidad española y no ser titular del pleno dominio de otra vivienda en España.
-¿Cuándo empezaron a construirse las 140 viviendas?
La cooperativa consiguió la licencia de obras en diciembre de 2022, ocho meses después de formalizar la compra del terreno. La obra iba a prolongarse 18 meses. Era una de las exigencias del Ayuntamiento. Sin embargo, la cooperativa se comprometió a finalizarla en 13 , lo que le permitió conseguir puntos en el proceso de licitación. Pero al final, a petición de la cooperativa, el gobierno aprobó ampliar el plazo hasta los 22 meses, que concluyeron en julio de 2025.
-¿En qué fecha se entregaron las viviendas a sus propietarios?
Las 140 viviendas se empezaron a entregar en la recta final del verano de 2025. La concejala de Urbanismo, por ejemplo, escrituró su vivienda en septiembre de ese año.
El 29 de enero, un día clave en la polémica
–¿Cuándo salta la polémica en torno a este residencial?
El 29 de enero, INFORMACIÓN desvela en exclusiva que al menos una concejala (Rocío Gómez, de Urbanismo), los dos hijos de una directora general del Ayuntamiento (María Pérez-Hickman) y un arquitecto de municipal (Francisco Nieto) habían sido agraciados con viviendas en la primera promoción pública que se ejecutaba en la ciudad en dos décadas.
-¿Cuándo surgen las alarmas a nivel municipal por estos pisos?
El Servicio de Patrimonio, para cerrar el expediente de enajenación de la parcela, reclama este enero a la cooperativa una relación de los beneficiarios para verificar que la urbanización se había llevado a cabo según lo acordado. Al recibir la información, Patrimonio detecta entre los propietarios a personas vinculadas con el Ayuntamiento. La jefa de Patrimonio se persona el 15 de enero en el despacho de la concejala, Nayma Beldjilali, a la que advierte de posibles incompatibilidades. La edil de Patrimonio le pide un informe donde detalle las posibles irregularidades que se envía directamente al secretario general del Ayuntamiento. En él se señalaba a las tres personas antes citadas: la concejala de Urbanismo, la directora general de Organización Interna y Contratación Pública y especialmente a un arquitecto, de quien se dice que ha participado en reuniones sobre la venta de la parcela y que pudo influir en la toma de decisiones, aunque sin firmar.
-¿Qué dice Patrimonio del papel del Ayuntamiento?
El informe subraya que el Ayuntamiento no ha intervenido en la adjudicación de las viviendas, que corresponde a la cooperativa, ni en el visado, competencia de Generalitat, pero sí que debe velar por un reparto ajustado a la norma, que obliga a que sea bajo los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia.
-¿Cuándo asegura Barcala que conoció la relación entre propietarios y personal municipal?
Según la versión oficial, Patrimonio advirtió al alcalde del contenido del informe a través de un wasap el 27 de enero. Al día siguiente, Barcala asegura que solicitó la apertura de un expediente de averiguación de hechos ante un posible conflicto de intereses o causa de incompatibilidad legal.
Primera consecuencia en forma de dimisión
-¿Cuál fue la primera consecuencia de la exclusiva de INFORMACIÓN?
El mismo día 29 de enero, según avanzó este diario, dimitió la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que llegó al cargo de confianza en mayo de 2024. La funcionaria, que tras su dimisión regresa a su puesto como jefa de Contratación, tiene a dos hijos y a un sobrino entre los propietarios de viviendas en la promoción Les Naus.
-¿Y la primera reacción pública del alcalde de la ciudad?
El mismo día en el que INFORMACIÓN revelaba las conexiones entre adjudicatarios y personal del Ayuntamiento, el Salón de Plenos acogió la sesión ordinaria de enero, que estuvo monopolizada por el escándalo. Ahí, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, anunció que su formación iría a Fiscalía. Posteriormente, en su turno de palabra como respuesta a preguntas «in voce» de la oposición, Barcala dijo que haría lo mismo: «No voy a dejar pasar este asunto sin exigir responsabilidad, sea quien sea y caiga quien caiga».
-¿Cuál fue la primera reacción de Barcala ante los medios?
Sin aceptar preguntas, el alcalde dijo que no iba a «permitir que alguien que no está en situación de vulnerabilidad acceda a una vivienda social» y defendió, matizando que «con la información disponible», la actuación de la edil Gómez. A su vez, puso el foco en la Generalitat: «No podemos permitir que los procesos para acceder y obtener una vivienda social no sean transparentes ni que el conocimiento de esos procesos no sea accesible a todo el mundo», por lo que reclamó una modificación de la normativa.
-¿Cuándo se produce la segunda dimisión?
Pese a las declaraciones de respaldo de Barcala por la mañana, a las 19.43 horas del viernes 30 de enero el Ayuntamiento informó de que la concejala Rocío Gómez anunciaba su dimisión, alegando que así «la investigación puede seguir su curso sin interferencias de ningún tipo». La edil llevaba desde mediados de 2025 de baja por maternidad. Días después de su renuncia, INFORMACIÓN desveló que su suegro también tiene un piso en Les Naus.
-¿Cuándo llega el asunto de las viviendas a la Justicia?
El 31 de enero, Sumar registró la primera denuncia para advertir a Anticorrupción de las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas. Dos días después, el PSOE acudió a la Fiscalía por cinco posibles delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, fraude a la Administración, estafa y fraude de ley con relevancia penal. El Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda lo harían días después. La primera, para poner el foco en Francisco Nieto, arquitecto municipal, del que dice que prestó apoyo técnico durante la ejecución del contrato manteniendo reuniones de trabajo con el personal del servicio de Patrimonio e incluso con representantes de la cooperativa adjudicataria en la que él tiene un piso. Vivienda, de momento, ha dirigido la denuncia contra el funcionario expedientado, aunque ya ha anunciado que la ampliara con todos los casos irregulares que detecte.
Primer funcionario expedientado
-¿Quién es el primer funcionario suspendido por el escándalo de Les Naus?
El pasado martes, la Generalitat Valenciana anunció la apertura de un expediente disciplinario, con suspensión de empleo y sueldo, a un funcionario de la Dirección Territorial de Alicante tras descubrir que validó el visado de una vivienda solicitada por su propia esposa, arquitecta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, correspondiente a la polémica promoción de Les Naus.
-¿Cómo detecta Vivienda las irregularidades, cuál es la que más se repite y qué medidas anuncia para evitar más casos?
La vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, anunció la creación de un órgano colegiado que sustituirá la figura actual de un único funcionario de la Dirección Territorial de Vivienda encargado de validar los requisitos para acceder a una VPP. Eso ocurrió después de anunciar que se habían detectado más casos, al margen del que atañe al funcionario apartado. La consellera reveló que en expedientes revisados, cuando los solicitantes informan estar en separación de bienes, falta información crucial sobre el otro cónyuge, ya sea sobre sus ingresos o propiedades, cuando para el cómputo de los requisitos se debe tener en cuenta la unidad familiar, con independencia del régimen económico del matrimonio.
-¿Quién asume la investigación tras la cascada de denuncias?
Este jueves, Anticorrupción asumió la investigación de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante tras las cuatro denuncias registradas (Sumar, PSOE, Generalitat y Ayuntamiento de Alicante). A todas ellas, se añade una quinta, la presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias directamente en los juzgados por presuntos delitos contra la Administración Pública, que podría provocar que el caso se remitiera para su instrucción a un juzgado. De igual manera, serían los mismos fiscales anticorrupción los que representen al Ministerio Público en el proceso.
Las consecuencias políticas están aún por definir tras provocar ya tres dimisiones de cargos
-¿Qué más medidas ha tomado el Ayuntamiento a nivel interno?
El mismo día que fue a Fiscalía, el Ayuntamiento anunció que «cruzará» los datos del listado de adjudicatarios con la plantilla municipal para determinar qué empleados se beneficiaron de esta promoción protegida
-Tercera dimisión. ¿Quién, cuándo y por qué?
Fue la de Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, este jueves tras desvelarse que la madre de sus hijas, a la que dijo no conocer a preguntas de este diario, también es propietaria de una vivienda en la urbanización.
-¿Qué sucedió en el pleno extraordinario de Alicante?
La sesión, convocada a petición de la izquierda, estuvo marcada por la unánime petición de dimisión de Barcala de toda la oposición, incluido Vox. El alcalde pidió perdón a los alicantinos por una situación que calificó de «repugnante e indignante», subrayando que «llegará hasta el final» para asegurarse de que «el que haya cometido alguna irregularidad la pague». En el pleno, además, de aprobó por unanimidad la creación de una comisión de investigación, que todo apunta que también se creará a nivel autonómico, ante la propuesta registrada por Vox, que se suma a las impulsadas desde la izquierda.
-¿Cómo queda Barcala tras la petición unánime de dimisión?
Será Vox el que condicione el futuro del alcalde de Alicante. Los ultras, tras pedir su dimisión , no han querido entrar a valorar los movimientos de la izquierda en busca de una salida del regidor popular. La orden sobre qué hacer no ha llegado aún de Madrid.
-¿Qué cuentan los damnificados del proceso?
Uno de los afectados relató a este diario que a mediados de agosto, en una inmobiliaria, le pidieron que pagara 227.000 euros declarados y el resto, hasta 450.000, en negro. Es decir, 223.000 euros en «b». En otro caso pedían 180.000 euros antes de subir al notario y 230.000 escriturados. Las ofertas de venta y alquiler han ido desapareciendo en los últimos días de los portales webs donde se anunciaban pese a tratarse de viviendas protegidas y no poderse vender, salvo excepciones regladas, antes de 30 años.
Consecuencias legales
-¿A qué consecuencias pueden enfrentarse aquellos que hayan cometido irregularidades?
A la espera de lo que digan los tribunales, que según las administraciones serán los únicos que podrían revertir las adjudicaciones fraudulentas, la Ley de la Vivienda recoge que si se desvelasen irregularidades en el proceso se podrían imponer sanciones de hasta 30.000 euros por «falsear las condiciones personales, familiares o económicas en las declaraciones».
-¿Para quién serán los pisos si se revierten adjudicaciones?
La Generalitat y el Ayuntamiento anunciaron el viernes un futuro convenio por el que el Consell cederá al gobierno local la posibilidad de ejercer la compra preferente sobre las viviendas protegidas que se pongan a la venta en Les Naus, acogiéndose al derecho de «tanteo y retracto».
-¿Se pueden vender o alquilar las viviendas protegidas?
Con la actual normativa, las viviendas protegidas conservan su calificación durante treinta años. No obstante, en ese periodo, se puede pedir permiso a la Generalitat para la venta o alquiler (a precio tasado en ambos casos) ante un cambio de residencia obligatorio por motivos laborales, una separación o divorcio, el fallecimiento del titular o situaciones especialmente protegidas, como la violencia de género. En estos casos, el comprador debe reunir los requisitos exigidos para acceder a una vivienda protegida.
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