Podemos pedirá al Gobierno que los migrantes que obtengan permiso de residencia y trabajo gracias a la regularización extraordinaria tengan también derecho a voto. Una semana después de anunciar el proceso para dar permiso de trabajo y residencia a entre 500.000 y 800.000 migrantes, el partido morado amplía su lista de exigencias al Ejecutivo, reclamando no sólo el derecho al voto sino una modificación legal para reducir el plazo necesario para obtener la nacionalidad española.
En rueda de prensa este lunes, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha avanzado estas nuevas peticiones, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con el Ejecutivo, a cambio de abrirse a traspasar las competencias de migración a Catalunya. «No nos conformamos. Queremos, y así se lo trasladaremos al Gobierno de España en los próximos días, queremos derogar la ley de extranjería», comenzó el dirigente morado, que también reclamó «cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE), acabar de una vez por todas con las redadas racistas», y «agilizar los procesos de nacionalización acortando los plazos».
En este punto, reclamó también «evidentemente, modificar la ley para que las personas no nacionalizadas que viven y que trabajan ya en España legalmente puedan ejercer su derecho a voto como el resto de personas», defendió Fernández. En este apartado estarían todas las personas que adquieran el permiso de trabajo y de residencia mediante el proceso de regularización extraordinaria que tendrá lugar entre abril y el 30 de junio de 2026 para todos los migrantes que residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar cinco meses de estancia continuada en el momento de la solicitud.
Uno de los grandes debates azuzados por la oposición es la regularización implicará una alteración del censo electoral, con una nueva bolsa de votantes migrantes. Una versión que no se ajusta a la realidad, al menos de manera inmediata, puesto que el proceso regulatorio sólo conllevará la concesión del permiso legal de residencia y de trabajo para aquellos beneficiarios, sin que tenga una traducción inminente en el derecho a voto.
Estos permisos de trabajo y residencia, eso sí, activan el reloj para que estas personas puedan acceder a la nacionalización, para lo que tendrán que esperar los plazos establecidos; es decir, diez años para la mayoría de los casos; una cifra que se reduce a dos para aquellos países con convenios de reciprocidad y muchos países de América Latina -como Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay o Perú).
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