Un año después de que la falta de acuerdo entre los bloques conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial retrasara la designación de un puesto clave en el Tribunal Supremo, como era la Presidencia de su Sala de lo Penal — un asunto que no se resolvió hasta julio de 2025, y por la renuncia de las candidatas progresistas– el órgano de gobierno de los jueces parece encontrarse en riesgo de repetir el bloqueo y los vetos cruzados para designar un nuevo magistrado o magistrada para esta Sala, clave en la investigación y enjuiciamiento de asuntos relacionados con la corrupción.
Se trata de adjudicar una plaza del turno de juristas, para lo que la Comisión de Calificación incluyó la pasada semana en la terna sobre la que se tendrá que llegar a un acuerdo a un total de 12 aspirantes, ya que únicamente se ha retirado a dos de ellos del total que se presentó al puesto tras las entrevistas presenciales. El acuerdo es obligado teniendo en cuenta que, en principio, cada sector cuenta con diez vocales, si bien hay que sumar a la presidenta, Isabel Perelló, que puede deshacer un empate.
Las negociaciones entre los diferentes sectores del Consejo aún no se han iniciado formalmente, pero algunos vocales progresistas ya han alertado de que habrá problemas para llegar a un acuerdo a cuenta del señalamiento público de una de las candidatas preferidas de este sector, la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo. Tampoco gusta al grupo de los vocales designados a propuesta del PP María de la Paz Lloria, catedrática de Penal de la Universidad de Valencia y experta en menores, perspectiva de género y derecho penitenciario, por buscarse un perfil más amplio.
Asesora de Sánchez
Fuentes de este grupo consultadas por EL PERIÓDICO apuntan a una filtración que viene dando pábulo a que Bacigalupo sería la candidata favorita de Moncloa, siendo además cuñada de la vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra Teresa Ribera y habiendo asesorado al Gobierno de Sánchez. Según los progresistas, existe el riesgo de que vuelvan reeditarse los vetos que originaron una situación de bloqueo en anteriores nombramientos, mientras que desde el desde el sector conservador niegan ser el origen de esas informaciones y les restan importancia, argumentando que las negociaciones no han comenzado y todo está por hablar.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló Doménech / Alberto Ortega – Europa Press
Por ello, no es previsible que la designación de este puesto vaya a llevarse al Pleno del Consejo que se celebrará el próximo miércoles, 28 de enero, donde sí van otras plazas de fácil asignación, al ser de candidato único. Lo ocurrido tras la Comisión de Calificación, no obstante, es observado por el sector progresista como una manera de allanar el terreno, pues señalar a quien no gusta ya supone una fijación de posiciones. Las reuniones para hablar sobre esta plaza vacante en el Supremo comenzarán a celebrarse esta semana.
Según las fuentes consultadas por este diario, parece haber muchas papeletas para que el nuevo magistrado del Tribunal Supremo proceda del mundo académico, dado el nivel técnico de varios catedráticos que se han presentado y cuya solvencia es destacada desde todos los sectores. En todo caso, cada uno tiene a sus candidatos preferidos, porque mientras que desde el sector conservador se destaca a Julio Banacloche (de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid) y Alicia Gil (de Penal en la UNED); los progresistas apuntan la capacidad de Bacigalupo como excelente candidata.
Hay mucho y bueno donde elegir, pues desde los vocales designados por el PP también se apunta a la capacidad de Norberto Javier de la Mata, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, a quien se describe como «jurista muy potente»; y a los fiscales Luis María Uriarte y Guillermo García-Panasco.
Perspectiva de género
Otras fuentes destacan que desde la propia Sala de lo Penal, los magistrados están solicitando un perfil académico y tener también en cuenta la perspectiva de género, lo que iría a favor de las mujeres catedráticas. También hay vocales que rechazan que el Supremo deba imponer un perfil al órgano de gobierno de los jueces, por lo que todo parece estar abierto con respecto a esta plaza clave en la Sala de lo Penal del Supremo, que a día de hoy instruye, entre otros, la trama Koldo-Ábalos Cerdán –que juzgará en abril la pieza principal contra el exministro– y también los procedimientos abiertos contra el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Luis ‘Alvise’ Pérez.
José Luis Ábalos y Santos Cerdán / EPDATA
Además de los ya citados, completan la terna designada por la Comisión de Calificación la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Alicante María del Mar Carrasco; el fiscal actualmente destinado como letrado del Tribunal Constitucional; María del Carmen Marina Juanatey, también de la Universidad de Alicante; y el abogado, profesor y experto en justicia universal Manuel Ollé.
Completan la lista el catedrático de Penal y magistrado en excedencia de la Universidad Abat Oliva-CEU Carlos José Pérez de Valle; y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Jesús María Santos Vijande. Han quedado fuera de la terna el juez sustituto Alejandro Andrés Martín y el abogado Francisco Javier Verdú.
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