«Transición» es la palabra mágica en la Venezuela post-Nicolás Maduro. Algo así como un abracadabra invocado desde distintos actores del conflicto que a partir del 3 de enero, con el «secuestro» del presidente, dio un giro copernicano. Casi todos la repiten y nunca se coincide en su significado. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, reconoció que una nueva acción militar contra el país sudamericano no ayudaría «a la transición» y puso como ejemplos virtuosos a tener en cuenta lo sucedido en España tras la muerte del dictador Francisco Franco o en Paraguay, después de que el autócrata Alfredo Stroessner fuera echado por su consuegro, el general Andrés Rodríguez, en febrero de 1989. Habló además de un proceso lento. La dirigente opositora María Corina Machado pidió una «transición real» después de reunirse con Rubio. No puede ser «una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder». El diputado opositor Henrique Capriles, distanciado de Machado, advirtió por su parte que «no se puede hablar de transición o cambios profundos hasta que no hablemos de las libertades personales«. Esta recién comenzaría cuando se vacíen las cárceles de disidentes. Y eso debería comenzar a suceder en breve tras la propuesta de amnistía general del Gobierno interino.
Poco antes de ser el objetivo de una operación de las fuerzas especiales de EEUU, Maduro había anunciado un «Gobierno Comunal de Transición al Socialismo». Su reemplazante de urgencia, la «presidenta encargada», Delcy Rodríguez, introdujo un leve matiz semántico para comentar la coyuntura. Venezuela, dijo ella, «transita hacia un nuevo momento político«. Rodríguez ha presentado su plan de 100 días de «Convivencia y Paz» con el cual se busca estabilizar la situación tras el descabezamiento del liderazgo. Más allá de no recurrir al mismo lenguaje de Rubio y Machado, los hechos hablan también de reacomodamientos y transiciones en el Gobierno provisional. La «presidenta encargada» ha hecho cambios ministeriales y también en el seno de la cúpula militar. Ha establecido además su propia estrategia comunicativa. Pero la verdadera «transición» al interior del madurismo tiene lugar por estos días en el seno de la Asamblea Nacional (AN), donde el Partido Socialista Unificado (PSUV) ha aprobado con respaldo opositor una nueva ley de hidrocarburos que no solo abre la puerta a la entrada de los capitales extranjeros en el marco de las exigencias que ha puesto Donald Trump sobre el uso de los enormes yacimientos petroleros, sino que recorta de manera importante las regalías que las empresas multinacionales pagarían al Estado en caso de entrar en el negocio.
Las experiencias regionales
Así como Rubio y la Premio Nobel de la Paz han buscado analogías transicionales de un modo positivo o negativo, los analistas y académicos también reflexionan sobre lo que sucede. «Descifrando la Transición», se llamó el foro realizado el pasado jueves en la Universidad Central de Venezuela (UCV). «Hablar de transición en estos momentos es hablar de la nada, porque no hay transición, no ha comenzado», dijo el historiador Elías Pino Iturrieta al abrir un panel. Surgen entonces comentarios sobre otras experiencias. El caso paraguayo no aparece como el más virtuoso porque en ese país no ha dejado de funcionar una suerte de stronismo sin Stroessner. De hecho, el Gobierno del actual presidente Santiago Peña, cuyo padre, José María Peña, fue parte del engranaje dictatorial, es por estos días más que tolerante con los arrebatos de reivindicación de aquel general por parte del partido oficial, el Colorado, que casi nunca dejó de gobernar desde 1989. José Duarte Penayo, hijo del expresidente Nicanor Duarte Frutos, el antecesor de Peña, acaba de ser uno de sus apologistas.
Existen, sin embargo, otras dos «transiciones» latinoamericanas que tampoco serían necesariamente del agrado de Machado. Ambas tuvieron lugar en 1990. La dictadura chilena no pudo extenderse eternamente después de que el general Augusto Pinochet fue derrotado en octubre de 1988 en el plebiscito que decidió su continuidad. El régimen se reservó una cláusula extorsiva: la permanencia en el Ejército. Patricio Aylwin inició al comienzo de esa década la llamada «transición democrática» como representante de la Concertación entre partidos opositores que derrotó en las urnas al albacea del régimen, el exministro Hernán Büchi. El demócrata cristiano Aylwin tuvo que tolerar a Pinochet como el hombre que controlaba los cuarteles y no dejaba de amenazar a los civiles. Lo heredó en ese puesto su sucesor en el Ejecutivo, Eduardo Frei. Pinochet también era «senador vitalicio». Abandonó ambos puestos en 1998 cuando fue arrestado en Londres por orden del juez español, Baltazar Garzón.
El modelo español
Los nicaragüenses siguieron en 1990 el mismo ejemplo que el chileno. Daniel Ortega perdió las elecciones ante Violeta Chamorro, pero su hermano Humberto, entonces jefe del Ejército, permaneció al frente de las Fuerzas Armadas durante el proceso también llamado «transición». Es difícil imaginar en Venezuela un Gobierno de distinto signo político al existente donde coexista una figura de la actual oposición y un general que pertenezca al corazón del madurismo. ¿Sería una imposición de Trump?
El modelo español también provoca ruido al menos por ahora porque supone negociaciones entre fuerzas contrarias que nunca han dado resultados en Venezuela a partir de la medición de Noruega, México y el Vaticano. La casuística deviene en un punto inaplicable para pensar a un país post-Maduro. Aunque la palabra «transición» suene en foros y ruedas de prensa, no parece explicar demasiado cuando se está por cumplir un mes de la salida de Maduro del Palacio de Miraflores. Mientras se le trata de encontrar su aplicación o un sentido diferente, gobierna Rodríguez, celosamente vigilada desde Washington.
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