Medio centenar de migrantes, en su mayoría procedentes del África subsahariana, consiguieron un empleo el año pasado gracias a un programa de la Fundación Canaria Buen Samaritano. Uno de los tantos cometidos de esta entidad, ubicada en el santacrucero barrio de Añaza, es acoger en sus 14 hogares a 160 chicos en riesgo de exclusión social y acompañarles en sus primeros pasos, desde que llegan e intentan tramitar sus papeles hasta que se insertan en el mercado laboral y se independizan. En palabras del presidente y fundador del proyecto, José Félix Hernández -conocido popularmente como padre Pepe-, estos jóvenes enfrentan procesos muy costosos, no solo desde la parte económica, sino también por el estigma social que arrastran.
Detrás de cada migrante que encuentra un empleo hay todo un engranaje en el que no puede fallar ninguna pieza. Muchos de ellos ni siquiera podrían plantearse iniciar todo este camino sin el apoyo de asociaciones como esta y, a su vez, estos espacios altruistas no podrían prestar sus servicios sin el impulso financiero de las administraciones públicas.
El Buen Samaritano, en concreto, ha tenido que bajar el ritmo porque se ha topado con una barrera: se encuentra saturado. “Tenemos una lista de espera con más de veinte chicos que viven en la calle y a mí me duele muchísimo, siempre estamos abiertos a ampliar, pero para ello tenemos que tener los recursos”, defendió el padre Pepe frente a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado. Precisamente, la representante del Ejecutivo visitó este martes la fundación para conocer los proyectos que desarrollan y para escuchar sus demandas.
Intención de ampliar su labor
El presidente aprovechó la ocasión para exigir más recursos, tanto económicos como materiales, para que la asociación pueda llegar a más personas vulnerables. “Hay que pagar el agua, la luz, llevar a los chicos a Madrid para que arreglen sus pasaportes y un largo etcétera de gastos, si contamos con más recursos no tendremos problemas, pero sin ese apoyo no podremos ampliar nuestros programas”, advirtió. Delgado -que, según Pepe, venía “con los deberes hechos”- no solo se comprometió a atender esta petición, con más presupuesto procedente de fondos europeos, sino que además apuntó que la ayuda vendría con carácter retroactivo.
La entidad cuenta con un gabinete jurídico, una cuestión que les permite asegurarse de que los papeles están completamente en regla. De los más de 50 jóvenes que salen cada año al mercado laboral, la mayoría termina en el sector primario, en la construcción, en la hostelería o en algún almacén. “Corren muchos bulos de que vienen a delinquir o a quitarnos el trabajo, pero la realidad es que el mercado laboral los absorbe y que además realizan una tarea maravillosa en el campo, donde ellos desean trabajar”, subrayó Hernández. Asimismo, añadió que el feedback que les devuelven las empresas es “muy positivo”.
Reunión con Senegal
La pasada semana, la consejera mantuvo una reunión con el cónsul de Senegal para intentar trasladar la embajada al Archipiélago, para evitar que todos estos jóvenes tengan que trasladarse a Madrid para realizar cualquier trámite burocrático, como la expedición del pasaporte. Estos viajes, según el representante de la Fundación, suponen un importante desembolso económico, ya que a lo que cuestan los propios trámites hay que sumar otros gastos como los billetes, sin descuento de residente. “Todo esto es una dificultad para nosotros, vamos solventando gracias a la colaboración de mucha gente que ayuda de manera desinteresada”, resaltó.
Suscríbete para seguir leyendo
